Al vicepresidente de la República se le suele denominar “florero” por la poca o casi nula función efectiva que tiene. Las más de las veces protagoniza conflictos con el titular del Ejecutivo, como los que sostuvieron el presidente Raúl Cubas y el vicepresidente Luis María Argaña, Fernando Lugo y Federico Franco, Nicanor Duarte Frutos y Luis Castiglioni, y más recientemente Horacio Cartes y Juan Afara.
El cargo es ocupado actualmente por el exdiputado Hugo Velázquez, sobre quien se van publicando preocupantes informaciones, de aristas oscuras, que no presagian nada bueno sino más bien futuros conflictos con el primer mandatario, Mario Abdo Benítez.
En 2015, el titular de la Cámara Baja y hoy vicepresidente de la República realizó una visita oficial al Líbano, que fue organizada por el embajador “paraguayo” en ese país, Hassan Khalil Dia. Su comitiva estuvo integrada sobre todo por comerciantes libaneses de la Triple Frontera, entre ellos Walid Amine Sweid, uno de los dueños de Global Logistic Solutions SA, firma radicada en Ciudad del Este y sospechada entonces del lavado de 1.200 millones de dólares, en parte a través del Banco Amambay (hoy BASA). Velázquez aprovechó la ocasión para reunirse con clérigos y parlamentarios de la organización –considerada terrorista por Estados Unidos– Hezbollah, según un artículo publicado en diciembre de 2016 por la prestigiosa revista estadounidense Foreing Policy, bajo el título “Los miembros más prominentes de la red latinoamericana de Hezbollah residen en Paraguay”. Ellos habrían influido en la designación como embajador del mencionado comerciante fronterizo Hassan Khalil Dia, destituido por el entonces presidente Horacio Cartes días después de la publicación, sin que se le den las habituales gracias por los servicios prestados.
Y bien, acaba de revelarse que ya en 2014 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó al Ministerio Público que Walid Amine Sweid, el amigo de origen libanés del vicepresidente de la República que lo acompañó al Líbano, y su socio comercial, el despachante aduanero Ricardo Galeano, habían transferido a Detroit (Estados Unidos) cientos de millones de dólares, desde 2009, a través de cuatro empresas de Ciudad del Este, entre ellas la arriba mencionada. El dinero remesado para la supuesta compra de vehículos usados, que nunca llegaron al Paraguay, era recibido por empresas vinculadas a Hezbollah, según la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Se trata del organismo gubernamental que pidió a la Seprelad que investigara el lavado de dinero desde nuestro país para el financiamiento de una organización terrorista.
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Lo antedicho abre ciertas interrogantes acerca del papel jugado en este grave asunto por el actual vicepresidente de la República y del intercambio de informaciones en el anterior Gobierno. Cuando el entonces titular de la Cámara de Diputados realizó su famoso viaje, tanto la Seprelad, dependiente de la Presidencia de la República, como el Ministerio Público ya sabían que uno de los miembros de su comitiva había montado una presunta red delictiva. Más aún, el entonces Banco Amambay, vinculado al anterior jefe del Poder Ejecutivo, había hecho llegar a la Seprelad once “reportes de operaciones sospechosas” de la firma Global Logistics Solutions SA. En aquellos días, Hugo Velázquez y Horacio Cartes eran aliados políticos, de modo que cuesta creer que el primero no estuviera al tanto de nada.
También es difícil creer que Velázquez, el exfiscal general adjunto asignado en Ciudad del Este y esposo de la fiscala adjunta barrial Lourdes Samaniego, también ignorara que el Ministerio Público había abierto el expediente 68/2014 sobre lavado de dinero y otros delitos, en el que estaban incluidos Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano. En cambio, es más fácil presumir que, en realidad, el actual vicepresidente de la República estaba enterado de todas las actuaciones y que le importaban un bledo, porque algún favor debía a esas amistades. Quizá sea atribuible a su influencia el hecho de que la causa esté paralizada desde hace cuatro años sin que nadie haya sido imputado, pese a la intervención de quince agentes fiscales. Si ella se extinguiera en 2019, por el transcurso del tiempo, los presuntos colaboradores de Hezbollah se sentirían muy agradecidos.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, contó que nada sabía del expediente al asumir su actual cargo y que le informaron de que era “algo delicado”. Lo dijo en el Palacio de López, donde asistió a la presentación del “plan estratégico de lucha” contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como de la proliferación de armas de destrucción masiva. Curiosamente, hasta ahora no surgen indicios que vinculen al vicepresidente con la red montada por su amigo, según la máxima autoridad del Ministerio Público. Una de dos: o Velázquez es un gran “caído del catre” que no se entera de en qué andan sus amigos, o es un gran vivo que se benefició o espera beneficiarse de los presuntos negocios ilícitos de sus “cuates”.
Sus antecedentes, por cierto, no son de los más limpios como para excluir de entrada cualquier nexo no recomendable. Precisamente en nuestro editorial del último 16 de abril ya señalábamos que en la capital del Alto Paraná Velázquez habrá podido conocer a quienes años después serían indagados con respecto a grandes operaciones de lavado de dinero, como el ya citado Walid Amine Sweid. Nos referíamos también a que su cuantioso patrimonio –es dueño de lujosos inmuebles en la Gran Asunción, de docenas de costosos caballos de carrera y de una empresa dedicada a la compraventa y cuidado de equinos– puede haber sido el resultado de su actuación en Ciudad del Este, si son ciertas, por ejemplo, dos denuncias formuladas contra él en 2004. Según la primera, hecha bajo juramento por un exfuncionario del Ministerio Público, solía autorizar oralmente el retiro del depósito de mercaderías incautadas para su ulterior comercialización. La segunda, presentada ante la Cámara Baja, afirma que era sobornado por tabacaleros a través de un bufete. Por supuesto, desmintió dichas acusaciones, lo mismo que la de haber pedido una coima de dos millones de dólares a los dueños de casas de cambio para evitar una intervención, y la de haber cobrado quinientos mil dólares en un caso de evasión impositiva. Ninguna de estas denuncias tuvo consecuencias ulteriores.
Su gran influencia sobre el presidente Mario Abdo Benítez pudo notarse con la reciente orden emitida por este para reincorporar al servicio activo a su hermano, el vicealmirante Carlos Dionisio Velázquez. Este había solicitado motu proprio su pase a retiro hace más de un año, y ahora, bajo el influjo de su hermano vicepresidente es readmitido, y nada menos que como ¡comandante de la Armada! En vez de ser enviados a retiro más generales y almirantes, ya que tenemos 82 de ellos para unas fuerzas armadas casi inexistentes.
Está visto que el vicepresidente Velázquez desea incrementar su poder, en muy malas compañías. Si alguna vez, siendo titular de la Cámara de Diputados, afirmó que el crimen organizado penetró en los tres Poderes del Estado, ahora habrá que impedir que también el terrorismo internacional haga lo mismo.