A estas alturas, la campaña que la Asociación Nacional Republicana –o sea, sus actuales autoridades– asumió como iniciativa oficial partidaria con el objetivo de recolectar firmas destinadas a solicitar al Congreso la enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, ya se convirtió en una escandalosa bufonada ridícula que produce ora risas, ora indignación, pero que entraña un grave peligro para el futuro de nuestro país.
En las planillas de firmas supuestamente solicitantes de la enmienda constitucional pro reelección de Horacio Cartes figuran difuntos, personas ausentes del país, gente que jamás vio siquiera una de tales planillas, políticos que se manifiestan claramente en contra y un sinfín de víctimas de adulteración de sus nombres o de sus firmas. Y, lo peor, mucha gente que estampó su firma de buena fe sin saber lo que iban a hacer con ella.
Después de tantas denuncias formuladas públicamente contra estas planillas, parece obvio que no se debe permitir que tal documento siga corriendo su línea de tramitación regular sin que se le oponga firmemente el obstáculo de la verificación. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no puede remitir esas planillas a la Corte Suprema de Justicia sin más. Tiene la obligación de revisar o hacer revisar, una por una, cada firma puesta en ellas, con el fin de verificar su autenticidad. Y debe mantener el documento completo retenido hasta tanto se lo rechace, por causa de su fraudulencia insuperable, o se lo admita, después de que los elementos y datos espurios hayan sido saneados, cosa que se sabe cómo podría hacerse.
Esta es la solución correcta. Además, es necesario que la justicia ordinaria intervenga en este vergonzoso caso, que constate las irregularidades de las planillas, identifique a los autores y responsables, e inicie el procedimiento penal para su enjuiciamiento, de tal forma que, llegado el momento, esté en condiciones de aplicar las sanciones merecidas por cada quien.
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Los agentes fiscales intervinientes, Ángel Ramírez y Rodolfo Centurión, informaron ayer que adoptaron una serie de medidas, consistentes fundamentalmente en pedidos de informes, que hacen suponer largos trámites y tiempo de espera para que la situación se “enfríe” y termine en el conocido “oparei”, con gran beneplácito para los involucrados.
En cuanto a las consecuencias políticas de este megafraude contra la buena fe pública, lo que se advierte en los distintos ambientes sociales es una mezcla de burla y de indignación ante el comportamiento de los dirigentes del Partido Colorado. En su afán por manipular el tema de la reelección de Cartes, asunto que les trae de cabeza, no se tomaron el cuidado de vigilar el operativo en cada detalle. No es descabellado pensar que fueron los mismos dirigentes quienes dieron órdenes a sus operadores para cometer fraudes, al margen de que a estos o no les interesó otra cosa que cobrar por sus servicios de recolección o se vieron ante la imposibilidad de llenar sus planillas por el rechazo de la gente a suscribir semejante petición y, desesperados, se dedicaron a completarlas de cualquier manera.
La cuestión, para los reeleccionistas de cualquier época o signo ideológico, consiste en tratar de eludir a como dé lugar las disposiciones de nuestra Constitución que, a todas luces y según confirman unánimemente los testimonios de los convencionales del año 1992 sobrevivientes, nunca quiso la reelección presidencial; recuérdese que el tema ni siquiera mereció mayor debate en aquella magna asamblea, porque prácticamente no había disidentes a este principio. “No a la reelección presidencial” era entonces el clamor unánime.
De todos modos, como nuestras instituciones son débiles, nuestros magistrados, jueces y fiscales son temerosos o venales, y nuestros políticos son volubles, sobornables (y baratos), toda esta estructura resquebrajada deja resquicios abiertos para que los que se sienten más audaces se animen a efectuar propuestas claramente insultantes para la ciudadanía, sin que se ruboricen ni sientan temores acerca de cuál es la impresión que dejan ante la opinión pública.
En este momento los campeones de esta forma de hipocresía mentirosa, del “rova atã”, son Cartes, la cúpula oficialista del Partido Colorado y los seccionaleros que les secundan en esta inconstitucional campaña pro reelección. Las ya, a estas alturas, famosas planillas pro reelección del actual Presidente de la República, plagadas de falsificaciones, adulteraciones e invenciones, donde figuran hasta 1.142 personas fallecidas, constituyen una demostración fiel y cabal del grado de inmoralidad que pueden llegar a tener los promotores de esta iniciativa, la que, cada día que transcurre, muestra mejor su capacidad de concitar la antipatía y la indignación de la mayoría de la sociedad cívicamente educada.
Toda la cúpula cartista del Partido Colorado en este momento ya debería estar sometida a investigación fiscal, para que se deslinden responsabilidades y se sepa qué grado de culpabilidad les cupo a cada dirigente de su Junta de Gobierno, a cada dirigente de base, a cada intendente, a cada gobernador, a cada jefe administrativo, en fin, a cada afiliado de ese partido que haya tenido intervención personal en la recolección de firmas. Entre ellos están los falsificadores, los ladrones de identidad y los estafadores de la fe pública; no pueden seguir tranquilamente su vida como si nada malo ni ilegal hubieran hecho.
No está de más insistir en que una parte importante de nuestro porvenir político se encuentra ahora sobre la cuerda floja. Si en manos de esta clase de gente que se halla promoviendo el “rekutu” está el futuro del Paraguay, es para alarmarse seriamente acerca de lo que nos espera.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben movilizarse con firmeza y perseverancia tanto en las calles como ante las instituciones pertinentes para abortar la pretensión espuria de estos traficantes de la voluntad popular.