El proyecto “Gobierno Abierto 2014-2016” impulsado por el Gobierno del presidente Horacio Cartes con la cooperación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) culminará el 30 de junio próximo. A propósito del mismo, la experta internacional Sandra Elena ha expresado: “Gobierno Abierto es un nuevo paradigma entre sociedad y Estado. Es un Estado que se abre, que brinda información, que rinde cuentas”.
Sin duda, en un país donde la transparencia del Estado ha sido una rara mercancía, esta iniciativa es altamente auspiciosa, siendo su mayor logro la promulgación de la Ley N° 5282/2014, “De acceso a la información pública”, que reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional a fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho a acceder a la información sobre los asuntos públicos. En realidad, más que iniciativa gubernamental, esta ley es consecuencia lógica de las fuerzas de la tecnología que en todo el mundo han inaugurado una nueva era de apertura que hubiera sido imposible hace apenas unas décadas. Fuerzas que a través de los medios de comunicación y de la prensa libre permiten a los ciudadanos contar con un flujo de información en tiempo real de todo lo que el Gobierno hace bien, hace mal o no hace.
Uno de los logros más significativos de esta nueva era de transparencia de la gestión pública es que, aparte de identificar a los concusionarios que desde sus cargos en la administración del Estado medran a expensas del erario en connivencia con empresarios corruptores, expone a la luz pública las brechas entre la retórica gubernamental y la realidad de su desempeño. En nuestro país abundan los ejemplos de la dicotomía existente entre lo que el Gobierno predica y lo que en realidad hace. Entre los muchos entuertos que podemos citar están los sonados casos de sobrefacturación en la compra de productos en que incurrieron algunas instituciones, y la designación de la presidenta interina de Petropar, Catherine Vargas, en sustitución del defenestrado titular Rómulo Campos Krauer. En este último caso, el Presidente de la República nombró en reemplazo del destituido titular del ente a quien, como gerente general de la petrolera estatal, había fungido de brazo derecho del mismo en la consumación del delito de sobrefacturación del precio de las garrafas de gas a ser adquiridas.
A más de exponer la hipocresía del Poder Ejecutivo en cuanto a corrupción se refiere, la transparencia actualmente al alcance de cualquier ciudadano ha permitido que periodistas, ONGs y blogueros crucen informaciones para poner al descubierto las innumerables fechorías que a diario se cometen en las instituciones del Estado con la malversación del dinero aportado por los contribuyentes. Casos indignantes son los registrados últimamente con los “planilleros vip” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de los Poderes Legislativo y Judicial, que pudieron ser expuestos ante la ciudadanía mediante los medios de comunicación y la prensa independiente. De idéntica manera han sido desenmascarados políticos inescrupulosos como el senador Víctor Bogado en el caso de la “niñera de oro” y el diputado José María Ibáñez con sus “caseros” mantenidos con sueldo del Estado, así como la funcionaria diplomática María Gloria Sanabria, nombrada en un alto cargo en Nueva York con un sueldo mensual de 10.000 dólares, pero que jamás fue a ocupar su puesto, optando por permanecer en el país y cobrar su jugoso estipendio sin la responsabilidad asignada legalmente.
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Lamentablemente, a diferencia de otros países, hasta ahora en el Paraguay el auge de la transparencia, que ha servido muy bien para desnudar la corrupción que carcome los cimientos de las instituciones públicas, no ha conseguido traer consigo el fin de la impunidad. Ese oprobioso blindaje jurídico que nuestra renga Justicia proporciona a los delincuentes de cuello blanco, quienes están plenamente identificados mediante la transparencia al servicio de la ciudadanía, impide que sean castigados. En tal sentido, bien conocidos son los casos que involucran al exministro del Interior Walter Bower, quien lleva 16 años trabando su proceso por tortura; al exministro Enrique Salyn Buzarquis, sospechado de dilapidar plata del Estado mediante contratos fraudulentos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy, entre otros.
Así las cosas, la única diferencia entre los tiempos de la dictadura stronista y los actuales es que antes había delitos sin que hubiera delincuentes identificados; ahora hay delitos y hay delincuentes con nombres y apellidos, pero, como en el pasado, gozan de la fresca viruta de la impunidad, merced al metafórico campo magnético con que son protegidos por ministros, jueces y fiscales prevaricadores. Alegremente traban sus causas para evitar ser procesados, sin que la Corte Suprema de Justicia sancione con dureza las chicanas, como es su obligación institucional.
Mientras prevalezca la impunidad sobre la Justicia, la corrupción seguirá reinando en nuestro país. La ley de acceso a la información pública continuará siendo letra muerta y la transparencia solo servirá para que la gente vaya acumulando frustración y desengaño sin límites. En consecuencia, se hace necesario que la ciudadanía se manifieste con más fuerza y perseverancia contra la corrupción y la hipocresía del Gobierno.
La contemplación pasiva de la corrupción reinante no sirve para derrotar su paraguas protector que es la impunidad, por lo que solo mediante la firme y perseverante exigencia pública de los ciudadanos y las ciudadanas, los Poderes del Estado se verán forzados a reconocer sus transgresiones y enmendar sus descarados abusos institucionales de poder.