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Es bien sabido que los propios órganos del Poder Ejecutivo suelen pedir al Congreso un aumento de sus respectivos fondos previstos en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, pese a que el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado dice que las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo “se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”. Menos conocido es que algo similar ocurre con los ministros que puentean al colega encargado del equilibrio presupuestario y del cumplimiento del Plan de Ejecución del Presupuesto. En efecto, los funcionarios recurren directamente a sus padrinos parlamentarios para obtener mejoras salariales, como se ha visto en el escándalo suscitado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Increíblemente, estas graves faltas no merecieron ninguna sanción para los funcionarios infractores que desconocieron flagrantemente la mencionada norma.
Este bochornoso caso de doble ninguneo revela cuán degradado está el principio de autoridad en el aparato estatal. La administración pública tiene una estructura jerárquica diseñada en las leyes orgánicas y en sus reglamentos, cuya fiel observancia es un requisito indispensable para su buen funcionamiento. Hay líneas de mando que deben ser atendidas por razones de disciplina y eficiencia, para que no reine un caos en el que cada uno busque atajos para acelerar o trabar decisiones u obtener réditos personales. Es obvio que si los funcionarios desean ganar más tienen que formular un pedido al jefe máximo del órgano que integran para que este, eventualmente, lo incluya en el anteproyecto presupuestario, respetando los lineamientos y montos globales que fije el Poder Ejecutivo. El documento será estudiado por el Ministerio de Hacienda, al elaborar el proyecto de ley anual, en cuyo anexo de personal deberá fijar, entre otras cosas, los sueldos correspondientes a cada cargo, previo dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), según manda el art. 36 de la Ley N° 1626/00.
Nada de esto tuvieron en cuenta los 85 avivados del MAG, que llevaron a cabo una “gestión personal” ante ciertos diputados para lograr en algunos casos un aumento salarial del 100%, como lo admitió el risueño ministro Denis Lichi. En vez de indignarse por haber sido puenteado por la descarada acción de sus subordinados, agregó que, en adelante, iba a “pelear por los demás”, es decir, para que los 3.000 funcionarios reciban un aumento, sin importarle en absoluto lo que piensen el Presidente de la República y el ministro de Hacienda. Tampoco le inquietan, por supuesto, las necesidades públicas insatisfechas por falta de dinero. A su escasa autoestima se suma, pues, su indiferencia ante el interés general: lo único que le importa es tratar de mantener contentos a sus subordinados, aunque ello implique ignorar las leyes, las competencias respectivas y el orden jerárquico.
Si así actúan los burócratas y los ministros en materia presupuestaria, los legisladores no lo hacen mejor. De hecho, se prestan a tales despropósitos con el fin de fortalecer sus relaciones clientelísticas, confiando en que les serán útiles a la hora de lograr votos. Su irresponsabilidad manifiesta conduce, incluso, a que puedan llegar a sabotear así al Gobierno instalado por su propio partido. Les tiene sin cuidado su política salarial, porque solo tienen en mente comprar adhesiones con la plata de todos. No se les ocurre para nada decir a los visitantes pedigüeños, sean ministros o funcionarios, que la ley ordena que su único interlocutor en asuntos presupuestarios es el Ministerio de Hacienda. Desde luego, tampoco se les pasa por la cabeza recabar informes a la SFP, una de cuyas atribuciones es asesorar a organismos y entidades del Estado para racionalizar los escalafones y proponer criterios para formular la política de remuneración a los funcionarios, tal como se lee en el art. 96 de la Ley N° 1626.
Pero los chapuceros parlamentarios no solo se limitan a otorgar aumentos salariales violando la institucionalidad y el sentido común, sino que llegan hasta a crear cargos no solicitados por ningún órgano, para satisfacer sus necesidades populistas. Así resulta que proliferan los puestos inútiles, salvo para alimentar a miles de parásitos de los contribuyentes, que ningún servicio prestan al país.
Resulta así que la maquinaria estatal está severamente afectada no solo por la corrupción, el derroche y el prebendarismo, sino también por unas prácticas irracionales en las que se vulneran los más elementales principios de organización administrativa. De este modo, no debe descartarse que el aumento obtenido por los caraduras del MAG genere un efecto dominó que se extienda a otras instituciones, so pretexto de la igualdad salarial.
Es preciso que la corrupción en el aparato estatal sea denunciada una y otra vez, lo mismo que el dispendio y el clientelismo. Este es un campo en el que todavía no se vislumbra ninguna acción positiva del Gobierno de Mario Abdo Benítez. Es necesario poner fin al despilfarro populista del dinero de los contribuyentes.