La conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, que vino al mundo para redimir a la Humanidad de sus pecados y predicar el amor al prójimo, es propicia para el encuentro familiar y el examen de conciencia que revele si la conducta individual se ha ajustado o no al mensaje de Jesús. Es una ocasión, además, para reflexionar sobre nuestra sociedad, que se dice cristiana, para saber si los gobernantes y los gobernados han respondido a esa buena nueva.
En tal sentido, el resumen del año que agoniza puede empezar y concluir con un par de sucesos políticos importantes, que pueden juzgarse alentadores. El necio intento de enmendar la Constitución para permitir la reelección presidencial costó la vida del joven Rodrigo Quintana, asesinado en un atraco policial a la sede del PLRA, pero también cabe destacar su fracaso gracias a una noble resistencia ciudadana, en defensa de la legalidad, que libró de mayores males al país. Los comicios internos simultáneos, realizados sin mayores incidentes, con una participación relativamente elevada, demostraron que el civismo paraguayo ha avanzado y que el control del aparato estatal no basta para asegurar la victoria. Como era de esperar, los ahora candidatos presidenciales Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre prometieron que, si fueran electos el próximo 22 de abril, combatirían la corrupción y su correlato la impunidad.
Una saludable reacción contra esa primera calamidad nacional provocó, por primera vez en nuestra historia, la pérdida de la investidura de senador de quien había convertido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un antro de operaciones delictivas, que involucraban a fiscales, jueces y abogados. Dado el sometimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial al poder político, el fallo que condenó a 39 años de prisión al exintendente Vilmar Acosta Marques –autor moral de un doble asesinato– puede calificarse de un insólito triunfo contra la impunidad. Esta indignante tolerancia con quienes delinquen desde un cargo público –se roba y se deja robar– hace que los malandrines, entre quienes descuellan los aduaneros voraces, sigan enriqueciéndose a costa de todos, privando de fondos para mejorar la salud y la educación públicas, tan deplorables como siempre. Al infectar también a los organismos de seguridad, la corrupción favorece el auge del crimen organizado, cuyos sicarios ya matan incluso en Asunción, aumentando la zozobra cotidiana, provocada muchas veces por delincuentes juveniles drogados. La inoperancia de las fuerzas del orden ha permitido la creación de zonas liberadas para los narcotraficantes, al decir del intendente de Caacupé, Diego Riveros. Muchos jóvenes sin esperanzas creen hallar una salida en el crack, sin que desde el Estado se lleve a cabo una política de prevención del consumo y de recuperación de los afectados.
Un papel importante juega aquí el desempleo, que llegó al 8,4%, índice superior al del año pasado, pese a que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 4,3%, con una tasa de inflación del 4,4%. Los buenos datos macroeconómicos no bastan para crear las fuentes de trabajo necesarias para que centenares de miles de compatriotas se ganen el pan con dignidad.
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Por lo demás, la solidez de las finanzas públicas, que incide en la marcha económica, quedó muy afectada por los aumentos salariales para funcionarios y docentes, aprobados alegremente por el Congreso: el déficit llegaría al 1,8% del PIB, superando el límite del 1,5%, fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entretanto, el país se sigue endeudando raudamente, pues el presupuesto aprobado incluye una emisión de bonos por valor de 600 millones de dólares, la mitad de los cuales será destinada al “bicicleteo”, o sea, pago de deudas. Parte de la otra mitad sería invertida en obras viales y administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que no se distingue por su transparencia: sigue empeñado en otorgar la concesión del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a una empresa española con varios pleitos judiciales en el extranjero, pese a que la Contraloría General de la República impugnó todo el proceso licitatorio por no haberse precalificado a los oferentes, entre otras cosas. En ese mismo organismo está instalada la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, que volvió a atrasarse en el inicio de las tareas de limpieza del cauce, con el previsible impacto económico y ambiental. En lo que a esta última cuestión respecta, es lamentable que el presidente Cartes haya dictado, en su propio beneficio, el Decreto Nº 7702/17, que acelerará la ya masiva deforestación y, por ende, el deterioro del entorno.
Este resumen no puede concluir sin señalar que Edelio Morínigo, Abrahán Fehr, Félix Urbieta, Franz Wiebe y Bernhard Blatz pasarán la Navidad fuera del hogar, en manos de una banda criminal que acaba de someter a un miserable chantaje a dos familias menonitas, porque la Fuerza de Tarea Conjunta sigue mostrándose incapaz de derrotarla.
No son muchos los hechos elogiables aquí referidos, pero hay signos, como los mencionados al principio, que alientan la esperanza de que el pueblo paraguayo reaccione con fuerza ante tanta corrupción, negligencia e ineptitud en las entidades públicas, reclamando sus derechos y denunciando a los malvivientes que lo condenan al atraso y a la ignorancia. Pero no hay que esperar todo del Estado: cada uno debe contribuir, por su propia iniciativa, al bien común, en forma individual o integrando organizaciones civiles.
En su discurso inaugural, el presidente norteamericano John F. Kennedy pidió a sus compatriotas que no pregunten qué puede hacer su país por ellos, sino qué pueden hacer ellos por su país. Con toda seguridad, cada uno de nosotros puede hacer algo por los demás y por la sociedad toda, cumpliendo las leyes y exigiendo que ellas sean acatadas, respetando los derechos ajenos y defendiendo los propios, para legar a nuestros hijos un Paraguay mejor, uno realmente inspirado en los valores cristianos.