UNA

El senador Juan Carlos Galaverna quiere que el Dr. Froilán Enrique Peralta sea el próximo rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Para el efecto, está tratando de influir en los 62 miembros de la Asamblea Universitaria, hasta el punto de ofrecerles cargos y beneficios en la administración pública, según denunció el Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía. Su protegido –decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias– había integrado la lista de candidatos que él encabezó en las últimas elecciones internas de la ANR. Si el legislador lograra su objetivo, estaría marcando todo un hito en la decadencia de la primera universidad del país.

Bajo la dictadura, el rector era nombrado por el Poder Ejecutivo; ahora resulta que, en democracia, sería digitado indirectamente por un miembro del Poder Legislativo. También en este último caso, la autonomía universitaria, que busca preservar a la institución de los poderes políticos, brillaría por su ausencia, con el agravante de que la injerencia no apuntaría a someter a la universidad a un órgano estatal o incluso partidario, sino a los caprichos de un simple dirigente político.

No es la primera vez, por cierto, que el senador aparece vinculado a la política universitaria, ya que es notoria su ligazón política con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Aníbal Peris, quien también había figurado en la lista de candidatos antes citada. El legislador, que se precia de ser un “bachiller campaña”, no es miembro de la comisión senatorial de Cultura, Educación, Culto y Deportes.

Cabe preguntarse, entonces, por qué tiene tanto interés en la educación terciaria. Como debe presumirse la inocencia, incluso la de quien confesó haber cometido alguna vez un escandaloso fraude electoral, podría decirse que le mueve el deseo de que la UNA realmente cumpla con sus altos fines mediante una mejor administración de su presupuesto, que este año llega a más de 270 millones de dólares. Si así fuera, no habría nada que reprocharle, pues existe un interés general en que los estudiantes reciban una formación adecuada y en que el dinero público sea bien gestionado. El inconveniente de su actual intervención radica en que ella es improcedente porque ningún estamento universitario lo tiene entre sus miembros. Su eventual deseo de que la UNA mejore en todo sentido no le autoriza a intervenir en la elección de sus autoridades ni su condición de legislador le habilita a obtener votos para su candidato a cambio de prebendas. Desde luego, su presunta preocupación por el buen manejo del dinero público –compartida por todos los ciudadanos– no debería llegar al extremo de sugerir el nombre de quien sería director general de Administración y Finanzas de la universidad, en el caso de que su protegido triunfe. Se ha denunciado que se trataría de Víctor Bernal, exsenador sospechado de enriquecimiento ilícito cuando fue director general de Itaipú Binacional y también integrante de la lista de candidatos del movimiento Compañeros Colorados en las elecciones internas. Acaso resulte obvio apuntar que la designación debe hacerla el rector sin tener en cuenta “recomendaciones” extrañas, pero se hallan tan confundidos los ámbitos que no está de más insistir en la autonomía universitaria. Sirva de ejemplo el caso de la Universidad Nacional de Pilar, cuyo rector es el diputado Víctor Ríos.

No sería raro que Juan Carlos Galaverna se haya convencido de que si otro legislador funge de rector, él bien podría influir al menos en la elección de otro. El senador habló en el plenario de la Cámara de los pésimos manejos dinerarios, por decirlo así, del referido diputado-rector. Allí estuvo en su derecho, pero no así cuando, extralimitándose, incursiona en campos que le están vedados. El caso de Víctor Ríos no puede servirle de excusa, sino más bien de motivo para exigir que no se ejerzan a la vez un cargo electivo y otro administrativo.

Que ya no se trate solo de someter a la UNA a los designios de un poder del Estado o de un partido, sino hasta a los de un dirigente político en particular, es un signo elocuente del profundo deterioro de la enseñanza universitaria, que no depende necesariamente de los fondos presupuestados, sino sobre todo de la calidad moral e intelectual de sus autoridades, profesores y estudiantes. Si se impusiera el candidato del senador, habría razones fundadas para creer que la integridad de los miembros de la asamblea de la UNA es francamente cuestionable. En verdad, ya sería el colmo que su elección sirva para apoyar la candidatura del senador a la presidencia de su partido, como sospechan los seguidores de la senadora Lilian Samaniego.

La UNA conoció tiempos mejores y no porque sus presupuestos eran más elevados, sino porque sus estamentos tenían dignidad. Confiamos en que al final prevalezca, pese a todo, el pundonor de quienes elegirán al rector. Por su parte, los estudiantes, que son los directamente beneficiados o perjudicados si el rector de su universidad así como los decanos y profesores son o no personas capaces y probas, deberían estar atentos para evitar que políticos inescrupulosos metan sus hocicos en el centro educativo donde se están formando.