Habiendo transcurrido casi una semana de la tragedia de Curuguaty, el presidente Fernando Lugo no atinó a tomar otra determinación que no sea la clásica de formar una comisión de investigación de los sucesos, un lugar común de los jefes administrativos cuando no saben qué hacer o quieren dar largas a un asunto candente.
Quien debió someterse espontánea e inmediatamente a un juicio político tuvo que haber sido el actual Presidente de la República, primer responsable de estos sucesos, como en su oportunidad lo hizo el presidente José Patricio Guggiari, cuando los hechos trágicos del 23 de octubre de 1931; o renunciar, por lo que optó el presidente Raúl Cubas, en ocasión de los luctuosos acontecimientos de marzo de 1999.
Pero Lugo ni se hace investigar ni renuncia; actúa fingiendo que nada tuvo que ver y que él realmente estuvo ajeno al drama. Ni hablar, por supuesto, de que admita otras culpas, como negligencia o de ineptitud para el mando.
Más bien parece, por el contrario, que está comenzando a adoptar la cínica actitud de tratar de invertir los papeles y ponerse él en situación de víctima, recurriendo al viejo argumento propagandístico de que todo se trata de una conspiración para derrocarlo, y que los partidos políticos quieren conseguir réditos políticos a su costa.
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Se deben tomar muy seriamente las amenazas proferidas públicamente, por medio de la prensa, por dirigentes del Partido Tekojoja y otros luguistas, pues es muy posible que coincidan plenamente o expresen, sin hacerlo completamente explícito, el modo de pensar de los miembros del “club” de gobernantes bolivarianos latinoamericanos, desde Hugo Chávez hasta Cristina Fernández.
Aunque fuera tan solo a modo de hipótesis, los paraguayos deberíamos considerar las represalias que estos presidentes bolivarianos estarían en condiciones de aplicar a nuestro país, invocando los intervencionistas Protocolo de la Unasur y “Ushuaia II”, aunque no estén ratificados por el Congreso paraguayo. Chávez bien podría ordenar que PDVSA no remita más combustibles derivados del petróleo, por ejemplo, con lo que en poco tiempo quedaríamos desabastecidos. Como Petropar debe por pagos demorados, posiblemente esté en riesgo de quiebra y, obviamente, carece de crédito internacional, cabría suponer que esta única medida ya sería suficiente para ponernos en problemas.
En cuanto a las que Cristina Fernández podría ejercer por su lado, evidentemente, son innumerables y tanto o más peligrosas para nuestro país.
No importará entonces que los paraguayos aleguemos encuadrarnos estrictamente en la Constitución y en las leyes para someter a juicio y eventualmente destituir a Fernando Lugo, ya que los bolivarianos locales alegarán que se trata de un “golpe de Estado”, gestionarán el apoyo del “club” bolivariano y harán lo que puedan por suspender los comicios nacionales previstos para el próximo año, con la idea de que Lugo continúe ejerciendo el poder por la vía de la reconducción tácita.
Los gobernantes bolivarianos dispuestos en intervenir en este caso, por su parte, se aferrarán a las cláusulas “democráticas” de los protocolos de Unasur y Ushuaia II, que, aunque no se ajusten para nada a la realidad paraguaya, ellos harán producir las cabriolas interpretativas necesarias para que tales cláusulas les sirvan a sus propósitos. De modo que, dadas estas hipótesis, estaremos ante una situación de bloqueo de la que no podríamos librarnos sin ceder a la extorsión de los bloqueadores, que consistirá, por supuesto, en mantener a Fernando Lugo en el poder, cueste lo que cueste, y buscando que el Congreso renuncie a ejercitar sus atribuciones legales de someterlo a proceso y destituirle.
¿Qué hacer ante esta posibilidad?
Debemos estudiar los paraguayos cómo resistir las eventuales amenazas y hechos de fuerza del “club” bolivariano que con seguridad nos vendrá. Será otra ocasión de fortalecer las fibras de la nacionalidad, las mismas que desde hace siglos mantiene la identidad nacional íntegra e indestructible.
Fernando Lugo debe afrontar un juicio en el que se determine con la mayor claridad cuál fue su grado de responsabilidad en la tragedia de Curuguaty y, tanto o más fehacientemente, qué posibilidades reales tiene de seguir al frente del Gobierno, de gobernarlo con alguna mínima eficiencia hasta finalizar su periodo constitucional, sin causar al país más desgracias o desbarrancarlo en el abismo de la revuelta social, las situaciones políticas excepcionales o la crisis económica.
Los miembros del Congreso tienen que asumir su responsabilidad histórica disponiendo se haga lo que se tiene que hacer en bien de la Nación.