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El viceministro boliviano de Régimen Interior (Ministerio del Interior), Jorge Pérez, sugirió fusilar como “traidores” a los empleados públicos que no hagan campaña política por la coalición oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), según publicó el portal de noticias Erbol Digital, de la nación del Altiplano. “A los traidores se los debe fusilar, qué pena que aquí no se los pueda fusilar, pero todo el peso de nuestra censura y de marginamiento de cinco años les vamos a hacer sentir a esos compañeros”, expresó el viceministro en una reunión que tuvo con los seguidores del MAS. En la ocasión, el alto funcionario gubernamental habría regañado a los militantes oficialistas porque supuestamente estos no estaban trabajando con el debido empeño a favor del candidato gubernamental a la Alcaldía de Tarija, Rodrigo Ibáñez.
Por su parte, el candidato a asambleísta departamental por el partido Unidad Departamental Autonomista (UD-A), opositor al gobierno de Evo Morales, Mauricio Lea Plaza, manifestó que las declaraciones de la autoridad constituyen un atentado a la democracia, más aún porque se trata de un funcionario encargado del aparato represivo del Estado. Agregó que están preparando denuncias para presentarlas ante el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público por coacción y amenaza de muerte, respectivamente. A su vez, el senador de UD, Fernando Campero, dijo que esto muestra la descomposición del MAS y la desesperación porque están por perder en cuatro regiones, con referencia a las elecciones legislativas marcadas para este domingo 29 de marzo.
Pese a los esfuerzos desplegados por el presidente Evo Morales desde que asumió el poder en 2003 y el mejoramiento de su economía gracias al boom gasífero, Bolivia continúa estancada en cuanto al desarrollo político y social. Lejos de disminuir la fragmentación étnica que la caracteriza, el socialismo “bolivariano”, calcado del régimen de Hugo Chávez, aunque poseyendo supremacía electoral, no ha conseguido hacer realidad el sueño del gobernante indígena aimara de un Estado plurinacional moderno y democrático.
Actualmente, la oposición al gobierno de Evo Morales no proviene de los remanentes del sistema de partidos tradicionales o de los líderes del Oriente boliviano, sino más bien de grupos disidentes desprendidos de su propia coalición de partidos MAS. Los grandiosos sueños de una rápida transformación del país no se han realizado en los 12 años de gobierno que lleva en su haber. El único saldo positivo rescatable de su gestión es el aumento de niveles de inclusión social y de participación política de los segmentos de la población boliviana anteriormente marginada, en particular la mayoría indígena rural.
A pesar de la aparente prosperidad de que actualmente goza bajo el gobierno socialista de Evo Morales, el futuro de Bolivia continúa incierto. Pese a la abundancia de recursos naturales de que dispone, no hay seguridad de que las condiciones que han impulsado su crecimiento económico y las políticas que han conducido a una mayor redistribución de la riqueza serán necesariamente sustentables en el largo plazo, al menos por el atajo del socialismo populista elegido por Morales. El presente caso es similar al de Venezuela, otrora uno de los países más ricos de la América Latina y hoy sumido en la miseria por culpa del “Socialismo del siglo XXI”, implantado como modelo de gobierno por un líder mesiánico populista, autoritario y corrupto como fue Hugo Chávez.
La similitud de ideologías entre el régimen bolivariano de Venezuela instaurado por Chávez y prestamente adoptado por Evo Morales, paradójicamente, no ha reproducido iguales resultados. Ambos han sido ideológicamente hermanos siameses. Ambos han asumido un “radical” compromiso con el socialismo, desprecio por los partidos políticos tradicionales, apelo al nacionalismo fanático, las aplicación de formas alternativas de “democracia” y un antiimperialismo centrado exclusivamente contra Estados Unidos. Hasta ahora, Evo Morales no ha conseguido modificar el tablero político de su fragmentado país. Continúa reteniendo mayorías regionales en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Por su parte, la oposición retiene sus bastiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando.
Aunque la opinión pública internacional sigue considerando a Bolivia como una democracia, el gobierno de Evo Morales ha fomentado la autocracia como una forma de debilitar a la oposición, impidiéndole acceso libre a los medios masivos de comunicación, a los subsidios financieros o, directamente, coaccionándola como en los casos que comentamos. Contrariamente a lo ocurrido en Venezuela, en Bolivia la principal víctima ha sido la competencia electoral, no necesariamente la participación. No ha habido hostigamiento a los votantes, pero sí a los candidatos opositores, como sucedió en 2007 con los alcaldes de Sucre y Potosí, Jaime Barrón y René Joaquino, quienes fueron acosados por jueces controlados por el gobierno, ante la posibilidad de que pudieran ser elegidos como administradores de ciudades clave del feudo político de Evo Morales.
Lo que está sucediendo ahora en el departamento de Tarija es similar en sus fines a lo acontecido en el pasado en Sucre y Potosí, y es fruto de la “desesperación y descomposición” de la coalición gobernante MAS, como acertadamente señaló el senador por UD, Fernando Campero. Por su parte, desde 2011 está refugiado en el Paraguay el prefecto del departamento de Tarija, Mario Cossío, perseguido por el gobierno de Evo Morales.
El eslogan “socialismo o muerte”, acuñado por Fidel Castro y adoptado por Hugo Chávez y Evo Morales, no es mera fraseología de escaparate, sino una amenaza para amedrentar a los candidatos opositores y dejar el camino libre en Bolivia a quienes buscan perpetuarse en el poder.