Un chiquero a mantener

En un comunicado, las empresas privadas proveedoras de combustibles afirmaron que el mercado es y debe seguir siendo libre, y que cualquier empresa, incluso la estatal, tiene derecho a operar en él siempre que se ciña a un marco de igualdad de condiciones y sin privilegios. Si creyeron oportuno manifestarse en tan obvio sentido es porque el Gobierno se ha lanzado al salvataje de Petropar –corrupta y obsoleta empresa que viene de la época de la dictadura, y vaca lechera preferida de gobernantes y políticos– mediante una serie de medidas contrarias a la libertad de concurrencia, que colocan a ese ineficiente engendro del estatismo en una posición de claro predominio, so pretexto de “favorecer” al consumidor. Lo que ocurre, lisa y llanamente, es que el Estado interviene en el mercado en beneficio de Petropar para mantener gorda a su vaca lechera, hasta el punto de obligar a las empresas privadas a comprarle sus productos, ignorando el art. 107 de la Constitución, que garantiza “la competencia en el mercado” y prohíbe la creación de monopolios. Es que una empresa estatal sobredimensionada, en la que los negociados y el clientelismo están a la orden del día, solo puede sobrevivir si les atan sus manos a sus competidores.

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En un reciente comunicado, las empresas privadas proveedoras de combustibles afirmaron que el mercado es y debe seguir siendo libre, y que cualquier empresa, incluso la estatal, tiene derecho a operar en él siempre que se ciña a un marco de igualdad de condiciones, sin ningún tipo de privilegios. Si creyeron oportuno manifestarse en tan obvio sentido es porque el Gobierno se ha lanzado al salvataje de Petropar –corrupta y obsoleta empresa que viene de la época de la dictadura de Stroessner, y vaca lechera preferida de gobernantes y políticos– mediante una serie de medidas contrarias a la libertad de concurrencia, que colocan a ese ineficiente engendro del estatismo en una posición de claro predominio, so torcido pretexto de “favorecer” al consumidor.

Lo que ocurre es, lisa y llanamente, que el Estado interviene en el mercado en beneficio de Petropar para mantener gorda a su vaca lechera, hasta el punto de obligar a las empresas privadas a comprarle sus productos, ignorando el art. 107 de la Constitución, que garantiza “la competencia en el mercado” y prohíbe la creación de monopolios.

En efecto, el Poder Ejecutivo le otorgó un monopolio parcial en la importación y en la venta del gasoil común, de la nafta virgen y de la nafta de 85 octanos, al reservarle por decreto nada menos que una cuota del 50% del mercado. Más aún, como la licencia de importación otorgada por su cómplice en el affaire, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), supone un previo informe de Petropar, resulta que la empresa estatal decide cuánto combustible puede importar cada una de las empresas privadas competidoras, dentro del margen que les corresponde. O sea que quienes deben competir con ella no están en condiciones de decidir por sí mismos el volumen de sus operaciones, considerando su demanda en el mercado. Lo decide Petropar, su competidora. De hecho, la estatal actúa como una entidad “reguladora” del sector en el que opera, lo que le permite fijar las reglas de juego a su antojo. Esta situación absurda, que nada tiene que ver con la libre competencia que garantiza la Constitución Nacional, posibilitó que el MIC extorsionara a las empresas distribuidoras de combustibles y a las plantas de almacenamiento y despacho, para que se avengan a adquirir de Petropar los tres combustibles antes citados. Por ejemplo, la empresa mixta brasileña Petrobras fue perseguida durante nueve meses por negarse a hacerlo, hasta que se vio obligada a capitular porque el MIC no le autorizaba a descargar sus barcazas de combustibles. Deplorable desde todo punto de vista, en un país que, en su afán de atraer inversionistas, se está promoviendo afanosamente en el mundo como uno que respeta las reglas del juego y donde hay seguridad jurídica.

Se entiende que, bajo estas condiciones de tipo mafioso, el presidente de Petropar, Eddie Jara, haya podido hablar de una mejora de la rentabilidad, algo que, si fuera verdad –no lo es–, habría sido imposible para esa empresa protegida si participara de la economía con las mismas reglas de juego que las empresas privadas. Es que una empresa estatal sobredimensionada, en la que los negociados y el clientelismo están a la orden del día, solo puede sobrevivir si les atan las manos a sus competidores.

Se busca de todas las formas posibles mantener a flote un “ente obsoleto, corrupto e ineficiente”, como bien lo califican sus víctimas del sector privado, porque se trata de una importante arteria de aprovisionamiento diario de dinero contante y sonante para los manguruyuses de turno. O sea que el estatismo del actual Gobierno, como el de los anteriores, no obedece precisamente a la convicción de que el Estado debe encargarse también de vender combustibles, sino al afán de aprovecharse de una importante fuente de ingresos porque el combustible se vende al contado. A fines del año pasado, el entonces titular de Petropar, Rómulo Campos Krauer, se autopremió con 108.041.997 guaraníes, en tanto que su gerente general, Catherine Vargas, recibió un regalo de 77.716.395. Ambos fueron los ideólogos de una truculenta sobrefacturación de cinco millones de dólares en una operación de compra de garrafas tailandesas, felizmente abortada gracias a revelaciones periodísticas. Estas son sumas menores comparadas con las que han estado en juego, por ejemplo, en el acuerdo celebrado con Petróleos de Venezuela SA, en la época de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, y cuantas otras operaciones se manejan en ese tradicionalmente oscuro chiquero.

Al igual que el decreto que fijó inconstitucionalmente los precios máximos para el gasoil y la nafta comunes, las abusivas medidas antes comentadas son nulas en virtud del principio de legalidad, propio del Derecho Público. La pregunta que se plantea es si el presidente Horacio Cartes y el ministro Gustavo Leite creen, en verdad, que atraerán inversiones quebrantando el Estado de derecho y la seguridad jurídica, dado que lo que está ocurriendo en el mercado de los combustibles cuando se les dé las ganas podrían extenderlo a otros ámbitos.

Hace unos días, el mismo prepotente ministro que determina cupos para empresas privadas locales e impide la libre importación de combustibles sostuvo que “es un despropósito que tengamos cupo” para vender carne a Taiwán, y agregó que “el Paraguay apunta a tener libre acceso a dicho mercado”. Un mínimo de coherencia prohíbe reclamar a un país extranjero lo que se niega a quienes trabajan en el nuestro. El Gobierno dejó de lado el libre juego de la oferta y la demanda para tirar un salvavidas a Petropar y de paso practicar el populismo, alegando que las empresas distribuidoras de combustibles se ponían de acuerdo para lograr ganancias siderales. En tal caso, debería haber aplicado la Ley Nº 4596/13, que veda los pactos para “fijar, imponer (...) o recomendar colectivamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva”. En verdad, es evidente que antes que la libre concurrencia en el mercado, lo que le interesa es mantener viva a Petropar a como dé lugar.

En vez de ampliar el ya monstruoso tamaño del Estado, lo que debería hacer el presidente Horacio Cartes es achicarlo, lo que estaría más acorde con el “nuevo rumbo” prometido, y que hasta hoy no se ve por ningún lado.

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