No solo la región Este, sino todo el país necesita mejores rutas. La cuestión no consiste en oponerse a que cada vez surjan nuevos emprendimientos viales que permitan la más fluida circulación de los habitantes y sus productos. El problema radica en los proyectos chapuceros que han venido encarando gobernantes sinvergüenzas, aliados con empresarios igualmente inescrupulosos, los que, al final, redundan en obras mal hechas –si se hacen– o en atrasos considerables en su concreción o terminación, que representan mucho dinero que se carga en la cuenta de los contribuyentes y no en la de las autoridades irresponsables que los manejaron, como manda la ley.
Una semana antes de dejar el cargo, el anterior ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, declaró que estaba negociando con su sucesor designado, Arnoldo Wiens, extender el plazo por él concedido a la Sociedad Objeto Específico (SOE) “Rutas del Este” –adjudicataria del contrato vía alianza público-privada (APP) para la duplicación de la Ruta 2 y parte de la 7 (hasta Caaguazú)– hasta octubre del corriente año, a fin de darle más tiempo para gestionar el crédito de US$ 500 millones necesarios para financiar el proyecto de referencia. La mencionada SOE esta integrada por la empresa española Sacyr (60%), la portuguesa Mota-Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%).
El ministro saliente agregó que la adenda que se estaba negociando con el equipo de transición, tanto del MOPC como del Ministerio de Hacienda, a más de la nueva fecha para el cierre financiero, buscaba también más que nada “definir puntos que hagan realizable esta obra, con respecto a un nuevo cronograma de expropiaciones y aclaraciones del contrato que fueron consultados por los bancos de inversión”.
Con referencia a esta curiosa declaración del exministro, con su preocupación llamativamente centrada en el futuro, nuestro diario se preguntaba en un comentario editorial sobre el tema: “¿A qué atribuir tan febril empeño de este ministro que, a menos de una semana de dejar el cargo, se empecina en mantener a flote a como dé lugar un contrato leonino, altamente inconveniente para los intereses nacionales, y cuyo buen cumplimiento por parte de la SOE ‘Rutas del Este’ es virtualmente imposible, pues, como lo han asegurado empresarios viales nacionales, la SOE ‘Rutas del Este’ nunca va a obtener el crédito de US$ 500 millones a que se ha comprometido? Siendo esto así, lo único que cabe a la gente es sospechar que el ministro Jiménez Gaona tenía un interés personal en este entuerto, así como demostró hasta la saciedad tenerlo en el fallido proyecto de concesión del aeropuerto Silvio Pettirossi, justamente al consorcio liderado por la empresa española Sacyr” (las negritas son nuestras).
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Como se ve, al igual que en el desastroso proyecto del metrobús, el Gobierno anterior encaró el de las rutas del Este sin tener nada definido sobre las expropiaciones necesarias que, como cualquier funcionario público medianamente inteligente y honesto debe saber, constituyen un componente fundamental en el desarrollo de un emprendimiento similar. Llamativamente, el actual Gobierno, con el ministro Arnoldo Wiens en la cartera del MOPC, se pliega al proyecto al que, como al metrobús, también se le puede pronosticar un lamentable final. Esa sospecha pública de contubernio entre ambas administraciones con relación al contrato con la SOE “Rutas del Este” se ha visto confirmada con el nuevo anuncio por parte del MOPC de que la adenda solicitada por el exministro Jiménez Gaona está siendo impulsada a todo vapor por su sucesor. Resulta extraño que, en vez de proceder a la rescisión pura y simple del contrato por incumplimiento reiterado del mismo por parte del consorcio contratista, el ministro Wiens se apreste no solo a concederle un nuevo plazo para cumplir con el compromiso financiero asumido, sino que también haya decidido reformular fundamentalmente el contrato a fin de permitir que Mota-Engil le ceda a Ocho A el 20 por ciento de su participación en la SOE “Rutas del Este”, con lo que Ocho A pasaría a tener el 40 por ciento.
Esta operación contractual no hubiera llamado la atención de la opinión pública si no fuera porque el contrato “prohíbe” tal cesión. Así como está convenido, el contrato con la SOE “Rutas del Este” dispone que, para transferir su participación en el consorcio, sus integrantes deben completar primero las obras de duplicación de las Rutas 2 y 7. Igual disposición está contenida en el decreto reglamentario de dicha ley, aunque Mota-Engil asegura que no existiría irregularidad en la transacción.
Esta curiosa porfía del ministro Wiens en impulsar contra viento y marea –como lo hizo su antecesor– la prórroga del plazo para finiquitar el contrato financiero, y la cesión de las acciones de Mota-Engil a la empresa Ocho A, abre el camino para pensar que por detrás de este enrevesado contrato con el Estado paraguayo –semejante a los de “La Patria Contratista” de Argentina– se mueve una poderosa palanca de poder. Para acrecentar la polémica, se recuerda que el asesor económico y concuñado del Presidente de la República, Luis Alberto Pettengill Castillo, es hijo del propietario de la empresa Ocho A, ingeniero Luis Pettengill Vacca.
Así como el exministro Jiménez Gaona calificó el proyecto de la autopista Ñu Guasu como “la peor herencia” recibida, hasta ahora son al menos dos las “peores herencias” recibidas por el ministro Wiens: el metrobús y la ampliación de las Rutas 2 y 7. Es de esperar que este alto funcionario no se rinda tan fácilmente a los cantos de sirena ni acepte presentes griegos para traspasarlos, a su vez, a quien le suceda en el cargo.