Nada menos que 124 dirigentes sindicales de la educación pública cobran un salario mensual sin enseñar. Es que tienen licencia para realizar tareas gremiales, entre las que se cuenta la organización rutinaria de huelgas ilegales, como la que afectó hace poco a unos 500.000 estudiantes de familias de modestos recursos. De entre los docentes licenciados, 42 pertenecen a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), liderada por Carlos Parodi, el furibundo personaje que quiso emplear las aulas para arengar a los alumnos contra los partidos tradicionales. Este docente indecente cobra como profesor y director de un colegio capitalino, sin enseñar, y como director de un colegio de Villa Elisa, cerrado hace siete años. Sus salarios, que llegan a un total de más de cinco millones de guaraníes mensuales, no fueron descontados, como sí fueron descontados, al menos por quince días, los de los docentes que se plegaron al último paro ilegal. Tampoco los salarios de los demás dirigentes de la FEP fueron afectados por la medida ministerial que, desde luego, tuvo que haber alcanzado a todos los huelguistas y según todos los días no trabajados, que fueron 26.
El caso de estos privilegiados tiene que ver con la llamada licencia sindical, regulada aquí por el art. 38 de la Ley Nº 1725/01, que establece el Estatuto del Educador. Según la primera parte de esta norma, “en materia de licencia sindical para dirigentes de organizaciones gremiales (…) inscriptas ante la autoridad administrativa del trabajo y acreditadas ante el Ministerio de Educación y Cultura, regirán las disposiciones del Código del Trabajo”. Y bien, el art. 62, inc. i, de este código dice que el empleador no está obligado a retribuir a los sindicalistas licenciados para realizar las tareas indispensables en el ejercicio de sus cargos. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) indebidamente abona por año casi 1.700 millones de guaraníes a los sindicalistas de la FEP, sin estar obligado por ninguna normativa. A diferencia del empleador del sector privado, no debe remunerar a los licenciados sindicales porque, en virtud del principio de legalidad, a una entidad pública le está prohibido lo que no le ha sido autorizado expresa o implícitamente por la ley.
Una entidad pública no puede ser generosa con el dinero de los contribuyentes, como lo es el MEC al pagar a docentes que no enseñan y que se dedican a organizar huelgas ilegales. El hecho de que las sumas estén previstas en el presupuesto nacional no autoriza a pagar el salario de quien no enseña, tal como tampoco permite pagarlo a quien no trabaja durante un paro, tal como lo ha reconocido el propio ministerio al descontar los sueldos de los huelguistas. Convendría saber, por cierto, en qué normativa se fundó ese organismo para excluir de los descuentos justamente a los que llamaron al paro. Como no existe, solo cabe inferir que para ellos no rige el concepto de días no trabajados porque nunca trabajan, y que si nunca trabajan, es como si nunca hubiesen estado en huelga. Más aún, a Parodi inclusive se le debe descontar lo que ilegalmente cobró como director de un colegio cerrado. Absurdo como suena, a este despropósito conduce la situación privilegiada de los aprovechados sindicalistas de la educación pública, al margen de la ley y de la moral.
La cuestión de las retribuciones a “docentes” que no ejercen la docencia remite a que los famosos “rubros” se establecen por grados en las escuelas y por materias en los colegios, precisándose en cada caso el centro educativo. Esto significa que, como hay 124 docentes “licenciados”, pueden existir grados y materias no cubiertos o reemplazantes pagados por los sindicalistas, que serían aún menos idóneos que ellos. En el primer caso habría un engaño presupuestario, y en el segundo, un fraude educativo. Lo cierto es que hay supuestos maestros y profesores que no prestan ningún servicio a los educandos. Si los colegas creen que los servicios de los líderes sindicales son útiles para ellos, sus salarios tendrían que ser abonados con las cuotas de los miembros del sindicato. El dinero público no debe ir a parar a los bolsillos de los farsantes que no enseñan y prefieren salir a las calles antes que entrar en las aulas.
Según la ministra Marta Lafuente, ahora se estarían analizando las condiciones en que se otorgaron las licencias y el marco legal, “si es que existe”. Aunque tardía, se trata de una excelente iniciativa, que es de esperar lleve a poner fin a los pagos irregulares a gente que no trabajó e, incluso, a exigir la devolución de las sumas indebidamente cobradas. En cuanto al sindicalista Parodi, el político fracasado que ama la agitación en vez de la docencia, tiene que ser investigado por el Ministerio Público por cobrar como director de un colegio inexistente. Este caradura acaba de afirmar que con los representantes del MEC “no se puede hablar de una política educativa”. Ante tanto desparpajo, solo cabe preguntarse si su catadura moral corresponde a la de los docentes, en general. Queremos creer que no, así que esperamos que los maestros y los profesores honestos repudien a quienes, al apropiarse ilícitamente de un dinero público destinado a la educación, privan de los “rubros” que necesitan los maestros y las maestras que abnegadamente ejercen la docencia en condiciones precarias y sin contar con sueldo. Se espera, entonces, que el MEC siempre cumpla y haga cumplir la ley porque, además de ser su deber, la educación pública lo necesita desesperadamente.