Si hay algo que decirle con certeza al presidente Mauricio Macri en ocasión de su primera visita hoy a nuestro país, es que se ha acabado la paciencia del pueblo paraguayo en cuanto a seguir tolerando la flagrante violación del Tratado de Yacyretá por parte de la Argentina. Que por más hábiles que hayan podido ser sus antecesores en el Gobierno para aprovecharse de la venalidad de los nuestros para avanzar indebidamente sus intereses, esta es la hora en que los paraguayos ya no están dispuestos a admitir que la Argentina continúe manejando la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) desconociendo el Tratado firmado hace casi medio siglo.
La nación paraguaya tiene credencial de dignidad y patriotismo para reclamar respeto a sus legítimos intereses. Por la vía del entendimiento y la vocación de hermandad entre naciones limítrofes, más allá de su condición geopolítica de socio indispensable en las usinas hidroeléctricas binacionales asentadas sobre ambas márgenes del río Paraná, el Paraguay tiene el derecho de reclamar el fiel cumplimiento de los tratados concertados para la explotación de un recurso natural igualitariamente compartido, como son las aguas del caudaloso río limítrofe.
Reconocemos el derecho que puede tener el país vecino de poner primero su propio interés en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), pero, al mismo tiempo, reclamamos que la Argentina respete nuestros intereses cumpliendo el Tratado. Desafortunadamente, eso no se ha dado en la EBY, por lo que consideramos llegada la hora de que se pongan las cosas en su lugar, arreglando las cuentas de conformidad con lo establecido con toda claridad en el Tratado.
Tramposamente, desde el inicio de los trabajos preliminares para la construcción de la represa, los Gobiernos que se han sucedido en la Argentina con el correr del tiempo se han arrogado la facultad de violar impunemente el Tratado, al tiempo de tratar de imponer al Paraguay la aceptación lisa y llana de los hechos consumados, y de esa forma invalidar las cláusulas del mismo.
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La primera medida violatoria ya se dio en el inicio de los trabajos topográficos para la localización de la traza de la presa en 1979, cuando el entonces presidente de la Junta Militar argentina, general Jorge Rafael Videla, firmó el Decreto N° 3450, por el que, arteramente, en forma arbitraria ese dictador convirtió los “aportes” del Tesoro destinados a la construcción de la represa en “préstamos”. En forma concomitante, siete años más tarde, en 1986, el presidente Raúl Alfonsín firmó el Decreto N° 612 por el cual –siempre unilateralmente– el Gobierno argentino “de prepo” aplicó “intereses” a dichos aportes, ya devenidos “préstamos” por el decreto anterior.
Tras el golpe militar que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, el presidente Alfonsín aprovechó la ocasión para convencer al presidente general Andrés Rodríguez de firmar la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, que virtualmente cancelaba la vigencia del Tratado de Yacyretá, revalidando todo lo actuado ilegal y unilateralmente por el Gobierno argentino con relación a los aportes financieros previstos en el Tratado para la construcción de la represa. Por suerte para el país, ese nefasto acuerdo fue rechazado por el Congreso paraguayo, deviniendo nulo ante la ley internacional. Pese a ello, la Argentina lo puso en vigencia hasta hoy, con la increíble complicidad de los Gobiernos paraguayos de turno, incluido el actual.
Ya bajo los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y de Néstor Kirchner –siendo director de la EBY quien actualmente lo es de nuevo, el ingeniero Ángel María Recalde–, ambos mandatarios convinieron un leonino acuerdo bilateral caratulado “Preacuerdo Técnico”, por el que el Gobierno paraguayo reconocía y aceptaba todo lo actuado unilateralmente hasta entonces por el Gobierno argentino, incluidos los alcances de la NR/92. Afortunadamente, el Senado otra vez salvó a la nación, negándose a aprobar el acuerdo, por lo que el presidente Duarte Frutos se apresuró en retirarlo antes de su rechazo formal. A pesar de ese contratiempo, no por eso terminó la obstinada porfía argentina para violentar el Tratado.
Tras la asunción del presidente Horacio Cartes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en vez de iniciar la revisión de las cuentas de la entidad de conformidad con la métrica establecida en el Anexo C, taimadamente logró convencer al inepto Mandatario paraguayo de que, en vez de eso, se suscriba la Nota Reversal NR 6/14, sustitutiva del Anexo A del Tratado, relativa a la cogestión paritaria en el manejo de la EBY.
Por la misma, se faculta privativamente a cada director ejecutivo, de una y otra margen, a entender en el arreglo de las cuentas de la entidad relativas a los aportes financieros para la construcción de la usina, así como en la posterior comercialización de la electricidad producida en la misma, cada uno en su respectivo país. Como los aportes provinieron del Tesoro argentino y más del 85 por ciento de la electricidad se lleva ese país, virtualmente el arreglo de las cuentas de la entidad quedaría, otra vez, a cargo del director ejecutivo argentino, debiendo el paraguayo contentarse con la rendición que aquel le proporcione. Una Nota Reversal entreguista a más no poder. En la práctica, se trata de una encubierta legalización de las arbitrariedades en el manejo de la usina por parte de las autoridades argentinas.
Así las cosas, el pueblo paraguayo exige que el Estado argentino cumpla el Tratado vigente con nuestro país. Para el efecto, nuestro Gobierno tiene el as de espadas en sus manos: las obras pendientes de ejecución, como las represas de Aña Cua y Corpus, que son de alto interés argentino, pero que nunca deben iniciarse mientras los derechos del Paraguay en Yacyretá no sean reconocidos como corresponde.
Por consiguiente, esta visita del presidente Macri puede ser histórica si es que en su conversación privada con el presidente Horacio Cartes se aviene, como corresponde, a sanear las cuentas de la EBY, acertadamente calificada como “monumento a la corrupción” por su antecesor Carlos Saúl Menem.