Triángulo de corrupción en las obras públicas

El MOPC es la institución estatal que en todo tiempo ha tenido el mayor presupuesto de inversión, sobre todo bajo el actual Gobierno, que ha inyectado en él la mitad del dinero obtenido mediante préstamos y la colocación de bonos del Tesoro. En tal sentido, el ministro Ramón Jiménez Gaona ha anunciado que para el corriente año su cartera cuenta con un presupuesto de inversión que ronda los US$ 1.000 millones, destinado a la construcción y el mantenimiento de obras viales. Esta sería una noticia bien recibida por la ciudadanía, de no mediar en sus proyectos sospechas de corrupción que contaminan desde antaño, si no a todas, a la mayoría de las obras públicas. A propósito, en los últimos días un diario colega ha venido publicando un típico caso que podría ser otra estafa al Estado mediante colusión triangulada por empresas de construcción vial, consultoras de proyectos y/o de fiscalización y concusionarios del MOPC. Se refiere a la construcción de la avenida Laguna Grande (conocida también como Acceso Este), que conecta San Lorenzo con Asunción en una extensión de 8,7 km y que, dicen, estará terminada en octubre próximo.

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El deber de la prensa comprometida con la sociedad es, entre otros, velar por el buen manejo de los recursos públicos. Por eso, no cesa de realizar denuncias allí donde existe ocultamiento, donde los pedidos de aclaración se contestan con evasivas, o directamente con el mutismo.

Particularmente al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, no le agrada este tipo de publicaciones, pero las tendrá que soportar mientras esté en la función pública. Es posible, también, que tenga razón cuando afirma que él personalmente no está metido en hechos de corrupción, pero muchos de los centenares de funcionarios que tiene a su cargo vienen de corruptas roscas anteriores y son expertos en pasarle la pelota entre las piernas a cualquiera. El ministro no debe olvidar que él es la cabeza de la cartera, y si no aclara debidamente algún negocio dudoso que se realice en su ámbito, él siempre aparecerá como el responsable final, más aún cuando innecesariamente se apresuró en poner a priori la mano en el fuego por sus colaboradores.

El MOPC es la institución estatal que en todo tiempo ha tenido el mayor presupuesto de inversión, sobre todo bajo el actual Gobierno, que ha inyectado en él la mitad del dinero obtenido mediante préstamos y la colocación de bonos del Tesoro. En tal sentido, el ministro Jiménez Gaona ha anunciado que para el corriente año su cartera cuenta con un presupuesto de inversión que ronda los US$ 1.000 millones, destinado a la construcción y el mantenimiento de obras viales.

Esta sería una noticia bien recibida por la ciudadanía, de no mediar en sus proyectos sospechas de corrupción que contaminan desde antaño, si no a todas, a la mayoría de las obras públicas.

A propósito, en los últimos días un diario colega ha venido publicando un típico caso que podría ser otra estafa al Estado mediante colusión triangulada por empresas de construcción vial, consultoras de proyectos y/o de fiscalización y concusionarios del MOPC. Se refiere a la construcción de la avenida Laguna Grande (conocida también como Acceso Este), que conecta San Lorenzo con Asunción en una extensión de 8,7 kilómetros y que, dicen, está previsto que se complete en octubre próximo.

Su construcción fue adjudicada a un consorcio de empresas integrado por EDB Construcciones, propiedad del ingeniero Enrique Díaz Benza, de infeliz memoria para la ciudadanía por haber liderado la construcción de la avenida Madame Lynch, que tanto perjuicio económico y hasta quiebras produjo durante los siete años que duró su construcción, en vez de los tres inicialmente previstos, y cuyo costo inicial de US$ 47 millones trepó a la friolera de más de US$ 70 millones con base en decenas de “prórrogas” y “modificaciones” raras.

El monto del contrato original para la construcción de la avenida Laguna Grande fue de US$ 23 millones, y la orden de inicio de los trabajos fue impartida por el propio ministro Jiménez Gaona en octubre de 2014, con un plazo de terminación de 24 meses. Sin embargo, llamativamente, solo después de recibir el anticipo contractual, el ingeniero Díaz Benza recién percibió que no podía iniciar los trabajos, aduciendo como causa el haberse encontrado con “un diseño que planteó una serie de dificultades que podrían tornar impracticable la obra si no se procede a una modificación”.

