El inicio de un nuevo año suele ser ocasión para fijarse ciertas metas a ser alcanzadas durante su transcurso. Desde luego, no siempre se consigue todo lo pretendido aunque en ello se ponga mucho empeño, ya que hay imponderables que escapan a toda previsión, incluso la del más prudente. Con todo, mucho se habrá podido lograr con esfuerzo e inteligencia y quedará siempre el consuelo, en todo caso, de haber hecho cuanto humanamente estaba al alcance para satisfacer el anhelo.
Es muy raro, en cambio, que toda una colectividad nacional defina algunos objetivos comunes y luego trate de realizarlos dentro del limitado horizonte de 365 días. Se dirá que es casi imposible que sus miembros coincidan en ellos, salvo que tengan un carácter extremadamente general, como el de proteger la vida. No obstante, los paraguayos tenemos en la Constitución varias normas –operativas y programáticas– que muestran el camino a seguir para “asegurar la libertad, la igualdad y la justicia”, según se lee en su preámbulo.
Valga mencionarla porque, para que tengamos un país mejor, serviría de mucho que breguemos de consuno para que los buenos deseos se hagan realidad y porque, probablemente, en los meses venideros se hablará bastante de la necesidad de reformar ese pacto social que es nuestra Carta Magna, como si nuestros dramas educativos y sanitarios, entre otros, solo fueran atribuibles a sus defectos, que los tendrá, como toda obra humana. Sin embargo, como este año no habrá elecciones comunales ni generales, la “clase política” podría dedicarse a discutir algunas graves cuestiones que deben ser atendidas prioritariamente, y barajar las posibles vías de solución.
Siendo presumible que los parlamentarios no tendrán un propósito de enmienda, parece aconsejable que sea la propia ciudadanía la que se ocupe de hacer cumplir la Constitución, movilizándose, como ha hecho el año pasado, en defensa de la legalidad y de la decencia en la función pública. En 2018 hubo un despertar de una sociedad civil que debe seguir manteniendo los ojos bien abiertos para impedir que los facinerosos que fungen de políticos y legisladores sigan burlándose de ella con el mayor descaro. Son numerosos los émulos de Javier Díaz Verón y de Óscar González Daher que siguen haciendo de las suyas a costa del bien común y que, por tanto, deben ser repudiados en todo lugar. Más aún, habrá que exigir al Ministerio Público primero y al Poder Judicial después que sean investigados y condenados de acuerdo a la ley que desdeñan, porque están habituados a la impunidad.
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Los “nuevos vientos” que estarían soplando en esos ámbitos desde el último 15 de agosto deben continuar mediante la sostenida presión de la gente harta de tanta injusticia. La sociedad civil no debe dormirse sobre los laureles ya que solo puede confiar en ella misma, es decir, en la fuerza que le da haber tomado conciencia de que los males que aquejan al país responden mayormente a la corrupción y a la ineptitud de quienes deben estar a su servicio. Se debe mantener el ojo sobre quienes se dedican a defender sobre todo su interés particular, por las buenas o por las malas, antes que el general. Los docentes y los funcionarios inútiles pretenderán seguir aumentando sus ingresos a costa de todos, sin mejorar la contraprestación, gracias a la complicidad de los parlamentarios. Por eso, será preciso que la gente condene a los vividores y les exija resultados, al tiempo de repudiar a los legisladores que les dan el gusto porque integran sus respectivas clientelas.
Haría muy mal el Poder Ejecutivo si la reforma tributaria que ha planteado respondiera solo a la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para pagar mejor al superpoblado personal público. A fines de noviembre último, presentó un paquete de doce proyectos de ley que apuntan a combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. Es de esperar que sirvan, efectivamente, para reprimir con eficacia esas lacras que se han instalado con fuerza en los últimos años, permeando las instituciones, quizá en connivencia con las más altas esferas gubernativas. Para ello, es imprescindible depurar los organismos de seguridad, profundamente contaminados por la delincuencia transfronteriza. También urge que la Fuerza de Tarea Conjunta sea un instrumento mucho más eficaz en la lucha contra la banda criminal EPP. El presidente de la República –insatisfecho con su pobre desempeño– anunció hace unos días que habría cambio de estrategia, siendo de esperar, una vez más, que los asesinos sean derrotados este año para que, entre otras cosas, los secuestrados vuelvan a sus hogares.
Es de desear que la salud y la educación públicas, tan preocupantes por el calamitoso estado en que se hallan, merezcan la atención prioritaria de las autoridades y no solo formen parte de sus discursos retóricos.
Entre otras cuestiones acuciantes, es triste ver que aún existen algunos lugares alejados de la capital que sufren de necesidades apremiantes, como si no formaran parte de la comunidad nacional; es el caso del Alto Paraguay. Allí, sus habitantes viven en el mayor desamparo, ya que a veces todavía quedan varados por semanas en los caminos intransitables, y deben trasladar a sus parturientas y enfermos a localidades ubicadas a cientos de kilómetros, en medio de grandes penurias.
En fin, hay muchísimo que hacer para que este año sea mejor que los anteriores, de modo que la justicia, la paz y la prosperidad alcancen a todos por igual.