Testaferros de los ladrones públicos

El mecánico Miguel Ángel Carballo, encausado por enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios, está recluido en una comisaría capitalina por orden de un juez penal de garantías, que también trabó embargo sobre sus cuantiosos bienes, entre los que se incluyen: un centro de compras, un departamento y dos vehículos adquiridos por un valor total de 2.620 millones de guaraníes, a lo que debe sumarse una deuda de 300.000 dólares a cobrar de una legisladora a la que le prestó dinero. El opulento mecánico fue al mismo tiempo funcionario de la Municipalidad capitalina y de la Cámara de Diputados, habiendo sido nombrado en este último órgano por quien lo presidía en 2013, el actual senador Víctor Bogado. Si el polifacético Carballo está en prisión preventiva es porque hay indicios suficientes para presumir que era imposible que acumulara tanta fortuna ni siquiera cobrando simultáneamente dos salarios en la función pública, tal como lo había hecho Gabriela Quintana, la “niñera de oro” de las hijas del mismo legislador. Parece mucho más probable que haya prestado su nombre para que quede oculta la identidad del verdadero dueño de los bienes muebles e inmuebles y del dinero en efectivo que tendría. O sea, sería un simple testaferro o prestanombre.

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El mecánico Miguel Ángel Carballo, encausado por enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios, está recluido en una comisaría capitalina por orden de un juez penal de garantías, que también trabó embargo sobre sus cuantiosos bienes, entre los que se incluyen: un centro de compras, un departamento y dos vehículos adquiridos por un valor total de 2.620 millones de guaraníes, a lo que debe sumarse una deuda de 300.000 dólares a cobrar de una legisladora a la que le prestó dinero. El opulento mecánico fue al mismo tiempo funcionario de la Municipalidad capitalina y de la Cámara de Diputados, habiendo sido nombrado en este último órgano por quien lo presidía en 2013, el actual senador Víctor Bogado.

Si el polifacético Carballo está en prisión preventiva es porque hay indicios suficientes para presumir que era imposible que acumulara tanta fortuna ni siquiera cobrando simultáneamente dos salarios en la función pública, tal como lo había hecho Gabriela Quintana, la “niñera de oro” de las hijas del mismo legislador, que fue contratada por Itaipú Binacional siendo también funcionaria de la Cámara de Diputados en 2013. Se dirá que Carballo pudo haber prosperado reparando muchos automóviles, pero el Ministerio Público sospecha que está incurso en la Ley N° 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esta ley castiga con uno a diez años de cárcel al funcionario que “haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas y los de su cónyuge o conviviente”.

Ahora bien, ¿cabe suponer que el funcionario Carballo se convirtió en acaudalado inversor y prestamista gracias a sobornos recibidos o a desfalcos realizados en la Municipalidad de Asunción y en la Cámara Baja? Es difícil que así haya ocurrido. Parece mucho más probable que haya prestado su nombre para que quede oculta la identidad del verdadero dueño de los bienes muebles e inmuebles y del dinero en efectivo que tendría. O sea que sería un simple testaferro o prestanombre de alguien que no puede justificar el origen de su patrimonio, y que le habría pagado el favor con un par de cargos públicos.

Quizá espera evitar la condena mediante chicanas sistemáticas toleradas por jueces complacientes, ardid en el que su presunto patrón, el senador Víctor Bogado, es un reconocido experto. Con todo, el mecánico está corriendo un serio riesgo de ir a la cárcel para purgar una larga condena por culpa de otro, así que haría bien en revelar el nombre del verdadero dueño de la fortuna que fue puesta a su nombre, en cuyo caso podría ser acusado solo por la producción de documentos no auténticos, delito castigado con penas mucho menos duras.

La delación premiada, a la que también puede recurrir el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann, resulta muy eficaz contra las asociaciones ilícitas. Gracias a ella, la Operación “Lava Jato” pudo sacar a la luz en el Brasil una densa trama de corrupción en las más altas esferas gubernativas. También en la Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, entre muchos otros países, se ha revelado como instrumento útil para quebrar complicidades a cambio de una recompensa no monetaria, es decir, la reducción sustancial de la pena.

Es obvio que la “colaboración eficaz”, así llamada en Perú, contribuiría a detectar a evasores, contrabandistas, coimeros, narcotraficantes, ladrones de fondos públicos, etc., etc., que se esconden detrás de los prestanombres. Si Carballo prefiere inmolarse permaneciendo quien sabe cuánto tiempo entre rejas antes que contar la verdad, su protector y a la vez protegido le quedará muy agradecido. Claro que también este sufriría un perjuicio, pues la Ley N° 2523/04 dispone que “la condena judicial firme y ejecutoriada por el hecho punible de enriquecimiento ilícito producirá el comiso especial de los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero o derechos obtenidos ilegítimamente por su autor o partícipe...”.

Carballo y su familia deben pensar muy bien si va a decir la verdad o va a la cárcel para salvar a su “patrón”, que le estará prometiendo el oro y el moro para que no hable, y amenazándolo por si quiera hacerlo.

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