En una reunión de prensa convocada por organizaciones empresariales, el representante de los empleadores en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Miguel Ángel Doldán, tuvo a bien informar ayer a la ciudadanía que se abstuvo de votar en la sesión en que se resolvió adjudicar contratos por un valor total de 140.000 millones de guaraníes a dos empresas del famoso exdiputado José Chamorro, cuestionado acaparador de licitaciones en esa y otras instituciones del Estado y denunciado por incumplimiento de leyes laborales.
Lo hizo luego del escándalo que estalló a comienzos de esta semana tras publicaciones de este diario sobre la licitación y el presunto intento de soborno a nuestro periodista Juan Carlos Lezcano, para que bajara el tenor de sus publicaciones sobre las empresas de Chamorro, que estaban a punto de firmar un nuevo contrato con el IPS. A raíz de las sospechosas aristas del negocio a punto de consumarse, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “ordenó” suspender la licitación direccionada que, por lo demás, conllevaba un sobreprecio, porque el operativo licitatorio no debía estar “bajo sospechas en ninguna circunstancia, bajo ningún proceso turbio que pueda existir”, según informó Armando Rodríguez, titular del IPS. Este reconoció unos días antes que el vomitivo asunto ya estaba cocinado: “Hace como quince días se evaluó; la semana pasada, el Consejo (de Administración del IPS) decidió adjudicar”.
En un editorial publicado ayer por nuestro diario, bajo el título de “Desbaratar las roscas mafiosas del IPS”, cuestionábamos el irrelevante papel que cumplen los representantes de los empleadores, de los trabajadores y de los jubilados en el Consejo de Administración para evitar que continúen las corruptelas en contra del dinero de los aportantes. Para conocimiento de nuestros lectores volvemos a citar los nombres de tales consejeros: por el sector público, Edsel González (Ministerio de Salud Pública) y Julio César Velázquez (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social); por el sector privado, Miguel Ángel Doldán (empleadores), Juan Torales (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados).
En nuestro editorial abogamos porque terminen las “roscas mafiosas” en la entidad previsional. ¿Quién puede negar, a esta altura, que desde antaño existen roscas que desvalijan las arcas del IPS? En ningún caso afirmamos que en ellas figuren los empresarios representados por el señor Doldán, pero sí cuestionamos la actitud débil y sumisa de los consejeros, muy bien remunerados, bajo cuyas narices se cocinan los negociados. Está muy bien que la Feprinco haya afirmado ayer que su representante no prestó su acuerdo a la licitación. Por su parte, este último aclaró que “no avaló” el resultado de la misma y que “se abstuvo de votar”. Pero nos preguntamos si eso fue suficiente frente a la magnitud del negociado en marcha y los negros antecedentes de los ganadores de la licitación. ¿No le llamó la atención al consejero Doldán que las empresas de Chamorro fueran ya denunciadas por no pagar el seguro social que descuenta del salario de sus trabajadores?
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Y, lo que es más importante aún, ¿no le preocupó que, con su abstinencia, igual se estaba consumando un negocio de olor nauseabundo, que tendrá todos los vicios de legalidad porque fue aprobado en el Consejo de Administración? El señor Doldán podrá responder que esas son las reglas, pero, ¿no le remuerde la conciencia no haber sido mucho más firme, inclusive formulando públicamente sus objeciones, para no quedar pegado –y detrás suyo el empresariado– a algo que aparenta uno de los tantos “fatos” que involucran el dinero de los contribuyentes, o de los aportantes, en este caso?
Es obvio que si las notas del periodista Lezcano no hubieran sido publicadas, el jefe del Poder Ejecutivo no habría impartido la orden y la corruptela se habría consumado. También resulta claro, por supuesto, que ni los empleadores ni su representante habrían dicho nada y todo habría quedado entre las cuatro paredes de la sala de sesiones del Consejo de Administración. Se tomaron su tiempo para tratar de deslindar responsabilidades, aparentemente agraviados por un par de editoriales.
Evidentemente, como señalamos, el representante de los empleadores no sospechó nada ni percibió algo turbio. Recién ahora se sabe que se limitó a lavarse las manos, porque no estaba seguro de ciertos “aspectos técnicos” y no precisamente económicos, razón por la cual habría pedido informes.
Está en marcha una rebelión ciudadana contra la corrupción, apoyada por la prensa y muchos sectores de la sociedad. ¡Qué bueno sería que a esta patriada se sume también, con toda firmeza, el sector empresarial, para extirpar de nuestro país la anquilosada y perjudicial corrupción!