El gobierno del presidente Horacio Cartes está arrastrando al país al pozo de un acelerado endeudamiento, principalmente vía bonos soberanos, aunque últimamente también pretende hacerlo a través de un llamativo préstamo de US$ 200 millones de libre disponibilidad, concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no para la financiación de un proyecto de infraestructura, sino para pagar deudas que la institución tiene con empresas viales, y que hasta el mes de julio del corriente año ascienden a un total de US$ 70 millones, según declaraciones del presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Emilio Gill.
Desde hace algún tiempo, sectores ciudadanos representados por economistas, algunos de ellos exministros de la cartera de Hacienda, así como por exponentes de gremios empresariales, vienen expresando preocupación por el rápido aumento de la deuda pública, en el sentido de que, si bien le resulte agradable al Gobierno mantenerse con dinero prestado como perspectiva de corto plazo, no podrá evitar que la situación llegue a un punto en que la realidad se imponga a un costo desastroso para la Nación.
En ese sentido, hace algunos días el diputado Amado Florentín (PLRA) expresó su preocupación en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto con relación a una nueva emisión de bonos del Tesoro por valor de US$ 600 millones, prevista por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto General de Gastos para el año 2017. Señaló que, de aprobarse tal solicitud del Ejecutivo, en poco más de un año la deuda pública se dispararía en US$ 1.900 millones más, elevando el total a US$ 9.400 millones, equivalente al 34,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Realmente, de no ponerse freno al afán desenfrenado del gobierno del presidente Horacio Cartes de endeudar al país más allá de su capacidad de pago, el Paraguay podría correr la suerte que le tocó a Argentina en el 2001, cuando se vio imposibilitada de pagar su deuda y cayó en default. O la situación que actualmente sobrelleva Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, que tiene que pagar anualmente US$ 400 millones por dinero obtenido mediante la venta anticipada de petróleo a China y Tailandia por unos US$ 3.000 a 4.000 millones. Este dinero, que tenía que haberse utilizado en obras públicas de infraestructura, el presidente Correa lo gastó en el mantenimiento del Estado, desangrado por un populismo autoritario.
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A Argentina, un país inmensamente rico, le llevó siete años recuperarse de la debacle económica. Siendo Paraguay un país pobre comparado con Argentina, y sin petróleo, comparado con Ecuador, tendría que sobrellevar las penurias de un eventual default por décadas hasta salir del agujero a que lo está arrastrando el gobierno de Horacio Cartes. En realidad, de darse el negro panorama que pronosticamos, lo más probable es que nuestros acreedores internacionales nos demanden ante tribunales de Brasil, Argentina o Estados Unidos, y consigan embargar nuestros ingresos provenientes de las usinas hidroeléctricas binacionales.
Un argumento que el Gobierno esgrime para justificar el acelerado endeudamiento del país es que, para poder crecer, el mismo necesita infraestructura. Un argumento sin duda válido. Pero el Estado paraguayo tiene fuentes de recursos para construir su infraestructura. Por un lado, no por repetido menos cierto, todavía hay mucho margen para ampliar la base tributaria, reducir la evasión y achicar el elefantiásico aparato estatal. Por el otro, mientras sufre penurias económicas, Paraguay es un país pobre sentado sobre una montaña de oro. Lo que deberían estar haciendo los gobernantes de turno, entonces, es luchar para que, como corresponde por justicia, nuestro país venda sus excedentes de electricidad de las usinas binacionales a precio de mercado.
Solo en Itaipú, según los cálculos del afamado economista norteamericano Jeffrey Sachs, el Paraguay percibe por año US$ 800 millones de dólares menos de lo que debería percibir. Si nuestro país dispusiera de sus recursos genuinos, podría construir toda su red de infraestructuras y dar un salto cualitativo en el bienestar de su pueblo sin tener que endeudarse hasta el cuello, cargando la cuenta sobre las generaciones futuras.
Al parecer, al igual que su homólogo ecuatoriano, la paranoia de la reelección está empujando al presidente Horacio Cartes hacia el rumbo equivocado, con grave riesgo para el futuro de la Nación. Desde el momento que el Gobierno está pidiendo prestado dinero no para financiar proyectos de infraestructura, sino para pagar deudas, en el final no se tendrán las infraestructuras necesarias para impulsar el desarrollo económico del país.
Ante tan sombría perspectiva, se impone que el Congreso frene nuevos endeudamientos del país. Y si este no lo hace, la ciudadanía lo debe hacer mediante movilizaciones públicas firmes y sostenidas. De lo contrario, serán nuestros hijos, nietos y bisnietos quienes tengan que pagar la deuda que este Gobierno en forma irresponsable pretende cargar sobre sus espaldas.