Un nuevo affaire, recientemente puesto en evidencia en ambientes estatales, viene a recordarnos a los paraguayos que el antiguo mal del contrabando no cesó nunca, bajo ningún régimen político y bajo decenas de generaciones de funcionarios y gobernantes.
Hace pocos días, la directora de Aduanas, Rocío Vallejo, denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos a la firma “Intercom Ingeniería” (propiedad de Carlos Núñez Salinas, candidato a diputado por el Partido Colorado), a la cual la Dirección de Contrataciones Públicas inhabilitó solo por seis meses en su calidad de empresa proveedora del Estado.
Se le acusa a dicha compañía de haber declarado mercaderías del rubro electrónica, por valor de 17.760 dólares, cuando en realidad valían 1.026.000 dólares, lo que fue investigado y comprobado debidamente en el ámbito de la Dirección de Aduanas. Con la mercadería ingresada de esa manera, otra empresa –Sitesa SA –, “compradora” del contrabando, se presentó a una licitación de Copaco y, por supuesto, la ganó. ¿Quién hubiera podido competir con sus precios?
Esta es una de las miles de maneras como el fraude fiscal perjudica a la economía del país y ejemplifica claramente cómo distorsiona los procesos que se supone fueron establecidos para garantizar la equidad, castigando en especial a quienes se cuidan de cumplir con las reglas. Muestra con gran fidelidad cómo el contrabando premia a los malos y castiga a los buenos, cómo aprovecha a una ínfima minoría inescrupulosa y perjudica a la gran mayoría indefensa.
El contrabando no es un fenómeno nuevo en el Paraguay; ni se dirá que es consecuencia de la crisis, de la anarquía, del “sistema” o de cualquier otra de estas circunstancias a las que suelen endilgarse los males que padecen los países latinoamericanos. Existió desde la época de la colonia y subsiste hasta ahora, torpedeando a la economía formal y ayudando en gran forma a crear más pobreza porque succiona recursos fiscales que son requeridos para la educación y la salud de la población.
Lo que llama la atención es que ya estamos lejos de la época colonial, y no somos países alejados entre sí por miles y miles de kilómetros de llanuras, montañas, esterales o desiertos, por ríos caudalosos o indígenas belicosos. Nuestras fronteras ya no están despobladas; tenemos leyes precisas y autoridades que cobran puntualmente sus salarios para hacerlas respetar. Nuestros productores, comerciantes y empresarios no constituyen clases aisladas, desprotegidas o explotadoras unas de las otras. Rigen en nuestros países sistemas políticos institucionalizados. Disponemos de sofisticados mecanismos de vigilancia. ¿Qué más falta para eliminar el mal del contrabando?
Un dedo acusador tiene que dirigirse contra funcionarios del Estado, policías y militares que son cómplices de las violaciones de las leyes aduaneras y que se enriquecen descaradamente con esta colusión. Otro dedo acusador debe dirigirse contra la administración de justicia, por venal y por displicente.
Los funcionarios, en particular los de la Dirección General de Aduanas, siempre se constituyeron en los directores técnicos del contrabando; ellos establecen los caminos, los procedimientos, los ritmos, el porcentaje de las comisiones, las cantidades y el trámite. Sus más cercanos colaboradores son los policías y militares que se encargan de cuidar que la mercadería pase por la frontera y transite sin riesgos y llegue a destino. Los compradores, intermediarios, distribuidores y vendedores de productos de contrabando, sus receptores finales, gozan de completa libertad de acción; si son de clase económica menor, se les disculpa porque son “pobres”; si no lo son, se les disculpa igual porque “colaboran” con las autoridades; si son firmas comerciales establecidas, pasan todas las barreras a fuerza de soborno limpio.
Justamente por esto es que la actuación de la Dirección General de Aduanas, en el caso que citamos, es digna de encomio. La pregunta que queda pendiente es: las empresas estatales, públicas o privadas, ¿no deben asegurarse en sus licitaciones y concursos que los productos que se les ofrecen estén en regla con las normas impositivas? Podría ser que se hacen los “burros” porque también están en el enjuague.
En resumen, la lección que deja este episodio es que, cuando se quiere y se pone empeño, los funcionarios decentes y correctos tienen capacidad para detener el contrabando, para cerrar las brechas de filtración de este veneno económico.
Funcionarios, policías, militares, fiscales y jueces, que son los arqueros y defensores de la selección económica nacional, o sea, los encargados de que no se le marquen goles al Estado, son, justamente, los que todos los días rematan contra su propio arco.
Los “aduaneros” se asocian a los contrabandistas en los puestos de frontera, los marinos los escoltan y protegen, los policías verifican que lo pactado se cumpla y que los contrabandistas pasen la mercadería que se convino y por la cual se les pagó protección. A estos se suman funcionarios de los aeropuertos y hasta de consulados en el extranjero.
Digamos lo que estos hechos nos enseñan: el contrabando sigue siendo el rey absoluto, intocable, de nuestra economía. Dentro del ambiente putrefacto que lo rodea, todo es posible. Por lo cual, si no se toman medidas punitivas enérgicas con multas e inhabilitaciones de por vida para contratar con el Estado o para ejercer funciones públicas y hasta la cárcel, el contrabando continuará siendo el protagonista estrella de esta vieja y pésima película política paraguaya, y eterna noticia de prensa, para mal de muchos y riqueza de pocos.