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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha emprendido una “cruzada por la seguridad de todos y cada uno de los habitantes” del país. La iniciativa merece el aplauso de la ciudadanía castigada por el flagelo de la violencia cotidiana contra la vida y los bienes de quienes tienen derecho a vivir en paz y libertad, sin el temor de ser asaltados, secuestrados o asesinados.
En los últimos años, el orden público ha venido siendo atacado con una frecuencia y una intensidad cada vez mayores por los criminales –organizados o no– por la simple razón de que tienen buenos motivos para confiar en que no serán castigados de acuerdo a la ley, debido a la indolencia y, sobre todo, a la corrupción de los agentes estatales. Ya no se trata solo de que individuos o locales comerciales sean asaltados a mano armada, aunque más no sea para robar un teléfono móvil, sino de que una gran ciudad, como la capital del Alto Paraná, puede quedar durante horas en manos de maleantes dotados de pertrechos bélicos, ante la total inoperancia de las fuerzas policiales. Como anunció el presidente de la ARP, Luis Villasanti, ya se realizó una primera reunión con representantes de los poderes del Estado y otros sectores para analizar la situación y “buscar todos juntos la solución”. Volverán a encontrarse para presentar propuestas específicas. Es deseable que estos encuentros sirvan para algo más que para la foto, que es para lo único que suelen servir las manidas “cumbres de poderes”.
El país está harto del palabrerío inútil y desea hechos concretos. El mero intercambio de inquietudes y de opiniones e incluso los compromisos asumidos en consecuencia no servirán de nada mientras no se tomen las medidas oportunas para precautelar la seguridad que, como bien señala el citado ganadero, es indispensable para que haya desarrollo.
Es muy cierto que “ningún Gobierno solucionó la inseguridad”, pero ello no se debe a que el Código Penal sea ajeno a nuestra realidad. Este conjunto de normas es perfectible, sin duda, pero está lejos de constituir la causa principal del auge de la delincuencia. El problema de fondo radica en la desidia, la negligencia, la irresponsabilidad y la corrupción de quienes deben aplicarlo, incluyendo a quienes tienen la función de prevenir e investigar los delitos. Se podrán tener las mejores normativas, pero con los agentes estatales que sufrimos, la población nunca podrá estar segura. Por ejemplo, si los motoasaltantes proliferan no es porque la legislación les favorezca, sino porque muchos policías les cobran un porcentaje de sus ganancias ilícitas para que puedan actuar con impunidad. Si el narcotráfico prospera, no es porque falten leyes, sino porque a los fiscales, los magistrados y los agentes del orden les faltan el coraje para combatirlo y la honestidad para rechazar sus sobornos. De hecho, hay quienes están lisa y llanamente a sueldo del crimen organizado, como lo reveló el 10 de mayo el suboficial Marco Antonio Verdún, quien habría pagado cuatro millones de guaraníes al hoy exjefe policial de Alto Paraná, Manuel Sosa, para conservar su puesto en una subcomisaría de la rica zona marihuanera de Itakyry, y que, además, habría entregado 50 millones de guaraníes al anterior jefe, comisario Juan Fernández, y a los entonces jefes del Departamento Antinarcóticos, comisario Cristian Cáceres, y de Investigación de Delitos, comisario Arsenio Correa.
¿De qué seguridad podrían gozar las personas honestas si tanto dinero sucio circula en el aparato estatal, donde también se halla instalada la mafia pura y dura?
La zozobra permanente no es atribuible a las deficiencias del Código Penal ni tampoco al seguramente mejorable equipamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial o de la Policía Nacional. El principal obstáculo para precautelar la seguridad lo constituye la podredumbre moral de numerosos agentes públicos, de todos los niveles. Esto implica que la “cruzada por la seguridad” debe ir acompañada, si no precedida, por otra contra la corrupción, que es la causa principal de la impunidad de tantos atracos, secuestros y asesinatos.
En la última asamblea de la ARP se guardó un minuto de silencio en memoria de los dieciocho policías, once militares, veintinueve trabajadores rurales y cuatro ganaderos ultimados por el EPP. En la lista de víctimas también figuran los tres secuestrados que siguen en sus garras, el colono menonita Abrahán Fehr, el ganadero Félix Urbieta y el policía Edelio Morínigo, este último desde hace casi tres años. Hasta la fecha, el combate contra esa banda criminal ha insumido el equivalente a por lo menos setenta millones de dólares, con pobre resultado, ya que esos bandidos continúan operando a sus anchas en el norte del país. ¿Es un asunto de ineptitud de la Fuerza de Tarea Conjunta, o es que también en este caso incide la corrupción? Hay fuertes indicios de que, en efecto, también los gastos en materia de vehículos, combustibles, municiones y armamentos dan lugar a malversaciones, sin olvidar que los sobresueldos y los viáticos podrían inducir a los uniformados a mantener con vida a “la gallina de los huevos de oro”.
En suma, a esta altura de la inseguridad reinante, los ganaderos, lo mismo que las llamadas “fuerzas vivas” en general, no deben desentenderse de la corrupción, como si fuera un fenómeno más o menos normal en el sector público que no les afectaría a ellos, dedicados solo al trabajo honesto. Esa lacra también mata, y no solo privando de medicamentos y de insumos a los hospitales públicos, sino también facilitando la criminalidad.
Es de esperar, entonces, que las reuniones iniciadas se ocupen muy especialmente de esa madre prolífica de todas las demás modalidades delictivas que proliferan en nuestro país.