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A finales de diciembre del 2010, el presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó la célebre maniobra política conocida como del “gasolinazo”, aumentando sorpresivamente el precio de los hidrocarburos, lo que puso loca a la gente de su país por la brusca subida de precios, pero, como se comprobó con posterioridad, el objetivo de dicha medida no era económico, sino político.
Todo mueve a pensar que el sorpresivo aumento de la tarifa eléctrica dispuesto por la ANDE, sin mediar ningún factor de ajuste que lo justifique, configura también una burda maniobra política destinada a desviar la atención de la ciudadanía de la grosera violación de la Constitución Nacional en marcha por parte del gobierno del presidente Horacio Cartes y sus paniaguados.
En efecto, ello se da en un momento en que es inminente la presentación en el Congreso del proyecto de enmienda inconstitucional para permitir la reelección presidencial. Sea cual fuere el resultado que allí se dé, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia es la instancia jurisdiccional que tiene la última palabra sobre el “rekutu”. Y, manejada como está por el Presidente de la República y sus aliados parlamentarios, los conspiradores contra el orden constitucional de la Nación dan como un hecho que los ministros les favorecerán con el prevaricato de la “certeza constitucional”, como ya lo hicieran en el pasado para prorrogar inconstitucionalmente el mandato del presidente provisional de la República, Luis Ángel González Macchi, en 1999.
A medida que pasan los días, más se concentra la atención pública sobre el desarrollo de la grave crisis política que mantiene en vilo a la población. Ella tiene su mira puesta en la instancia final: la sentencia de la Corte Suprema de Justicia acerca de la legalidad o no de la enmienda como vía para admitir la reelección presidencial, habida cuenta de que el referéndum popular confirmatorio será una farsa, tal como lo fue la vergonzosa recolección de firmas de supuesto apoyo popular impulsada por el Gobierno a través de la ANR, y que incluyó hasta a más de mil muertos.
Sucede que el asalto directo a la Constitución en que están empeñados el presidente Horacio Cartes y sus contertulios está provocando una obstinada resistencia en el ánimo de la ciudadanía, lo que a su vez provoca la preocupación de los confabulados y sus asesores, que por todos los medios buscan producir un cambio de perspectiva de la gente. De acuerdo a la clásica estrategia de aproximación indirecta –magistralmente desarrollada por el capitán B. H. Liddell Hart, estratega inglés conocido universalmente–, el desvío de la atención pública, o su cambio de percepción, se logra más fácil y rápidamente mediante la insospechada infiltración de una idea diferente, o mediante un argumento que hace girar el flanco del suceso que atrae la atención.
La estrategia de aproximación indirecta, o de la “cortina de humo”, es un recurso utilizado tanto en la guerra como en la política para engañar al adversario acerca de las verdaderas intenciones que uno tiene.
Si no fuera por la reacción popular desatada en contra del “rekutu”, los estrategas políticos que asesoran al presidente Cartes y a su equipo de campaña no hubieran tenido necesidad de lanzar las “cortinas de humo” que están lanzando.
La crisis en la Gobernación del Guairá también fue activada para distraer la atención de la gente del febril preparativo de la enmienda, aunque hasta ahora sin mayor resultado.
Porque golpea directamente el bolsillo de la gente, el incremento de la tarifa de la ANDE tiene un efecto mediático mucho mayor que los escándalos de la reciente convención del PLRA en Coronel Oviedo, y la gresca por la silla del gobernador en Villarrica. No sería extraño, tampoco, que en cualquier momento seamos sorprendidos con la noticia de que en el norte del país, el EPP o el EML han perpetrado un nuevo secuestro, o asesinato, como el que costó la vida a un subteniente y a siete sargentos en Arroyito, distrito de Horqueta, hace algún tiempo. Después de todo, la indiferencia del gobierno del presidente Cartes hacia la inseguridad que reina en esa zona del país ha llevado a mucha gente a creer que esa falta de voluntad política –calificada como “simpatía” del Gobierno hacia los facinerosos por el vicario general de la diócesis de Concepción– debe obedecer a alguna razón.
Por suerte, ahora, más que antes, la ciudadanía es consciente de que la Constitución no es una simple ley por encima de la cual puede pasar tranquilamente la Corte Suprema de Justicia, avalando la enmienda. La Constitución es un contrato social, y para ciertos asuntos –reelección presidencial, por ejemplo– necesita más que la aprobación de una mayoría circunstancial en un referéndum. La fe en el nacionalismo que ha renacido en el alma de los paraguayos y las paraguayas ante esta conspiración contra la democracia que nos costó ganar hace que la mayoría esté en contra del “rekutu”.
La salvación de nuestra democracia pasa porque todos los estamentos de la sociedad se mantengan en este momento firmes y vigilantes ante cualquier maniobra artera que puedan elucubrar y ejecutar quienes están decididos a echar en gorra a la Constitución Nacional, para conseguir sus taimados propósitos.