El doctor Sindulfo Blanco fue destituido por el Senado del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia estando a punto de acogerse a la jubilación y a casi cuatro años de que la Cámara de Diputados haya promovido su enjuiciamiento político junto con otros dos excolegas. Los motivos de la decisión se resumen en que el mismo ejerció mal sus funciones e incurrió más de una vez en el delito de prevaricato, es decir, de violar el Derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes. El ahora sancionado no tuvo la satisfacción de salir por la puerta grande, como sí la tuvo –inmerecidamente– su coacusado Miguel Óscar Bajac, quien llegó a jubilarse gracias a la morosidad del Senado, de la que también aún goza el ministro César Garay. La pregunta que se plantea es por qué el Dr. Blanco no fue apartado mucho antes del cargo que seguía ensuciando.
Los diputados habían aprobado la acusación por 59 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, de modo que se podría haber creído que ese amplio acuerdo político-partidario, más allá de los buenos motivos para la destitución, tendría que haberse dado también en la Cámara Alta y con la debida premura. Sin embargo, el enjuiciado siguió en su puesto sin que los senadores se inquietaran, incluyendo aquellos reelectos, que ahora votaron por la remoción: los colorados Enrique Bacchetta, Juan Carlos Galaverna, Mirta Gusinky, Blanca Ovelar y Lilian Samaniego; los liberales Blas Llano y Fernando Silva Facetti y los de Frente Guasu Hugo Richer, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Esperanza Martínez y Sixto Pereira. Todos ellos toleraron que el libelo acusatorio estuviera “cajoneado” durante tanto tiempo, como si los hechos allí referidos fueran insignificantes. Tampoco el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hizo nada en su momento para impulsar el procedimiento, ni siquiera cuando presidió el Senado.
Las respuestas posibles, que no se excluyen necesariamente entre sí, son que el impasse permitía mantener una chantajista espada de Damocles sobre los ministros Blanco, Bajac y Garay para someterlos al interés de los legisladores, y que no se pudo llegar a un consenso con respecto a los reemplazantes, o sea, al “cuoteo” de rigor. Ahora que Blanco es descartable –porque debía irse por cumplir 75 años– era momento de enviar el mensaje de que una mayoría de senadores ya no quiere a miembros averiados en la Corte. El exministro se convirtió así en el chivo expiatorio perfecto, dados sus antecedentes. Los senadores no dan puntada sin hilo.
En el campo de las elucubraciones, se puede señalar que es llamativo que el entonces diputado liberal José Ledesma haya votado en 2014 a favor de la acusación contra el Dr. Blanco y que en 2018, como senador, haya abandonado la sesión para favorecerlo, en tanto que su correligionario Juan Bartolomé Ramírez, que como diputado aprobó la acusación, como senador justificó su ausencia, acaso por la misma razón. Lo mismo hizo el senador liberal Víctor Ríos, que en 2014 había apoyado al Dr. Blanco. Es comprensible que su colega y correligionaria Eugenia Bajac, hija del exministro, haya votado a favor del Dr. Blanco y que de los dos senadores altoparanaenses –la liberal Zulma Gómez y el colorado Javier Zacarías Irún–, la primera se haya opuesto a la remoción y el segundo haya estado ausente. Tendrían algo que agradecer al doctor Blanco, dado que fue el superintendente de la apetecida circunscripción judicial del Alto Paraná, siendo el responsable de los vicios judiciales del departamento, al decir de la senadora Georgia Arrúa (PPQ): “Todas las roscas que funcionan en el Alto Paraná son su responsabilidad”. Por esa razón, seguramente, ya en 2010 el Colegio de Abogados del Alto Paraná solicitó su juicio político, en el marco de una denuncia hecha contra un juez local que habría vendido un fallo en un pleito por apropiación.
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Últimamente, habría influido para que la causa que afecta al diputado liberal Carlos Portillo sea juzgada en Ciudad del Este. Tampoco debe sorprender que el senador colorado Víctor Bogado haya desestimado el libelo acusatorio, dado que el afectado fue uno de los responsables de que una chicanera acción de inconstitucionalidad planteada en el caso de la “niñera de oro” estuviera cajoneada en la Corte durante dos años. Valgan las referencias anteriores sobre el voto de ciertos senadores, porque solo hubo la mayoría mínima que la Constitución exige para la decisión tomada.
Aparte de que más de uno de ellos le debía alguna atención, en cuanto a resoluciones judiciales o administrativas, es de suponer que el doctor Blanco realizó una intensa campaña para aferrarse al cargo hasta el último día. En su desesperación, llegó a pagar el 10 de noviembre, sin ningún disimulo, un espacio reservado en el que los magistrados de la circunscripción judicial de Cordillera lo elogiaron con fervor por sus obras edilicias y se solidarizaron con quien merecía “retirarse con dignidad del ejercicio de la magistratura en pocas semanas, en la postrimería de su intachable carrera”, para terminar exhortando a los senadores a “evitar caer en actuaciones que ahonden el descrédito del poder del Estado al cual representan”.
Para empezar, a un ministro de la Corte hay que evaluarlo por la justicia que imparte y no tanto por los edificios que levante. Luego, quien cometió la indignidad de mentir para ocupar el cargo, no tiene derecho a dejarlo con dignidad: en 2004, los senadores le preguntaron en una audiencia pública sobre la duración del mandato de un ministro y respondió que era de cinco años. En 2009 fue declarado inamovible por sus colegas, y también votó por la inamovilidad de su colega Bajac. “Mentí porque yo consideraba un ascenso, un premio a mi larga, mi proficua y honesta trayectoria de magistrado. Y es impensable que un magistrado que ya tenía dos confirmaciones sea castigado colocándosele allí en la guillotina”, afirmó con todo desparpajo en una entrevista de Radio Cardinal, en abril del 2012. Para terminar, es muy cierto lo del “descrédito” del Poder Legislativo, pero no lo es menos el del Judicial, por acción u omisión de ministros como el doctor Blanco.
Se demoraron muchísimo para privarlo de la función que nunca debió haber ejercido, considerando sus resultados. Como es de pública notoriedad, este Poder Judicial que padece la ciudadanía es una verdadera vergüenza por culpa de personajes como el que nos ocupa, destituido por sentenciar contra la Constitución, por haber perdido la honorabilidad, por adeudar al Estado, por haber frustrado la remoción de un juez de Ciudad del Este, por haber impedido actuaciones de la Contraloría de la República, por su ineficaz supervisión de una circunscripción judicial, por haber aplicado una ley derogada, por haber declarado inamovibles a sus colegas y por liberar a un asesino, según el libelo acusatorio. En buena hora. Pero es de esperar que la tímida depuración iniciada prosiga con más remociones que bien se merecen otros que, desde la máxima instancia judicial, han incurrido en el prevaricato, el nepotismo, la morosidad y el prebendarismo.