Los senadores debatirán hoy sobre la reforma de la legislación electoral vigente, propuesta en un par de proyectos de ley. El punto único será lo referente al sistema de candidaturas políticas; vale decir, si se mantendrá el régimen actual de listas cerradas y bloqueadas (sábanas) o si se adoptará alguno de los conocidos como “listas cerradas desbloqueadas”, “semidesbloqueadas”, “con voto preferencial” o “abiertas”.
Debe entenderse, antes de todo, que lo que está en juego es mucho más que una cuestión de escoger entre métodos según criterios técnicos. No se trata solo de adoptar un sistema de elección que convenga más a unos u otros sectores partidarios. Lo que está en juego es el perfeccionamiento de la democracia mediante una mayor y mejor representación del electorado y el aumento de la capacidad ciudadana para participar con una eficiencia cada vez mayor en el gobierno del país.
El objetivo que se tiene en vista, al presionar para que se cambie el régimen electoral vigente, es dar con la herramienta apta para mejorar la democracia y elevar la calidad ética e intelectual de nuestros candidatos a gobernantes. El hecho de que gran parte de quienes ocupan cargos electivos sean personas indignas de ocupar sus cargos es atribuido por la gente al origen electoral espurio que tuvieron. Por tanto, confían en que con un sistema de selección de candidaturas en el que no sean las cúpulas partidarias sino las mayorías ciudadanas las que puedan escoger, forzosamente habrá mejores personas en los boletines de voto.
Muchos y variados fueron y son los argumentos que se emplean para promover o rechazar el cambio de sistema. Se discute si la eventual reforma electoral perjudicará o no a los partidos políticos, si debilitará a sus autoridades, si propenderá a la disgregación o al “canibalismo” interno; y también si, por el mismo efecto, dará más fuerza al ciudadano que no se sujeta a ninguna organización política, ampliando sus posibilidades de participar de las competencias comiciales, sin necesidad de que una claque le franquee la entrada o le solvente sus gastos de campaña.
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Muchas personas se están preguntando qué está moviendo a los “dueños” de organizaciones políticas o de sus movimientos internos, especialmente a los que mayor presencia poseen en el Congreso, a ceder en su rígida posición de no alterar el sistema electoral de “listas sábana”, que tanto les favorece. En efecto, es llamativo que los voceros oficiosos de los partidos mayoritarios –ANR y PLRA–, y el mismo Presidente de la República, hayan anticipado que apoyarán la modificación del régimen de listas cerradas y bloqueadas. Puede que hayan realizado un mea culpa y un proceso de análisis luego del cual, con serena convicción personal y pensando en lo mejor para el país, se hayan dicho: “la gente tiene razón; es hora de mejorar cualitativamente nuestro sistema democrático”.
Pero es muy improbable que algo parecido a esto haya sucedido, conociendo a estos políticos. Debió ocurrir que tal decisión se les impuso por la fuerza de las circunstancias, por la presión social general. Están reaccionando ante lo que algunos llaman “clamor popular”; o sea, cediendo ante una situación que viene agravándose y a la que resistieron todo el tiempo que pudieron. “Necesitamos cambiar algo para dar el gusto a la opinión pública, pero que todo siga como nos conviene”, habrán concluido. Y, entonces, optaron por el mal menor, el régimen de lista semibloqueada y voto preferencial, que sería aplicable exclusivamente a las elecciones internas partidarias, y no el de listas abiertas o el mixto, semiabierto y semicerrado, los cuales sí podrían resultarles muy peligrosos.
En síntesis, muchos de estos políticos finalmente percibieron (y algunos lo declararon en público) que la pésima fama de que adolecen responde, sobre todo, al hartazgo que la gente tiene de ver siempre a los mismos personajes reelegidos una y otra vez, hasta el punto de que algunos de estos ya se permiten disponer de sus cargos como si fuesen de su patrimonio particular, obsequiándolos o legándolos a sus descendientes.
Atendiendo lo dicho hasta aquí, lo que en la fecha se decida en la Cámara de Senadores tendrá que ser lo más conveniente al régimen democrático. Y si los legisladores creen que esto implica la adopción del método de lista cerrada con voto preferencial, aunque exclusivamente para las elecciones internas partidarias, tendrán que atenerse a sus resultados reales, prácticos, y estar listos para volver a modificarlo. Porque esta opción podría producir resultados decepcionantes. En otras palabras, es posible que con este cambio las condiciones democráticas de nuestro país no mejoren y que todo siga igual.
Mas es preciso reconocer que no lo sabremos con certeza si no damos el paso de modificar el régimen actual, el de las famosas “listas sábana”, que produjo, como principal y más dañina consecuencia, que la política acabe siendo manejada por unas cuantas personas –popularmente conocidas como “partido jára”–, y que dio a este país una democracia de mala calidad ética y escasa aptitud para construir representatividad y estimular la participación social. Hay que tener presente que, en 2012, este mecanismo ya fue aprobado por ley, aunque derogado posteriormente, antes de comprobarse su eficacia, por causa de las dudas que generaba.
Aunque el sistema de “semidesbloqueo” mediante la introducción del voto preferencial no promete mucha eficacia para resolver el problema de fondo, cual es la casi nula participación ciudadana en la confección de listas de candidatos, tal vez nos permita al menos experimentar alternativas que abran puertas para otros intentos de mejora.
Desde luego, todavía subsiste un número considerable de políticos que se oponen abiertamente a la apertura y mantienen su opción por las “listas sábana”. Su argumento principal es que el voto preferencial es una fantasía, una que dará al elector la sensación de que escoge libremente a su candidato pero que, en realidad, ni favorecerá decididamente a ninguno, ni alterará los resultados generales, ni el orden de prelación de los integrantes de cada lista, salvo casos muy excepcionales.
Una dificultad adicional presenta el tema relacionado con las urnas electrónicas. La mayoría de los proyectistas cuentan con este instrumento para hacer posible un proceso de sufragio rápido y efectivo. Si se prescinde de él, la alternativa es continuar empleando el método manual de cómputo de boletines. Pero tales urnas –ya utilizadas en nuestro país– también tienen sus fuertes detractores, incluso entre los técnicos, que aducen que su empleo suprime el escrutinio público, violando el art. 118 de la Constitución, y que, para peor, facilita los fraudes informáticos en cifras significativas.
Si los cambios que se decidan no están iluminados por la finalidad superior de aumentar la calidad de la representación política de la sociedad nacional, se los tendrá que aceptar como meramente experimentales, pero no así como un régimen inamovible. Si el nuevo método no prueba, en la práctica política concreta, que es capaz de ser útil para fortalecer la representatividad y la participación, si no va a propender a que los mejores candidatos tengan mayores posibilidades de ser electos y que las listas contenidas en los boletines de voto reflejen indubitablemente el deseo mayoritario de un electorado libre de presiones, malos influjos y sobornos, entonces la ciudadanía, de inmediato, deberá iniciar otra campaña de modificación del sistema adoptado hoy, con la firme determinación de llegar a las soluciones eficaces, sin dejarse postergar por las conveniencias e intereses egoístas de las cúpulas y de los que solamente pugnan por mantener sus privilegios.
