Hoy se realizan en forma simultánea las elecciones internas de los partidos políticos para elegir candidatos a presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores, además de concejales departamentales y miembros del irrelevante e inútil Parlasur.
Las elecciones más importantes se verificarán en los partidos tradicionales Colorado y Liberal, que, por ser los más antiguos y con mayor cantidad de afiliados, se han convertido en fuertes adversarios más que en simples contendientes coyunturales, inclusive en enemigos en determinados tramos de la historia nacional. Guarda cada uno de ellos historias de enfrentamientos violentos: golpes de Estado, traiciones, conspiraciones, asesinatos y magnicidios, entre otros episodios que fueron formando una cultura política autoritaria, creando desconfianza hacia la democracia, rivalidades constantes y un deterioro paulatino de la institucionalidad.
No obstante, con la caída de la dictadura en 1989, los partidos históricos, y los nuevos que se fueron creando, intentaron respetar las reglas electorales, proceso que no estuvo exento de intentos de retrocesos a través de conatos de alzamientos, resistencia a la ley, asesinatos políticos y tentativas de golpes que, sin embargo, no lograron quebrar el nuevo orden constituido.
El fraude de 1992 en las elecciones internas del Partido Colorado en favor de Juan Carlos Wasmosy y en perjuicio de Luis María Argaña, negado en principio pero luego admitido públicamente por uno de sus principales autores, el senador Juan Carlos Galaverna, tuvo graves y prolongadas repercusiones en la institucionalidad de la República y puso en peligro la estabilidad democrática, por entonces aún muy frágil por el predominio del Partido Colorado y la debilidad de la oposición.
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Los ideólogos de aquel atropello a la voluntad popular y sus gestores ni siquiera fueron molestados por la Justicia ordinaria, a pesar de la gravedad de los hechos. Ese episodio fue como un acta fundacional de la banalización del fraude electoral en el país, que se fue arrastrando a través de todo el curso de la transición hasta llegar a nuestros días con fiscales y jueces que hacen la vista gorda a todo tipo de transgresiones del Código Electoral vigente.
Sin embargo, los partidos políticos, pese a la repetición de tales “picardías”, supieron preservar, a partir de ese fraude en los comicios internos colorados, el valor de la voluntad popular, aceptando la decisión expresada en las urnas.
La engorrosa situación que se venía arrastrando desde 1992 desembocó en el intento de golpe de Estado de 1996, protagonizado por Lino Oviedo contra el entonces presidente Wasmosy, y en el posterior asesinato del vicepresidente Argaña en 1999, para concluir con la purga argañista contra el oviedismo.
La Corte Suprema de Justicia intervino groseramente en el conflicto, “eligiendo” al presidente interino Luis González Macchi –ante la doble vacancia producida con la destitución del presidente electo y el asesinato del vice– “hasta terminar el mandato”.
Tenemos así visualizadas claramente las largas y penosas consecuencias que derivaron de los fraudes electorales, que es de desear nunca más se repitan.
En las elecciones de hoy el interés y la preocupación se centran nuevamente en las del Partido Colorado, por la extrema polarización de sus miembros en torno a dos proyectos. El primero, encabezado por el exministro de Hacienda del actual Gobierno Santiago Peña, que representa la ambición del actual grupo de poder de conservar los innumerables beneficios y privilegios repartidos entre muy pocos amigos del Presidente. El segundo proyecto es liderado por el senador Mario Abdo Benítez, “Marito”, que, a pesar de su juventud, no puede negar su nexo con el régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner, de quien su padre, Mario Abdo Benítez, fue influyente secretario privado. Aún más, “Marito” no ha podido desprenderse totalmente de ese vínculo, ya que, ocasionalmente, ha tratado de justificar supuestas bondades de la dictadura stronista. Por lo demás, cuenta en sus filas con los senadores Galaverna y Silvio Ovelar, autores de fraudes electorales.
Pero, en verdad, ambos grupos cuentan con dirigentes con experiencia en todo tipo de fraudes y disponen de abundantes recursos para motivar a otros a violentar el veredicto de las urnas. En manos de ellos está que en este día el país apruebe o repruebe un crítico examen de civismo y democracia que desde afuera se verá como un fracaso o un éxito. Que el resultado de las urnas no sea el producto de un fraude, porque la experiencia demuestra que las malas artes políticas tienen efectos catastróficos duraderos para el país.
Los nombres de cada uno de los protagonistas quedarán escritos en los archivos como los privilegiados actores de una nueva jornada democrática o como culpables de un negro pasaje de nuestra historia.
Lo que ninguno de los actuales protagonistas de este acontecimiento político debe olvidar, comenzando por el Presidente de la República, pasando por los dos precandidatos y por los principales dirigentes colorados, es que una opinión pública hoy mucho más crítica que la de décadas anteriores estará expectante de lo que ocurra y, sin duda alguna, reaccionará con firmeza, como ocurrió en ocasión del reciente intento de forzar una enmienda inconstitucional para permitir la reelección del actual Primer Mandatario, si es que nuevamente se intenta torcer la voluntad popular. Se trata de ciudadanos y ciudadanas indignados y cansados de tanta desvergüenza, inutilidad y corrupción que a diario exhiben nuestros políticos, y que ya no van a permitir una vuelta al pasado.