Un impuesto contra los pequeños productores

Un impuesto contra los pequeños productores. A instancias del Frente Guasu, y con el apoyo parcial o total de miembros de otras bancadas, en el Senado se reflotó un proyecto de ley aprobado en general en el periodo anterior, pero nunca estudiado en detalle, que crea un impuesto del 15 por ciento sobre la exportación bruta del grano en estado natural. Lo primero que hay que decir al respecto es que no pudieron haber elegido un peor momento. Una vez más, muchos de nuestros políticos y congresistas, alejados de la realidad, encerrados en burbujas ideológicas o en su estrecho mundo de “ciudadanos de primera”, con discursos demagógicos y, lo que es peor, xenófobos, justificando e incitando a la violencia, no son capaces de mirar alrededor y medir responsablemente las consecuencias de sus actos para el verdadero interés nacional, incluyendo el de esos sectores que dicen representar. Nuestro diario ha respaldado la creación o el fortalecimiento de varios tributos, pero, al mismo tiempo, se ha opuesto sistemáticamente a los impuestos a la exportación o a los ingresos brutos, por considerarlos recesivos, injustos, antieconómicos, contraproducentes.

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A instancias del Frente Guasu, y con el apoyo parcial o total de miembros de otras bancadas, en el Senado se reflotó un proyecto de ley aprobado en general en el período anterior, pero nunca estudiado en detalle, que crea un impuesto del 15 por ciento sobre la exportación bruta de granos en estado natural. Y adicionalmente el mismo partido presentó otro proyecto que eleva el Impuesto Selectivo al Consumo a las bebidas con alcohol y con azúcar, y otro más para subir la tasa del impuesto al tabaco del 18 por ciento a un rango de entre el 30 por ciento y el 40 por ciento. 

Lo primero que hay que decir al respecto es que no pudieron haber elegido un peor momento. Una vez más, muchos de nuestros políticos y congresistas, alejados de la realidad, encerrados en burbujas ideológicas o en su estrecho mundo de “ciudadanos de primera”, con discursos demagógicos y, lo que es peor, xenófobos, justificando e incitando a la violencia, no son capaces de mirar alrededor y medir responsablemente las consecuencias de sus actos para el verdadero interés nacional, incluyendo el de esos sectores que dicen representar. 

Nuestro país a duras penas ha venido eludiendo el ciclo recesivo que atormenta a la región desde que se acabó la época de las vacas gordas con la caída internacional de los precios de los commodities agrícolas. La cotización de la soja, por ejemplo, cayó 45 por ciento desde 2015. Argentina está por entrar en recesión con altas tasas de inflación y Brasil está saliendo tímidamente de la peor depresión de su historia. Ambos vecinos han devaluado fuertemente sus monedas, lo que abarata sus productos en relación con los nuestros y alienta el contrabando. 

En este difícil contexto, Paraguay se las ha arreglado para mantener razonables tasas de crecimiento (4,3 por ciento estimado para 2018), con la inflación bajo control (3,8 por ciento proyectada a diciembre), y una depreciación moderada del guaraní frente al dólar del 8 por ciento, sin pérdidas extraordinarias de reservas internacionales. Sin embargo, a nivel interno no ha podido escapar de una creciente desaceleración del consumo en la economía formal, es decir, precisamente la que paga impuestos. 

Subir los tributos en este momento tendrá dos efectos inmediatos. Primero, una reducción automática de la expectativa de crecimiento, lo cual necesariamente impactará en la generación y mantenimiento de empleos en el sector privado y probablemente en los niveles de pobreza. Y segundo, un incremento de la informalidad (es decir, precisamente de la parte de la economía que no paga impuestos), no solamente porque habrá más evasión, sino porque se les darán aún más ventajas a los contrabandistas al aumentar la brecha de precios entre los productos de la economía formal y los del mercado negro. 

Pero, más allá de las consideraciones coyunturales, hay cuestiones de fondo que son todavía más preocupantes. 

