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Hasta noviembre último, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social adeudaba a los proveedores de fármacos unos 400.200 millones de guaraníes y a los de equipos médicos e insumos unos 46.400 millones. Por lo tanto, algunos de sus acreedores dejaron de cumplir con sus respectivas obligaciones contractuales, con el resultado de que en la semana pasada varios pacientes abandonaron su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer por falta de remedios.
Se trata de un lamentable ejemplo de la tremenda irresponsabilidad con que se maneja la salud pública. La Ley de Contrataciones Públicas prohíbe al ministerio comprometerse a pago alguno que no esté previsto en el Presupuesto General de la Nación, y solo le permite realizar compras cuando tiene un saldo disponible en la partida presupuestaria, salvo autorización previa del Ministerio de Hacienda. El hecho de que se haya acumulado una deuda de tanta magnitud puede atribuirse a que la ley fue violada o a que se retienen los pagos para forzar la posibilidad de una coima. Si, una vez celebrado el contrato y proveídos los primeros bienes, el ministerio hubiera carecido de suficiente disponibilidad presupuestaria para efectuar nuevos pagos, tenía la facultad legal de suspender el contrato o de modificarlo unilateralmente para reducir los abastecimientos. Lo que no debió hacer fue seguir obligándose e incumplir con su compromiso de pago, incurriendo en una mora que, cuando supera los sesenta días, permite a los proveedores solicitar la suspensión del contrato o darlo por terminado.
Por su parte, los proveedores tuvieron que haber tomado una de esas medidas desde el primer momento en que el ministerio incurrió en mora, en vez de tolerarla durante tanto tiempo y permitir así que se acumulara una deuda de enormes proporciones. Ahora se niegan a efectuar las nuevas provisiones, recurriendo a un procedimiento que puede calificarse de extorsivo, en perjuicio no tanto de las autoridades ministeriales, sino de los enfermos que necesitan ser tratados.
El hecho de que se haya llegado a esta vergonzosa situación indica que la salud pública debe ser mucho mejor atendida también desde el punto de vista administrativo. Si el Ministerio de Hacienda cortó ciertas partidas que estaban previsionadas porque la falta de suficientes ingresos impositivos lo exigía, tenía que haber efectuado los recortes en otras áreas y no justamente en una de la que tanto depende la calidad de vida de la población.
Abundan los gastos superfluos, también en el ministerio dirigido por el doctor Antonio Barrios, como para que, de serlo necesario por falta de fondos, se les retaceen a los pacientes medicamentos o equipos para ser atendidos como corresponde. Este bochornoso asunto habla mucho de la pésima gestión gubernativa respecto de la salud pública, que ahora mismo se está tratando de camuflar mediante inauguraciones de obras inconclusas o ya realizadas con anterioridad. Se está jugando con la salud de la gente por culpa de la incompetencia y de la corrupción administrativas.
La población debe reclamar con fuerza cada vez que, por cualquier motivo, falten medicamentos, insumos o equipos en los centros sanitarios, exigiendo que el Estado proteja y promueva la salud “como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, como manda la Constitución.