Senadores buscan salvar a Bacchetta a toda costa

El “ñembotavy” es un deporte frecuentemente practicado entre nuestros políticos para sacarse de encima, con cualquier pretexto, un problema urticante, en vez de buscarle la solución más conveniente. Eso mismo está ocurriendo ahora en el Senado con el caso de la descalificadora pifiada del senador Enrique Bacchetta (ANR), quien representa a ese órgano legislativo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del que es nada menos que presidente. Y con uno de los tantos pretextos, el de que si Bacchetta es privado de esa representación sus posibles reemplazantes –Javier Zacarías Irún (ANR) o Blas Llano (PLRA)– serán iguales o peores, los senadores le ponen paños fríos al tema para que Bacchetta continúe tranquilamente en el cargo que indignamente ocupa, ya que él no da señales de tener una pizca de decencia para renunciar, esperando que el tiempo haga olvidar el episodio. Pero, contrariamente a la escasa dignidad de los senadores, probablemente un valiente y perseverante grupo les estará golpeando por mucho tiempo la conciencia: los escrachadores, la ciudadanía movilizada.

De la peligrosa moraleja de que no es conveniente substituir a un impresentable por otro, parece deducirse que los sinvergüenzas estarían reasegurados si sus respectivos suplentes fueran de igual o peor calaña que la suya. Es decir, podrían seguir cometiendo barbaridades con el fin de evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Semejante chantaje sería intolerable. Quien incurre en una o más causales de remoción, previstas en la Carta Magna y en las leyes, no debe seguir profanando el cargo. Es lo que exigen la moral y el Derecho.

Dice el art. 4° de la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados: “Los miembros del Jurado designados por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de la Magistratura quedan sujetos al juicio político en caso de la comisión de delitos o mal desempeño de funciones. Cuando se tratare de los senadores y diputados que integran dicho cuerpo, estos quedan sujetos al procedimiento previsto en los artículos 190 y 191 de la Constitución Nacional”. Más claro, agua. La norma tiene un carácter reglado en doble sentido: los miembros del Jurado solo pueden ser destituidos si cometen delitos o desempeñan mal sus funciones, y el procedimiento a seguir es el previsto en las normas constitucionales citadas. Si Bacchetta cometió un delito o intervino abierta o solapadamente en una causa penal, tiene que ser apartado del cargo.

La ley no puede ser ignorada con la excusa de que el eventual sucesor del sancionado es otro impresentable. Habrá que ver cómo se comporta quien en un órgano colegiado reemplaza al miembro titular indigno: si resulta que él también hace méritos para perder el cargo, tendrá que perderlo, porque así lo mandan la Constitución o la ley, pero sus antecedentes no lo inhabilitan de entrada. Aunque duela decirlo, Javier Zacarías Irún tiene hasta hoy derecho a integrar el JEM si su colega Bacchetta es forzado a abandonarlo. Así lo decidieron los senadores al elegirlo como primer representante suplente. Mal que le pese a la opinión pública, si el diputado Ulises Quintana (ANR) perdiera su investidura, tendría que ser sustituido por Rocío Abed, esposa de su colega Justo Zacarías Irún (ANR). Así lo decidieron los ciudadanos del Alto Paraná –“listas sábana” mediante– al elegirla como primera diputada suplente.

Es inadmisible sostener a Bacchetta con el “cháke” de que el jefe del repudiado clan esteño se pondría a juzgar a magistrados y a agentes fiscales. Después de todo, el hoy “parlasuriano” Enzo Cardozo participó en la integración de las ternas de candidatos, como miembro del Consejo de la Magistratura, mientras estaba siendo procesado por la comisión de dos hechos punibles de lesión de confianza. Lo que corresponde, en todo caso, es que también los reemplazantes, si su conducta lo amerita, vayan siendo apartados de tan importantes cargos, a fin de ir higienizando la función pública.

Situaciones como estas ponen en serio entredicho la intención de los senadores y diputados, porque la experiencia muestra que fueron ubicando en los cargos que los representan a gente de la peor ralea. Recuérdese, en tal sentido, que el entonces diputado Bernardo Villalba (ANR) fue designado por sus pares, en 2014, como integrante de una Comisión Nacional para la Reforma del Poder Judicial, poco después de que una comisión senatorial lo incluyera entre algunos legisladores sospechados de tener vínculos con el narcotráfico. Parecería que los legisladores actúan a propósito y de espaldas al interés ciudadano, como se reveló en la ocasión, a través de los comentarios en las redes sociales.

El país ya está curado de espanto y sabe, conociendo a sus representantes, que no hay mucho de dónde escoger. Por eso mismo también, bien puede suponerse que existen motivos inconfesables para mantener en el cargo a quien abusó de él, como en el caso de la vigencia del pacto carto-abdo-llanista que llevó al senador Silvio Ovelar (ANR), comprador de votos en elecciones nacionales, a presidir la Cámara Alta.

La remoción o la continuidad de Enrique Bacchetta en el JEM no implica una medida “política”, ajena a consideraciones éticas y jurídicas. Tampoco lo fue la pérdida de investidura de Óscar González Daher (ANR), ni lo sería la del diputado Carlos Portillo (PLRA), para no ir más lejos. Lo que pasa es que los criterios politiqueros suelen primar sobre el interés nacional, que es lo único que puede estar salvando ahora al titular del JEM. La politiquería en su máxima expresión. La intervención indebida en un juicio y la amenaza apenas velada dirigida a jueces y fiscales son cuestiones demasiado graves como para pasarlas por alto. Si se aplicara el “ñembotavy” por la simple razón de que otro sinvergüenza podría ocupar su puesto, la decencia sucumbiría definitivamente ante una miserable extorsión autoinfligida. Los ciudadanos y las ciudadanas ya no lo deben permitir.