Es de lamentar que ninguno de los tres candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura para integrar la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del exministro Sindulfo Blanco, tenga los suficientes atributos morales o intelectuales para merecer la confianza del Senado. Siendo así, ni Rubén Darío Romero, ni Emilio Camacho ni Alberto Martínez Simón deberían obtener tan siquiera la mayoría simple para que la Cámara Alta proponga su designación al Presidente de la República. Como sus respectivos antecedentes no los hacen acreedores de la distinción de formar parte de la máxima instancia judicial, el citado Consejo debería llamar a un nuevo concurso público para presentar una terna de candidatos que tengan la idoneidad y la “notoria honorabilidad” referidas en los arts. 258 y 264 de la Constitución.
El proceso de selección resultante debe ser transparente y escrupuloso, para que se evite un escándalo como el que supuso que el entonces presidente del Consejo, Cristian Kriskovich, haya votado por la inclusión en la terna de Martínez Simón, magistrado que falló a su favor en un juicio por indemnización de daños y perjuicios por él promovido. ¿Retribución de favores? El postulante fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por tráfico de influencias. Son tan reiterados los reclamos en cuanto a puntajes erróneos que solo cabe concluir que las evaluaciones no son rigurosas. Si a ello se suma que el reglamento de selección otorga a los miembros del Consejo un amplio margen de discrecionalidad que les permite apartarse de estrictos criterios objetivos, permitiéndoles sucumbir así al tráfico de influencias, resulta que las ternas no garantizan que los candidatos sean los más apropiados para ejercer el cargo en cuestión.
No debe sorprender, pues, que en el caso que nos ocupa, uno de ellos sea un exmiembro del Consejo que plagió su tesis doctoral “Constitución y descentralización”, defendida en 2004, de una obra publicada en 1995 por un jurista español. Los respectivos pasajes difundidos por este diario evidencian que el Dr. Romero no entrecomilló los suyos ni mencionó a su genuino autor. Se burló de la ciudadanía al alegar que las identidades son casuales y que él no podía adivinar si sus “conclusiones” habían sido publicadas o no. Tendrá el título de “doctor”, pero no la honorabilidad requerida para ostentar el de ministro de la Corte, aunque su víctima no lo haya denunciado.
Para ello también es preciso haber demostrado la coherencia y el apego a la Constitución que le faltaron al Dr. Camacho en el juicio político al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y en la campaña en pro de la enmienda inconstitucional para permitir la reelección de Horacio Cartes y la del hoy senador y líder del Frente Guasu. En aquella oportunidad, sostuvo que la destitución de su defendido podría ser objetada ante la Corte, tal como lo hizo él mismo más tarde, olvidando que había sostenido lo contrario en su tesis doctoral, resumida en el libro “Constitución y estado de excepción”, editado solo dos años antes. En la ensangrentada aventura reeleccionista, brindó su apoyo intelectual al atentado concebido contra la Ley Suprema, para satisfacer ajenas ambiciones personales. Está bien desacreditado para integrar la suprema instancia judicial, al igual que su colega Martínez Simón, exasesor jurídico del Banco Amambay SA, hoy BASA, así como dilecto amigo y asistente de cátedra del exministro Bonifacio Ríos, marido de la abogada Sara Parquet, defensora de Óscar González Daher. Es claro que los casos penales que afectan al exsenador podrían llegar a la Corte, al igual que uno en el que estuviera involucrado Horacio Cartes.
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El país necesita que en la Corte haya compatriotas de notoria solvencia ética y jurídica, que estén más allá de toda sospecha en cuanto a su voluntad de hacer respetar la Constitución y, por tanto, la independencia del Poder Judicial. Deben gozar de la autoridad que les confieren no solo la Constitución y las leyes, sino también sus propias virtudes.
El prevaricato, el nepotismo y la sumisión al poder político en que han incurrido tantos ministros en los últimos años son las deplorables consecuencias de un proceso de selección viciado en un Consejo que llegó a estar integrado, hasta hace poco, por el entonces senador y hoy “parlasuriano” Enzo Cardozo, mientras estaba imputado por la comisión de dos graves delitos de lesión de confianza. Se trata del mismo órgano que nombró a la exministra Alicia Pucheta como miembro del Tribunal de Honor que juzga el desempeño en las audiencias públicas de los postulantes a cargos en la judicatura y en el Ministerio Público: se recordará que, a cambio de la Vicepresidencia de la República primero y de la Presidencia después, había fallado a favor de que Horacio Cartes pueda ser senador “activo”, en contra del art. 189 de la Constitución.
Vale recordar este escándalo para ilustrar una conducta habitual de quienes encabezan el Poder Judicial: se creen obligados a satisfacer las pretensiones de los mandamases de turno porque saben que no llegaron tan alto debido a sus méritos y aptitudes, sino porque tuvieron el adecuado respaldo político-partidario. Nadie ignora que este último factor es decisivo a la hora de conformar las ternas de candidatos, tanto que el carné de afiliación no es menos importante que un título académico. No es ningún secreto a qué organizaciones políticas pertenecen los doctores Romero, Camacho y Martínez Simón.
Se entiende así que los senadores deban optar hoy entre un plagiario, un partidario de violar la Constitución y un exempleado del “hermano del alma” de Darío Messer. Puede resultar difícil elegir de entre los buenos, pero es preferible a resignarse a elegir el mal menor. Por eso, el Senado hará bien en devolver al Consejo la terna propuesta, sentando el precedente de que no está dispuesto a aceptar la imposición de unas candidaturas que no condicen con el decoro, la firmeza y la independencia personales que deben distinguir a un miembro de la Corte. Si los senadores designaran a uno de los ternados, cargarían con la responsabilidad de haber puesto a consideración del Poder Ejecutivo el nombre de alguien que no merece formar parte de la máxima instancia judicial.
