El exsenador Óscar González Daher, expulsado de la Cámara Alta por haber traficado influencias siendo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hoy imputado penalmente por ese delito, por el de soborno y por el de asociación criminal, ya está dando muestras de seguir los pasos de su excolega Víctor Bogado (ANR) y otros chicaneros empedernidos. En efecto, está recurriendo a artimañas dilatorias trabando las primeras actuaciones en el caso de sus repulsivas maniobras en causas judiciales ajenas. De entrada, quiso que fuera anulada el acta de imputación fiscal, pretensión que fue denegada tanto en primera como en segunda instancias.
Prosiguiendo con las chicanas, su abogada, Sara Parquet, recusó a la jueza Lici Teresita Sánchez por odio, enemistad y resentimiento mutuo. La afectada pidió primero al Tribunal de Apelación el rechazo de la recusación, pero luego se inhibió de entender en la causa al recordar, de repente, que como presidente del Jurado el luqueño le habría dado “un trato deferencial” (sic), siendo de “gente buena” reconocerlo.
También acaba de inhibirse la jueza Rosario Montanía de Bassani, porque tanto ella como su familia mantendrían con la del imputado una larga relación de amistad. Ahora se inhibió el juez Rubén Riquelme, alegando haber sido mencionado en los audios. Esperemos que el sucesor o la sucesora no recuerde algún “favorcito” del exsenador, y por fin se atreva a llamarle para la audiencia de imposición de medidas.
Si ya en esta etapa inicial se obstaculizan las actuaciones judiciales con pretextos diversos, ya se puede uno imaginar lo que ocurrirá cuando haya que convocar a una audiencia preliminar. La apertura del juicio oral y público en el proceso relacionado con el tráfico de influencias puede demorarse por años, tal como está ocurriendo, gracias a la condescendencia judicial, en los casos del senador Víctor Bogado (ANR), de los hoy parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré, ambos liberales, así como del contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas (ANR), entre otros. Sus causas siguen trabadas debido a arteras maniobras disfrazadas del ejercicio del derecho a la defensa, toleradas por la magistratura.
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Lo mismo podría ocurrir en la causa pendiente por enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y lavado de dinero, pues el clan liderado por González Daher movió durante cinco años más de ocho billones de guaraníes de origen ignorado o sin sustento, según la Seprelad. Sobre este punto, acaba de pronunciarse la Contraloría General de la República –liderada por el también imputado Enrique García–, exculpando insólitamente al exsenador del delito de enriquecimiento ilícito porque, a su criterio, ¡existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos! El dictamen, que hace suyas las conclusiones del perito propuesto por González Daher, sostiene que no le pertenecen las propiedades que están a nombre de la inmobiliaria “pantalla” Príncipe de Savoia, de la cual es accionista, que solo posee una camioneta modelo 2012 y que, tal como afirma este pobre señor, su principal ingreso era la dieta que percibía como senador. No se hace referencia alguna al informe de la Seprelad, que dice haber entregado todos los documentos pertinentes al Ministerio Público, que sigue sin imputar a quien se vio forzado a renunciar a su investidura hace casi un mes, debido a la indignación popular. Dados los antecedentes, González Daher puede confiar en que seguirá impune durante mucho tiempo, pero al menos ya tuvo el deshonor de ser expulsado, en diciembre de 2017, de la Cámara que mancillaba.
Por su parte, el impresentable diputado Carlos Portillo solo ha sido desaforado tras haber sido imputado por los delitos de cohecho pasivo agravado, asociación criminal y tráfico de influencias para lograr una sentencia favorable. Con elementos acumulados en su contra, si la Cámara hubiera deseado enviar a la ciudadanía un mensaje de regeneración, debió privarlo de su investidura. Pero parece que allí existen numerosos chanchos del mismo chiquero, de todos los partidos. En efecto, ya dejaron sin quorum una sesión plenaria en la que presuntamente se iba a tratar la expulsión de Portillo; ahora los líderes de bancada acogieron una propuesta de reglamentación del procedimiento de pérdida de investidura, presentada por la del Partido Patria Querida, con el pretexto de que ella es necesaria. Los senadores, sin embargo, no la necesitaron para librarse del exsenador González Daher, a quien se le dio el derecho a la defensa.
De nuevo se están buscando pretextos para amparar a los sinvergüenzas, tanto en la Justicia como en el Poder Legislativo. Una vez más, se le debe dar la razón a Portillo, quien muy suelto de cuerpo había afirmado que “jamás” puede compararse a los legisladores con “ciudadanos comunes”. Incluso, por lo visto, a quienes lo fueron.
En suma, los dos Poderes del Estado referidos continúan nadando en el fango, sin dar muestras de redimirse de la corrupción que campea en ellos.