El incendio que causó la muerte de cinco reclusos, así como la del jefe de seguridad de la cárcel de Tacumbú, Blas Gaona –gracias a cuya heroica acción no hubo más víctimas que lamentar–, vuelve a evidenciar las condiciones calamitosas e inhumanas en que se halla el sistema penitenciario. A inicios de diciembre del año pasado, la exministra de Justicia Sheila Abed lo calificó de “polvorín”, señalando que se precisaban 60 millones de dólares para reducir el hacinamiento y que la cuestión estaba siendo “postergada”. Su reemplazante, la ministra Carla Bacigalupo, elevó la suma necesaria a 155 millones de dólares e informó que el Presidente de la República había ordenado agilizar el proceso de licitación para construir prisiones modernas. Desde luego, nada se ha hecho aún al respecto, porque, para empezar, no se cuenta con los fondos requeridos, pues quienes en los últimos años sancionaron y promulgaron la ley del presupuesto nacional no incluyeron las partidas correspondientes, pese a que la dramática situación ya era bien conocida.
Lo sucedido en la mayor cárcel del país sugiere que ni siquiera se previeron los recursos necesarios para reparar los deterioros más peligrosos de su infraestructura o que, habiendo sido previstos, fueron simplemente malversados. En efecto, el siniestro fue el fatal resultado de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas, debido a una sobrecarga.
Conste que, en mayo último, la licenciada Silvia Ruiz Díaz, trabajadora social de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución, informó a la jueza competente, Yolanda Morel, que los cables estirados y los enchufes improvisados para conectar electrodomésticos, en uno de los sectores que inspeccionó, “aumentan el riesgo de incendios y recalentamiento”. Con base en ese informe, la magistrada admitió un pedido de tutela jurisdiccional de la fiscala Celia Beckelmann y emplazó a la autoridad carcelaria a poner en buenas condiciones el establecimiento, dentro del plazo de noventa días, porque las actuales atentarían contra la dignidad humana.
Por una trágica ironía, la orden fue emitida menos de veinticuatro horas antes del incendio que, por lo demás, reveló que las instalaciones de la prisión también atentan contra la misma vida humana. Tuvieron que intervenir una fiscala, una trabajadora social y una jueza para que se dicte una resolución que habría sido innecesaria si los responsables hubieran cumplido con su deber de mantener las instalaciones en buen estado.
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El art. 90 del Código de Ejecución Penal obliga a los internos a mantener en buen estado de conservación e higiene el edificio y las instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicación y otras, pero es claro que son la ministra de Justicia, el director de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, así como el de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, los principales encargados de que esta se encuentre siempre en condiciones compatibles con la vida y la dignidad de las personas.
A la opinión pública le gustaría saber si el director del penal, Luis Barreto, al asumir el cargo el 27 de julio de 2015, inspeccionó las instalaciones y si, al hacerlo, advirtió el riesgo de incendios y recalentamiento, apuntado en el informe elevado a la jueza. En caso de que la respuesta fuera negativa, habría incurrido en una negligencia grave; si fuera afirmativa, haría bien en dar a conocer lo que hizo para intentar corregir la situación.
La ministra Bacigalupo, que prestó juramento el 7 de enero último, habrá tenido tiempo para visitar el penal de Tacumbú y observar sus instalaciones. ¿No creyó que allí debían efectuarse con urgencia algunas reparaciones, sin perjuicio de seguir buscando el dinero requerido para la construcción de más cárceles? Anunció que se reuniría con los directores de los centros penitenciarios “para recordarles la función que tiene cada uno”, como si lo estuvieran olvidando y la desmemoria fuera, en última instancia, la causa del luctuoso acontecimiento. Ella no debería estar recordándole a cada funcionario su función, sino aplicar la ley en caso de negligencia. Suponiendo que ella misma sí recuerde la función que le corresponde y que esté cumpliendo con ella, debería refutar la grave acusación de la jueza de Ejecución Ana María Llanes, según la cual el incendio se produjo por culpa de su “desidia, negligencia y poca voluntad”.
Según el Departamento de Ingresos Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio a cargo de Bacigalupo recibió en 2015 más de 61.342 millones de guaraníes, y, en lo que va de este año, 21.828 millones, pero la magistrada sostiene que “no se hizo absolutamente nada”, pese a que la tragedia ya se veía venir. En verdad, lo llamativo es que lo ocurrido era previsible y que, pese a ello, no se tomaron medidas para impedirlo.
La ministra, que ya en marzo había dictado una resolución declarando al sistema penitenciario en estado de emergencia, informó que propondrá la sanción de una ley en tal sentido, que le permita “desburocratizar los procesos” para que se puedan implementar las mejoras edilicias en los principales centros penitenciarios. El art. 33 de la Ley de Contrataciones Públicas ya le autoriza hoy mismo a omitir la licitación pública o la de concurso de ofertas, bajo su responsabilidad, cuando existan razones justificadas para adquirir o locar bienes por razones técnicas o urgencias impostergables, como es el caso de las penitenciarías. Como siempre, la citada ley es invocada para excusar la pura y dura ineficiencia de un organismo estatal.
Lo ocurrido plantea la cuestión de si alguien asumirá alguna responsabilidad por la tragedia. Aquí no hay motivos para el optimismo, ya que ni siquiera unos hechos tan graves como el comentado suelen conllevar una sanción, aunque más no sea la de remoción del funcionario o del ministro responsable. “Gracias a Dios, no fue de una magnitud mayor”, dijo la ministra al referirse al siniestro. Podría haber dicho lo mismo si hubiesen fallecido cien personas, pues la cárcel de Tacumbú, que tiene una capacidad de 1.600 reclusos, alberga a unos 3.460.
Lo que la ciudadanía espera es que nunca más acontezca algo semejante, gracias a ministros y a funcionarios más honestos, idóneos y laboriosos. Y que quienes han demostrado no serlo sean enviados a sus casas y, si tienen responsabilidades, respondan por ellas.