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El señor Horacio Cartes, elegido presidente de la República en comicios legalmente democráticos en 2013, asumió oficialmente su cargo como gobernante de todos los paraguayos, esto, al menos, también dentro del marco de la formalidad institucional y de las regulaciones constitucionales. En la práctica, sin embargo, desde un comienzo ha practicado la baja política, conduciéndose como un sectario seccionalero más.
El cargo de Presidente de la República es el más elevado en la jerarquía política de un Estado como el nuestro; implica el noble deber de asumir la representación de la población íntegra, sin distinguir edades, sexos, niveles sociales, confesiones religiosas ni banderías políticas de ninguna clase. Muy pocas personas acceden a tan alto honor como es el de convertirse en mandatario de todo un pueblo, mas, lamentablemente, no son muchas de ellas las que se dan cuenta de eso y honran tal honor como deberían.
En el caso particular que nos ocupa, pareciera que Horacio Cartes nunca se dio cuenta de la magnitud del rol que asumió el 15 de agosto de 2013. Precipitadamente se había afiliado al Partido Colorado tres años antes de los comicios internos, para lo cual consiguió que una convención partidaria rebajara de diez a dos años la antigüedad de afiliación exigida para ser candidato a presidente. Ya entonces, algunos dirigentes colorados elogiaban la gran contribución monetaria que hacía en las campañas políticas, lo cual fue admitido por el propio Cartes, quien informó que incluso financiaba a candidatos opositores.
Una vez electo presidente y ejerciendo la función, no pasó mucho tiempo para que olvidara su origen apartidario y se convirtiera en un fanático converso de su nueva bandera, enceguecido hasta el punto de olvidar el alto rango de su representación para arrastrarse varios peldaños hacia abajo, incursionando en la lucha interna de su nuevo partido, hasta situarse en el nivel de un simple seccionalero, dedicado a promocionar candidatos y recorrer el país.
Hoy en día, Cartes no solamente hace abandono de sus funciones oficiales casi a diario, sino que conduce la campaña electoral de su candidato, Santiago Peña, utilizando recursos del Estado, haciendo que el erario financie los costos de sus movilizaciones al disfrazarlas como inauguraciones de cualquier minucia, creyendo con esto engañar a la gente.
Por si no fuese suficiente, Cartes se permite manejar el Gobierno como una de sus empresas, convirtiendo a los altos funcionarios del Ejecutivo, así como de los otros dos Poderes e, incluso, de los órganos “extra Poder”, en subalternos suyos, enviándoles órdenes y “consejos” acerca de cómo proceder en tal o cual caso que tenga alguna incidencia en la política menor.
Un ejemplo de esto acaba de darlo (dio muchos otros anteriormente) con el confuso caso de la Gobernación del Departamento de Guairá, que comenzó con una presumida renuncia a la titularidad de la Gobernación, supuestamente presentada ante el Consejo Departamental, por el gobernador electo en 2013, Rodolfo Friedmann, que “le fue aceptada”, dándose lugar a su reemplazo por el presidente de dicha corporación, Óscar Chávez.
Pero habiendo Friedmann negado tal renuncia y llevado el conflicto a los tribunales, después de varios meses de tramitación, la cuestión fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a favor de las pretensiones de Chávez o de quienes lo impulsaron desde las sombras. Como quedó evidenciado de inmediato, el intento de defenestrar al electo gobernador guaireño fue el resultado de la mera puja electoral interna del Partido Colorado. Friedmann se aproximó al movimiento opositor “Colorado Añetete”, liderado por Mario Abdo Benítez, lo que despertó la ira de su examigo, el presidente Cartes, que movilizó a los operadores cartistas del Guairá, en cuya primera fila se anotaron el representante de la Cancillería en Itaipú, Cándido Aguilera; el senador Gustavo “Pipo” Alfonso, el mencionado Óscar Chávez y otros concejales departamentales que respondían en ese momento al cartismo.
Friedmann resistió y resiste su destitución, lo que envolvió al Cuarto Departamento en una ya prolongada crisis. Esto motivó que el actual presidente de la Junta Departamental –sustituyó a Chávez–, el colorado Rodolfo Pereira, hastiado de la situación que afecta al Guairá, revelara hace algunos días que el complot para la supuesta renuncia del gobernador Friedmann se fraguó en Mburuvicha Róga. El propio Pereira se consideró integrante del grupo de complotados. Triste episodio que embadurna aun más al presidente Cartes si es que se prestó para tan sucia maniobra política.
Pero el episodio del Guairá tuvo el pasado martes un nuevo capítulo, cuando el TSJE confirmó a Chávez como gobernador. Hasta aquí podría decirse que todo formaba parte de un proceso judicial sobre un asunto político. Lo que llamó la atención fue que, antes de que la noticia tuviera difusión pública, el presidente Cartes ya estaba felicitando a Chávez como gobernador guaireño, durante un acto proselitista. ¿Cómo se enteró tan pronto? ¿Le bajó “el criterio político” al TSJE, y estos obedecieron?
De hecho, uno de los principales esfuerzos del presidente Cartes desde que asumió el poder estuvo y está destinado en cooptar a las instituciones republicanas para que se amolden a sus propósitos. Así ocurrió con las dos Cámaras y con la Corte Suprema de Justicia durante los aciagos días de su intento de violentar la Constitución para consagrar la reelección vía enmienda, y que tropezó con la tenaz resistencia ciudadana.
El hecho de que Cartes conociera cómo se estaba resolviendo el conflicto en otros ámbitos del Estado no es tan raro; que se anticipe y dé los resultados a conocimiento público, sin embargo, demuestra una de dos cosas: o un desprecio absoluto por el pundonor de los magistrados judiciales y la imagen de la justicia, o un desconocimiento supino de los límites de la prudencia que se aconseja a todo mandatario, cual es mantener las apariencias.
El Paraguay necesita en el Palacio de López de un estadista y no de un vulgar politiquero. Los ciudadanos y las ciudadanas deben analizar con detenimiento la oferta electoral para los comicios de abril de 2018, y decidir si desean o no continuar con este esquema político de fanatismos partidarios y chantajes económicos.