Desde esta columna hemos respaldado la creación o el fortalecimiento de varios tributos, hemos apoyado con firmeza el impuesto a la renta personal, hemos estado a favor de la generalización del IVA y hemos insistido en la necesidad de reformar profundamente el régimen del impuesto inmobiliario. Pero, al mismo tiempo, nos hemos opuesto sistemáticamente a los impuestos a la exportación o a los ingresos brutos, por considerarlos recesivos, injustos, antieconómicos, contraproducentes. 

Si lo que se quiere es cobrar más impuestos al agro, lo que corresponde es gravar las ganancias. Incluso se podría pensar en una tasa progresiva a la renta cuando las condiciones lo permitan. El impuesto a la exportación es la peor de las opciones. 

En primer lugar, es un tributo ciego, que no contempla si hay ganancias o pérdidas, algo de por sí malo para cualquier sector y para el funcionamiento de la economía, pero peor aún para el agro, que es típicamente cíclico. 

En segundo lugar, es absurdo castigar las exportaciones, sobre todo en un país como Paraguay, que ya corre con la desventaja de la mediterraneidad y que depende de sus exportaciones para progresar debido a la estrechez relativa de su mercado interno. Por lo general, los países tratan de ser lo más competitivos que pueden en su comercio exterior, incentivan sus exportaciones, no las gravan. Es cierto que Argentina lo hace, pero, con el mayor de los respetos, no es precisamente un buen ejemplo a imitar. Chile, por mencionar un modelo más exitoso, no solamente no les cobra un solo dólar de impuestos a sus exportaciones legales (incluido el cobre), sino que les devuelve hasta el último centavo del IVA. 

Y en tercer lugar, y quizás más importante, un impuesto a la exportación bruta, paradójicamente, no lo pagarán los agroexportadores, ni siquiera los grandes productores, quienes a menudo son también grandes acopiadores (silos) y exportadores, y quienes, en todo caso, están en mejores condiciones de absorber un mayor costo debido a los volúmenes que manejan. Tampoco lo pagarán las multinacionales, que al ser dueñas de aceiteras pueden procesar los granos internamente y quedarse con gran parte del diferencial impositivo. 

Al que más le afectará un impuesto a la exportación será al eslabón más débil de la cadena del agro, el pequeño productor, a quien ya se le descontará el equivalente del tributo en el precio en finca o en silo. Y no estamos hablando de un reducido segmento. Solo en soja, el 54 por ciento de los productores cultiva en fincas menores de 20 hectáreas, el 41 por ciento lo hace en fincas de entre 20 y 500 hectáreas, y apenas el 5 por ciento del total tiene plantaciones de más de 500 hectáreas. 

Hoy, la gran mayoría de los productores de menos de 20 hectáreas están exentos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (Iragro) porque no alcanzan un ingreso mínimo de 76 millones de guaraníes al año (36 salarios). Con un impuesto a la exportación tendrán que pagar de todas maneras y no habrá forma de protegerlos, porque el costo del tributo ya vendrá implícito en el menor precio que les pagarán por su producción. 

La política tributaria es una materia compleja, no es para tomar a la ligera; cualquier medida que se adopte en un determinado ámbito de aplicación tiene un impacto en otro, a veces insospechado, frecuentemente indeseado, y en no pocas ocasiones los efectos son diametralmente opuestos a los que se pretenden. 

Si bien el Ministerio de Hacienda aún no se ha pronunciado específicamente sobre estos proyectos de ley, en nuestra opinión ha hecho lo correcto al convocar a distintos sectores de las fuerzas vivas para analizar el tema en su conjunto y buscar consensos para una reforma tributaria integral cuando sea el momento oportuno. Y en la mesa de diálogo la discusión no solo deberá versar sobre el aumento de los ingresos tributarios, sino que forzosamente deberá incluir compromisos firmes y metas concretas para mejorar la calidad del gasto y combatir la evasión, porque es inmoral pedirles más esfuerzos a los ciudadanos que trabajan en la legalidad para seguir alimentando el derroche, el clientelismo y la corrupción.

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