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En el festejo del aniversario de la fundación del Partido Colorado realizado en Capiatá el pasado viernes 9 de setiembre, el presidente Horacio Cartes respondió, a quienes pedían su reelección, señalando que “algunos representantes del pueblo” se oponían a esa posibilidad, pero que “hay que obedecer, porque así es la democracia”. Aludió a la decisión del Senado del 25 de agosto último, por la que rechazó por mayoría un proyecto de enmienda constitucional, lo que también excluiría de hecho la vía de la reforma, por razones de tiempo. Es de desear que con esas palabras el Jefe de Estado haya puesto punto final, de una vez por todas, a las especulaciones en torno a las pretendidas enmienda o reforma de la Constitución para que él pueda ser reelecto, y que tanto tiempo distraen a la política y a la administración del Estado.
Es digno de aplauso que el presidente Cartes haya invocado la necesidad de respetar las reglas del ordenamiento jurídico para terminar con las conjeturas que poco antes habían sido alentadas, entre otros, por los ministros Diógenes Martínez, Juan Carlos Baruja, Antonio Barrios y Enrique Riera en sendos discursos pronunciados en actos oficiales, en presencia del Primer Mandatario.
Pero más importante aún fue la frase “vamos a trabajar” que pronunció el presidente Cartes, ya que eso es lo que necesita imperiosamente nuestro país, en vez de las rencillas políticas que desgastan a personas e instituciones. Porque sería muy bien apreciado que, en el futuro, el Primer Mandatario se ocupara exclusivamente de sus funciones, en vez de actuar, por ejemplo, como operador político de un sector de su partido, como ocurrió en las últimas elecciones internas partidarias, de las que su figura salió bastante deteriorada.
Los graves problemas de la salud y de la educación públicas, así como la pobreza, la corrupción y la inseguridad, entre otras cuestiones de interés general, demandan toda la atención de quien ejerce el Poder Ejecutivo. Con toda seguridad, no podrán ser solucionados para el 2018, año en que termina el actual periodo presidencial, pero si el Primer Mandatario y sus colaboradores pusieran desde ahora todos sus afanes en el cumplimiento de su deber en vez de desgastarse en la baja política, es previsible que muchos problemas se habrán solucionado o disminuido sustancialmente para entonces.
La experiencia en muchos países indica que el periodo presidencial de cinco años es suficiente para hacer muchas cosas, siempre que haya idoneidad, honestidad y dinamismo, cualidades que nuestro Gobierno debe esforzarse por demostrar en los años venideros. Asimismo, tenemos palpables ejemplos –Argentina, Brasil, Venezuela, entre otros países– en que la reelección ha tenido efectos desastrosos, devastadores, cuando sus gobernantes se dedican a practicar el populismo con el dinero de los contribuyentes, y caen en la corrupción y el clientelismo.
En febrero último, el presidente Cartes expresó que deshonraría el compromiso que asumió si gastara su tiempo en hablar de la reelección. Pero posteriormente fue cambiando de idea ante un supuesto “reclamo del pueblo”, que no es más que barullo realizado por algunos caudillejos con su clientela política –un bichito que también les picó a la mayoría de sus antecesores–, y comenzó a dar alas a quienes impulsaban el “rekutu”, cuya posibilidad legal fue truncada en el Congreso por disidentes de su propio partido.
Al respecto, nuestro diario se ha venido oponiendo a las periódicas e interesadas campañas en pro de la reelección presidencial, independientemente del juicio que le merezca el desempeño del gobernante de turno. En efecto, como sostuvimos en nuestro editorial del 22 de abril de 2015, el principio de la no reelección, establecido en 1992, tras el “vitaliciado” impuesto durante la dictadura de Alfredo Stroessner, es una de las disposiciones que más han favorecido la consolidación y el avance de nuestro sistema democrático. Su derogación, como se ha venido pretendiendo, en las actuales circunstancias hubiera implicado un grave retroceso político, por lo que el presidente Cartes le ha prestado un buen servicio a la ciudadanía al dar un carpetazo en Capiatá a esa cuestión, que fue tan inoportuna y perjudicial también bajo los gobiernos de Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.
Los chupamedias, de uno u otro color, tienen el hábito de promover un cambio de las reglas del juego vigentes inmediatamente después del triunfo electoral de su adalid, de modo que es de suponer que la historia se repetirá a más tardar dentro de tres años.
Entretanto, el panorama político se ha clarificado bastante al disiparse las dudas actuales generadas desde el propio entorno presidencial. Ahora es de esperar que los ministros y los altos funcionarios acompañen al presidente Cartes en su trabajo, para que también ellos puedan decir al término de su gestión que se han esforzado por hacer un buen papel, sin desatender sus funciones ni sucumbir a la tentación de desviar recursos de cara a las elecciones internas y a las generales de 2018.
La consigna de “trabajar” es mucho más útil para los paraguayos que el afán de mantenerse en el poder gracias a artimañas de la politiquería y la utilización de recursos del Estado. Lo mismo cabe esperar de los parlamentarios, especialmente de los colorados, que, en vez de ponerse a disposición del Poder Ejecutivo para lo que hubiere lugar, deben legislar en beneficio del país.
El Paraguay agradecerá que el presidente Cartes y sus colaboradores se aboquen a partir de ahora a “gobernar”, que es para lo que fueron elegidos. Que el actual mandatario le entregue la banda presidencial con toda normalidad –sea quien sea y del partido que fuera– a la persona que lo sustituya democráticamente, así como ha venido sucediendo tras la caída de la dictadura.