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El canciller Eladio Loizaga había confirmado con antelación que Paraguay no iba a enviar representante a la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur (CMC) que debió realizarse el 30 de julio en Montevideo, Uruguay, en protesta por la intención del Gobierno de ese país y de Argentina de ceder la presidencia del bloque a Venezuela. Como el Brasil adoptó la misma postura que Paraguay, la citada reunión fue suspendida, sin quedar claro si el citado mandato pasa o no al país caribeño, aunque el Gobierno venezolano informó de inmediato que asumía el citado cargo.
El canciller explicó que la posición del Gobierno paraguayo es que el régimen de Nicolás Maduro carece de credenciales democráticas porque mantiene a más de 100 presos políticos y pretende acallar al Parlamento, además de la crítica situación económica que obliga a los venezolanos a peregrinar hacia Colombia en busca de alimentos y otros artículos.
Al ministro Loizaga le asiste una triple razón para sentar tal postura de parte del Gobierno paraguayo. Primero, porque en estos momentos la situación política de Venezuela está cada vez más complicada en término de respeto a las libertades ciudadanas y a los derechos humanos exigidos por la Carta del Mercosur. Segundo, la ofensa inferida a nuestro gobierno y a la dignidad de la nación paraguaya en el 2012 por Argentina, Brasil y Uruguay suspendiéndonos arbitrariamente como miembro pleno de la organización por la oposición del Senado nacional a la admisión de Venezuela como socio, en razón del déficit democrático que ya en ese momento tenía en su haber el autoritario gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro después y, actualmente, con más razón. Por último, con esta postura diplomática de alguna manera el presidente Horacio Cartes desagravia la humillante reculada de su gobierno ante la “condición de hierro” que le impusiera la hoy suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que desistiera de su formal promesa de exigir a nuestros tres socios debida reparación de la ofensa gratuitamente inferida. En claudicante actitud, forzó al Senado paraguayo a aprobar la entrada por la ventana al Mercosur del infortunado país caribeño, víctima de una dictadura con ropaje electoralista.
Por primera vez el canciller Loizaga está dando prueba de una actitud geopolíticamente acertada al resistir las presiones de los gobiernos de Argentina y Uruguay para acceder a la entrega de la presidencia del bloque a Venezuela. Presión que responde exclusivamente a intereses privativos de ambos países que no quieren enemistarse con el gobierno de Nicolás Maduro, habida cuenta de que bajo la presidencia de Hugo Chávez el Estado venezolano adquirió bonos soberanos emitidos por el Tesoro argentino y auxilió a un banco uruguayo evitando su quiebra, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de José “Pepe” Mujica. De hecho, el presidente Maduro ya ha mostrado las garras para presionar a los deudores, con la demanda recientemente entablada al Paraguay ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París contra PETROPAR por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA), por deudas contraídas por suministro de derivados de petróleo durante los gobiernos de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.
Lo que los paraguayos y las paraguayas esperan es que el presidente Horacio Cartes sostenga la consistencia y coherencia de su filosofía sobre las relaciones exteriores, como lo hicieron en el pasado el Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Don Carlos Antonio López para afianzar la independencia y soberanía del Paraguay en condiciones mucho más complicadas en el contexto regional. Definitivamente, mientras dure su gobierno, el Primer Mandatario debe desterrar la vacilante posición psicológica que hasta ahora al parecer tiene ante nuestros dos poderosos vecinos, sobre todo en las entidades binacionales, que son los mismos contra quienes lograron hacer prevalecer el derecho existencial del Paraguay los padres fundadores de la nacionalidad. Para conseguirlo, le basta tener el coraje de hacer uso de la palanca geopolítica de socio indispensable que nuestro país tiene en las usinas hidroeléctricas binacionales.
La debilidad de la posición de una nación se refleja en la sensación de inseguridad de sus líderes. Lo prueba el hecho de que hasta ahora, pese a los siete años transcurridos desde su firma, el gobierno del presidente Cartes no haya avanzado ni un milímetro en la implementación de los seis puntos del acuerdo Lugo-Lula, que prometió sería la hoja de ruta de su gobierno en Itaipú. Tampoco ha logrado avanzar un paso en la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, pese a los más de dos años transcurridos. En ambos emprendimientos estratégicos binacionales, la justa repartición de beneficios devengados solo será alcanzable mediante la renuncia a los masivos sobornos con que nuestros taimados socios vienen comprando hasta ahora la complicidad de nuestros gobernantes de turno. A esto debe seguir una firme posición negociadora, con plazos perentorios, para la implementación de los justos acuerdos a que se llegue, sin desechar la opción que en derecho nos asiste de recurrir a los estrados de la justicia internacional, como ellos lo han hecho en defensa de sus intereses en más de una oportunidad.
En su condición de socio indispensable en las usinas hidroeléctricas binacionales, el Paraguay no tiene que atravesar ningún campo minado para reivindicar sus legítimos derechos de justa paridad en la administración de las usinas y el equitativo reparto de las utilidades allí devengadas. Solo falta un gobierno patriota que impulse las acciones que serían necesarias para lograrlo. Que tanto Brasil como Argentina tengan la capacidad de extorsionar a nuestro país con medidas comerciales arbitrarias –como de hecho acostumbran hacerlo de tiempo en tiempo– no debe ser óbice para que nuestro Gobierno desista de sus justos reclamos, ni se disocie de sus legítimas aspiraciones de convertir la servidumbre que sobrelleva actualmente nuestra nación en una alianza estratégica en las binacionales, en absoluta igualdad de condiciones.
Ojalá que se mantenga la acertada y plausible postura de nuestro Gobierno en cuanto a oponerse rotundamente a la transferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur al despótico Gobierno de Venezuela. Y que sirva también como un positivo punto de inflexión de la trayectoria de nuestra hasta ahora acomodaticia y timorata política exterior para recuperar nuestra soberanía energética en las binacionales.