Ante la marcha de los acontecimientos políticos, vale la pena volver a destacar la reciente patriótica decisión del Senado de la República de rechazar el contrato de préstamo suscrito por el Ministerio de Hacienda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$ 200 millones que, a estar por su OBJETO, se destinaría a la financiación de cualquier cosa, menos obras de infraestructura vial específicas, como pretende hacer creer a la gente el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. Como si la ambigüedad de su objeto no fuera suficiente para despertar sospecha pública acerca de su verdadera finalidad, el mismo ha sido concedido por el banco bajo la objetable modalidad de “libre disponibilidad”, a la manera de los “gastos sociales” con que las usinas hidroeléctricas binacionales financian el clientelismo político de los gobiernos de turno en cada margen.
Al analizar los términos del acuerdo de préstamo, los senadores se toparon con la sorpresa de que el OBJETO del mismo nada tenía que ver con la financiación de obras viales encaradas por el MOPC, como saltó a sostenerlo el titular de dicha cartera de Estado. En efecto, la cláusula 2.01 del mismo establece: “(a) El préstamo tiene por objeto APOYAR LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE REFORMA DE POLÍTICAS (las mayúsculas son nuestras) consistentes en mejorar la eficiencia en el financiamiento y la gestión de la inversión pública a través de medidas de política dirigidas a: (i) fortalecer el marco estratégico, legal e institucional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); (ii) mejorar las capacidades para la gestión de los programas y proyectos de inversión pública; y (iii) promover el uso de Alianzas Público-Privadas (APP) para el financiamiento y la gestión de la inversión pública. (…)”
Ante la insanable contradicción legal existente entre el objeto del contrato y el aducido por el MOPC sin más soporte legal que un mero listado de obras a ser supuestamente financiadas por el préstamo, responsablemente la mayoría de los senadores no tuvo otra opción que rechazarlo in limine. “Todo se tiene que cambiar si quieren que esto sea aprobado; cuál va a ser el fondo y la lista de obras tiene que estar adjunto al proyecto de ley”, expresó al respecto el senador liberal Miguel Abdón Saguier. Agregó, de paso, que le llamaba la atención que el propio BID se prestara a “este tipo de cosas”, insinuando corrupción de por medio. “El contrato no tiene nada que ver con infraestructura”, afirmó el legislador.
En los círculos de opinión pública activados por los medios sociales de comunicación tras la declaración del presidente Horacio Cartes de que va a buscar su reelección por atajos antidemocráticos, dada la prohibición constitucional, el rechazo del proyecto de préstamo por el Senado generó curiosidad y sospecha, en el sentido de que bien podría ser cierta la versión de que el Gobierno de Horacio Cartes tiene planeado destinarlo solapadamente al financiamiento de su campaña de reelección. La modalidad delictual a utilizar sería un calco de la que en su momento se valió la destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para hacer lo propio con su campaña de reelección, echando mano de los recursos de la petrolera estatal Petrobras. Como se sabe, ese bochornoso suceso político conmocionó al país y terminó llevando a la cárcel a los más poderosos empresarios brasileños y prominentes políticos, la mayoría de ellos pertenecientes al Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva.
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Si tal suposición resultara ser cierta, los US$ 200 millones del préstamo en cuestión se repartirían por dos andariveles de financiamiento proselitista: uno, destinado a ganar la adhesión de las masas populares mediante generosos gastos sociales, y el otro, destinado a cooptar a las élites políticas de todos los colores, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros de la Justicia Electoral, buscando proporcionar visos de legalidad a la flagrante violación de la Constitución Nacional.
Curiosa coincidencia. El contrato en cuestión establece que el dinero del préstamo será suministrado en “dos (2) Tramos de Desembolso”, de US$ 100 millones cada uno. Lo que se sospecha es que, amparado en la cláusula discrecional de la “libre disponibilidad”, el Gobierno va a canalizar la mitad del mismo a través del Ministerio de Hacienda a diversas reparticiones públicas (ministerios de Agricultura, de Salud, Educación, INDI, Indert, Crédito Agrícola de Habilitación, Senavitat, etc., etc.) responsables de políticas públicas de asistencia social. Concomitantemente, el remanente de US$ 100 millones sería administrado por el MOPC para cooptar a las élites políticas a través de un grupo de poderosos empresarios viales que serían favorecidos con jugosos contratos de construcción suficientemente sobrefacturados para el efecto, tal como lo fueron Odebrecht, Andrade Gutierrez y otros con el dinero de Petrobras en Brasil. Estas elucubraciones caben a partir de la sospechosa manera en que se manejó este préstamo, con el objetivo inicial previsto no coincidente con el anunciado más tarde por el MOPC, y con un BID sospechosamente “pojera” a través de desembolsos de “libre disponibilidad”.
Si tuviéramos que acreditar las especulaciones que se tejen en tal sentido, estaríamos frente a una conspiración criminal orquestada por el Gobierno en complicidad con el BID para impulsar la candidatura presidencial de Horacio Cartes a la reelección, a contramano de la Constitución Nacional. Resulta obvio, entonces, deducir que lo que más va a cuidar el Primer Mandatario es que a él no le ocurra el traspié que le costó el cargo a la reelegida presidenta Rousseff. Vale decir, va a hacer todo lo posible para impedir que la Justicia paraguaya eventualmente haga lo que hizo su similar de Brasil, abriendo una investigación para llevar a la cárcel a los burócratas concusionarios, políticos y empresarios corruptos y corruptores que le ayudaron a hacer el rekutu. Con tal propósito, estaría dispuesto a jugar su carta brava en la cooptación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que en una primera instancia avalen su fraudulenta reelección y luego, ya como presidente, lo blinden jurídicamente contra cualquier investigación criminal a posteriori que pueda comprometerlo en el ejercicio del cargo.
Verdad o mentira, a esta altura de los acontecimientos ninguna hipótesis puede ser descartada al respecto de las especulaciones políticas que se tejen. Sobre todo, teniendo en cuenta la abierta política del Presidente de la República al afirmar que está dispuesto a buscar su reelección por el atajo de la enmienda, violatoria de la Constitución nacional, luego de ratificar él mismo, rotundamente y en forma reiterada, que esa posibilidad estaba vedada constitucionalmente.
Ante tan ominosa perspectiva, los diputados oficialistas obsecuentes que impulsan la inaceptable aventura de violar la Constitución Nacional, mediante un nuevo proyecto de enmienda para imponer la reelección, ya rechazado en el Senado, deben desistir de su propósito y dedicarse a legislar para bien del Paraguay, que para eso fueron elegidos.