En febrero de 2015, el ministro Jiménez Gaona, con toda razón, acusó a la empresa consultora Electroconsult –que había elaborado el proyecto ejecutivo– de ser la responsable de las deficiencias denunciadas por el ingeniero Díaz Benza, por cuya causa el mismo tuvo que ser corregido por la consultora contratada para la fiscalización de los trabajos, lo que de entrada nomás ya produjo un primer aumento del 20 por ciento por encima del costo original, justamente el máximo permitido por la ley de contrataciones públicas. “Ni siquiera estaba registrado el problema de desagües, al cual se puede enfrentar la obra, y esto no será el único problema que vamos a afrontar, debido a que la ciudad se tiró encima de los cauces”, sostuvo con desagrado el ministro Jiménez Gaona en la oportunidad, haciendo una merecida crítica al chapucero proyecto.

Inopinadamente, en un llamativo cambio de actitud, el 15 de junio de ese año, el ministro remitió una nota al procurador general de la República expresando, entre otras cosas, que la consultora Electroconsult “(…) ha dado cumplimiento a todos los aspectos técnicos previstos en el contrato” (¡¡¡!!!), con referencia al suscrito para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra. La insólita reculada del ministro sorprendió a propios y extraños, pues con ello exculpó olímpicamente a la consultora que pudo así deslindar responsabilidad en cuanto al sobrecosto de la obra (US$ 4,6 millones), como lo expresó en el comunicado a la opinión pública emitido en espacio reservado en la prensa, el 19 del corriente.

Para la gente, este teatral desenlace de una controversia que mereció atención pública en su momento es una clara muestra del modo como funcionó y funciona el triángulo de la corrupción conformado por MOPC-consultora/proyectista-constructora: el ministerio encomienda a una empresa consultora la elaboración de un determinado proyecto vial. Esta –que por lo general pertenece a la misma empresa constructora que después gana la licitación–, previa connivencia con concusionarios de la repartición estatal lo diseña defectuosamente, de modo de posibilitar que, de buena o mala fe, la empresa adjudicada para su construcción cuestione las falencias y solicite el “cambio del paquete estructural”, el habitual cliché de reclamo amañado. Obviamente, cuando eso suceda, ya la constructora habrá cerrado el triángulo de la colusión público-privada y el MOPC accede sin retaceos a lo solicitado, pagando a la consultora proyectista o fiscalizadora (dependiendo a quién se adjudique la revisión del proyecto) por el servicio y, por supuesto, por el infaltable oneroso sobrecosto resultante. Esto es lo que sucede recurrentemente desde hace 60 años con la construcción de obras viales encaradas por el MOPC, como puede constatarse revisando el historial de cada una de ellas.

A propósito del reclamo público con relación al sobrecosto que ha tenido el proyecto original de la avenida Laguna Grande, la consultora Electroconsult del Paraguay S.A., en el comunicado antes referido, acusó a la prensa de ser la culpable de tergiversar los hechos en el caso en cuestión, haciendo –con toda desfachatez– recaer sobre ella la responsabilidad del sobrecosto registrado en la obra de referencia.

La verdad es que la prensa se limitó a destacar la sospechosa contradicción inherente a la acusación formulada inicialmente por el ministro Jiménez Gaona contra la consultora y su posterior retractación. La conclusión lógica que la ciudadanía pueda inferir del llamativo embrollo escapa a su cometido, mal que le pese a la triada de actores involucrados en el mismo: MOPC, Electroconsult y EDB Construcciones.

A este paso, en que los altos funcionarios del Gobierno se mofan de la opinión pública y de las denuncias de la prensa en vez de tratar de limpiar la casa, en el Paraguay los ladrones de fondos en las obras públicas continuarán robando impunemente, como en los mejores tiempos de la dictadura stronista.

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