El sector de la educación, golpeado por la corrupción y la politiquería, recibió un mazazo más en los últimos días, con el deplorable conflicto que protagonizaron el ministro Eduardo Petta y la hoy destituida viceministra del mismo organismo, Nancy Ovelar, que concluyó –como suele ser habitual– con la rotura de la cadena en el eslabón más fino: la destitución de la citada funcionaria.
La crispación que se produjo no surgió, por ejemplo, de ninguna postura asumida sobre la mejora de la política educacional, que debería ser el tema central de las respectivas ocupaciones y preocupaciones de los altos funcionarios. Comenzó con un debate sobre irregularidades administrativas, que es igualmente importante, pero que, de pronto, envolvió a los protagonistas en un altercado que podría calificarse de meramente personal, involucrando a parientes y allegados.
La principal responsabilidad del titular de un ministerio como el citado no es solamente la organización y cualificación del sistema educativo nacional. En nuestro país tiene una labor más, y casi, se diría, prioritaria y más difícil: la lucha contra los dos males mencionados al comienzo, la politiquería y la corrupción.
El ministro Petta afirmó en varias ocasiones que la pésima situación moral en que se debate el organismo que se puso bajo su jefatura es su primer problema a corregir. Que es inútil que se llenen los cargos ministeriales de relevancia con expertos en educación, con los mejores técnicos, con los funcionarios más capaces y honestos, con docentes supercapacitados, si no se resuelve previamente el estado de putrefacción que vicia enteramente las bases del sistema.
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Como cualquiera sabe, el MEC constituyó siempre uno de los más preciados botines de los políticos que alcanzan el poder, porque es capaz de proveer dos elementos que para ellos son fundamentales: decenas de miles de puestos públicos –funcionarios y docentes– que se convierten en clientela electoral, y enormes sumas de dinero para defraudar a gusto, en particular en época de elecciones.
Ayer nomás, por poner un ejemplo de paso, una empresa adjudicada para proveer el almuerzo escolar en Lambaré, que trabaja por cuenta de los fondos de Fonacide administrados por el intendente de esa ciudad, Armando Gómez (PLRA), decidió dejar de prestar el servicio porque no puede cobrar una deuda de 1.086 millones de guaraníes. Y lo mismo ocurre en otras localidades, sin que los sinvergüenzas vayan a parar a la cárcel.
Si solamente se contabiliza lo que se robó y derrochó en las defraudaciones perpetradas con recursos de Fonacide, y se le suma la distribución de rubros docentes a correligionarios, amigos, parentela y operadores políticos, efectuada con total desparpajo, inclusive privando de sus derechos a personas que ganaron concursos para cátedras, entonces se tiene una idea cabal del desquicio moral que campea en ese ámbito.
El ímpetu del ministro Petta en encarar previamente el problema de la corrupción y la necesidad urgente de instalar la transparencia en la administración de los centros educacionales y de los títulos, cargos y merecimientos de los docentes, es elogiable y merece el apoyo público. Es de lamentar, por este motivo, que haya incurrido en el error de contratar irregularmente, en calidad de auxiliar de la Dirección de Alimentación Escolar de la institución que preside, a una persona allegada suya. Sus méritos y capacidad profesional no se ponen en debate, pero resultó muy inoportuno el procedimiento escogido, justamente cuando el discurso oficial estaba insistiendo en la necesidad de adquirir regularidad y transparencia. Además, el proclamado propósito purificador del ministro se vio aún más desmentido en la víspera al conocerse que pidió el comisionamiento a la institución a su cargo del funcionario de Itaipú Gustavo Bogarín, para ponerlo nada menos que al frente de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), con un salario mensual de más de 73 millones de guaraníes. El agraciado tiene negros antecedentes de su época de director administrativo de Itaipú bajo la batuta del director general paraguayo Víctor Bernal. Según frondosas publicaciones de la prensa, Bogarín incurrió en despilfarros y avaló obras “fantasmas” al autorizar importantes desembolsos para “obras sociales” inexistentes. Él mismo reconoció los hechos y se defendió entonces alegando que “Bernal y Nicanor (el entonces presidente Duarte Frutos) me obligaron”. Este es el personaje que Petta rescata ahora para el Ministerio que dirige. Es hasta para dudar si el presidente Mario Abdo Benítez escogió bien a quién enviar a casa en este conflicto entre Petta y Nancy Ovelar.
Es lamentable que en los albores del nuevo Gobierno y con una nueva administración en el Ministerio de Educación, este sector fundamental para el país tenga que estar inmerso en un inoportuno, desacertado y perjudicial entredicho entre dos altos funcionarios y en la contratación de “escombros” en cargos importantes.
Nuestro país está requiriendo angustiosamente una nueva generación de administradores políticos; ya no es el Paraguay de hace medio siglo, cuando tenía poco más de dos millones de habitantes y un centenar de escuelas públicas mal distribuidas en su territorio. Su veloz crecimiento cuantitativo no fue seguido por la mejoría de las prestaciones sociales que pasa a requerir con cada salto demográfico.
Es de esperar que este deplorable episodio no frene las medidas que el sector educacional necesita desesperadamente, para transparentar el uso de sus recursos y mejorar la calidad del sector.