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El Gobierno nacional proyecta invertir supuestamente US$ 96 millones en la construcción de cinco edificios para varios ministerios y secretarías en el sector adyacente al antiguo puerto de Asunción. Este proyecto forma parte de un plan de reconversión de unas 27 hectáreas de terrenos circundantes encarado por el Gobierno nacional juntamente con la Municipalidad de Asunción, cuyo costo final es estimado en US$ 400 millones, sin previsión concreta de dónde saldrán los fondos para financiarlo.
Haciéndose eco del escepticismo con que la ciudadanía en general ha recibido esta incongruente iniciativa urbanística, nuestro diario la ha calificado como descabellada, en razón de que la relación beneficio-costo de su implementación es a todas luces negativa. Nuestra objeción básica es que la concentración de edificios y de gente en uno de los extremos más congestionados de la ciudad, absolutamente carente de vías de acceso rápido vehicular, de la modalidad de transporte que fuere, va a obligar a los funcionarios y a la gente que acuda a dichas oficinas públicas a caminar no menos de un kilómetro para llegar al sitio en tiempo útil, a semejanza de lo que ocurre con el estadio de fútbol “Defensores del Chaco” cuando hay gran afluencia de público; por imaginar una comparación.
Las áreas de estacionamiento vehicular previstas en el proyecto son absolutamente insuficientes para los 6.000 funcionarios que se estima trabajarán en las oficinas gubernamentales allí instaladas. De la gente que tenga que acudir hasta el sitio para realizar gestiones, ni hablar en cuanto a encontrar espacio donde estacionar sus vehículos quienes lo posean. Tampoco el metrobús, tal como está proyectado, dará abasto a la demanda de transporte para la gente que diariamente tenga que llegar hasta allí. Menos aún la idílica opción de transporte fluvial masivo por ferry con que los impulsores del atrabiliario proyecto engatusan a la gente.
En vez de gastar US$ 96 millones en un proyecto que, lejos de contribuir al mejoramiento del acceso vehicular al microcentro de la ciudad Capital, claramente lo va a empeorar, lo que el Gobierno nacional y la Municipalidad de Asunción debieran hacer es: construir un puente que, arrancando de la Costanera Norte, atraviese el histórico riacho Cará Cará y llegue hasta Chaco’i, con las cabeceras de su vano central en el banco San Miguel y en la margen derecha del río.
A diferencia del proyecto de reconversión del Puerto, esta obra de infraestructura vial tendrá la importancia estratégica de constituirse en un reaseguro de la vital unión física del Área Metropolitana con el Chaco en caso de que, por causas naturales o accidentales, sufra algún colapso el tránsito vehicular por el Puente Remanso. Hipótesis que, aunque improbable, no por eso imposible, que puede acarrear consecuencias económicas y sociales catastróficas para el país.
El costo de esta crítica infraestructura vial sería mucho menor que los US$ 96 millones que el Estado tiene previsto gastar en la construcción del conglomerado edilicio para reparticiones públicas en la zona adyacente a la plazoleta del puerto. Basta considerar que el Puente Remanso, de 1.370 metros de longitud, construido entre 1975 y 1979, costó US$ 21.587.301.
A más de su crucial importancia estratégica como vía complementaria de unión física con el Chaco, el del banco San Miguel serviría para una comunicación más directa con Clorinda, Argentina, vía Puerto Falcón, por donde se canaliza el mayor tráfico de mercaderías y de personas desde dicho país hacia el nuestro, y viceversa. Y lo que es más importante aún, crearía las condiciones económicas y sociales para que la ciudad de Asunción se extienda gradualmente hacia la margen derecha del río, rompiendo así su secular confinamiento de ser Asunción, tal vez, la única capital del mundo que le da la espalda al río que baña sus costas.
De hecho, no es la primera vez que se plantea la conveniencia de que Asunción utilice su músculo geopolítico de capital de la República para extender sus límites más allá del río, a través de un puente que la una con Chaco’i. Pero, en las pocas ocasiones en que se ha planteado tal posibilidad invariablemente la respuesta ha sido de evasivas políticas: que los municipios chaqueños no quieren que la Municipalidad de Asunción ponga sus plantas en la margen derecha del río; que, en todo caso, sean ellos los que reciban el financiamiento para desarrollar sus municipios, área baja sujeta a inundación, etc., etc. Tampoco la Municipalidad de Asunción, con su crónica renguera de eficacia institucional, ha mostrado interés en tal posibilidad. De hecho, si ni siquiera es capaz de mantener las calles y avenidas de la ciudad sin baches, ni construir puentes sobre los pequeños arroyos que la atraviesan, mucho menos capacitada está para construir uno de gran envergadura para conectarse con la otra margen del río epónimo.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo es que, siendo esto así, actualmente las autoridades de la Municipalidad de Asunción estén frenéticamente embarcadas en el costoso proyecto de la reconversión del Puerto, impulsado por el Gobierno nacional? La verdad es que, al parecer, nadie sabe a ciencia cierta cuánto capital en dinero va a aportar la Comuna al efecto.
En verdad, lo que más convendría al país y a la ciudad de Asunción es invertir poco dinero en acondicionar el área adyacente al antiguo puerto como espacio para disfrute público, con parques y jardines que sirvan al mismo tiempo como disipadores de la creciente polución que afecta a la ciudad. Y con el resto del dinero del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con que cuenta el Gobierno, proceder a construir el segundo puente sobre el río Paraguay a la altura del banco San Miguel, con las ventajas estratégicas que consignamos aquí como las muchas otras que seguramente derivarán de un proyecto de comunicación vial semejante.
Es de desear que prime el patriotismo en vez de los intereses personales y grupales para considerar lo que, a todas luces, es más conveniente para el país: la conexión de Asunción con el Chaco a través de un nuevo puente, en vez de un proyecto que convertirá en una ratonera una zona estratégica de nuestra capital, mientras que muy bien podría ser un espacio abierto y recreativo para las generaciones futuras.