El proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica de la Policía Nacional, aprobado por el Senado, sufrió una modificación en la Cámara de Diputados, por lo que el mismo retornó a la Cámara de origen para su aprobación o rechazo. La enmienda de referencia autoriza a la Policía a detener a personas sin orden judicial ni fiscal, a contramano del Art. 12 de la Constitución Nacional, que establece: “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.
El argumento central de la retrógrada iniciativa de los diputados alineados con el Gobierno es que con esa “facultad” la Policía va a poder combatir el crimen y la inseguridad con más eficacia. Arguyen que la Policía hace su trabajo de prender a los delincuentes, pero que la justicia es pronta y barata para liberarlos, con lo que los mismos retornan campantemente a sus andanzas delictivas en par de horas o de días.
Esto es verdad, pero está lejos de ser motivo suficiente para que la institución retorne a los oscuros tiempos del general Francisco Brítez y de Pastor Coronel, los máximos esbirros del dictador Alfredo Stroessner. En última instancia, no son los fiscales o jueces los verdaderos causantes de la actual inoperancia policial en su combate al crimen. Es la corrupción que impregna la estructura orgánica institucional policial y judicial, de arriba para abajo, como está harto comprobado. Lo que la Policía necesita para mejorar su desempeño es un mando institucional profesionalmente apto y honesto, y una carta orgánica que castigue con mayor rigor las faltas y los delitos cometidos por sus miembros en el desempeño de sus funciones.
En cualquier sociedad organizada no se puede pretender que la Policía acabe con la delincuencia, pero sí que la mantenga a raya. Con disciplina institucional acerca de dónde y cómo administrar sus escasos recursos y su atención, un liderazgo proactivo de su comando institucional puede hacer una significativa diferencia. Los efectos locales de la inseguridad en cualquier zona o ciudad del país –como en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en especial Pedro Juan Caballero– tienen creciente repercusión nacional y hasta internacional. Es por eso que una respuesta estratégica a semejante desafío requiere también el fortalecimiento de la solidaridad nacional con las autoridades, para responder efectivamente en lugares donde el Estado y la sociedad civil tienen más para perder que para ganar. Obviamente, esa solidaridad no vendrá por el camino de una regresión autoritaria de la Policía Nacional.
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A propósito, en la sesión del pasado jueves 15 del corriente el senador Adolfo Ferreiro (Avanza País), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expresó: “Aquí se le otorga a la Policía realizar actuaciones que tendrían que ser dirigidas por el fiscal y controladas por el juez, y eso es muy peligroso”. Por su parte, el senador Arnaldo Giuzzio (PDP) alegó que los cambios que se pretenden hacer en la Carta Orgánica de la Policía “son una visión de seguridad militar”, razón por la que se opuso a la propuesta de Diputados.
Ante la inminencia de aprobación por el pleno del Senado de la versión de los diputados, los opositores y disidentes colorados abandonaron la sala de sesiones, dejándola sin quorum.
A propósito cabe señalar que el proyecto de ley de referencia tendrá sanción ficta el próximo 24 de setiembre. Los que se oponen al proyecto de ley dan como un hecho que si la Cámara Alta aprueba la versión de Diputados, con seguridad el presidente Horacio Cartes la va a promulgar, con lo que la única vía para invalidar la facultad discrecional que se pretende dar a la Policía para detener o arrestar a las personas sin orden del fiscal o juez será recurrir a la Corte Suprema de Justicia demandando su inconstitucionalidad.
Como viene siendo una constante en el Gobierno del presidente Horacio Cartes, las iniciativas de leyes que tienen que ver con concesiones fiscales a grupos económicos de poder, como la otorgada al consorcio de empresas viales Tape Porã, por aparente “iniciativa” personal de dos legisladores del departamento de Alto Paraná, para la ampliación de la Ruta VII, con usufructo de peaje por 30 años más, así como para la aprobación de leyes restrictivas de la libertad y seguridad de las personas, como esta que pretende devolver a la Policía el rol represor que tenía bajo la dictadura stronista, aparecen como iniciativas individuales de parlamentarios y no del Poder Ejecutivo. Esta estratagema política le otorga al presidente Cartes la ventaja de poder negar sus maquinaciones políticas antidemocráticas parafraseando al dictador: “yo no he movido un dedo (…)”.
La iniciativa de los senadores que presentaron el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica de la Policía Nacional viene de la mano del ministro del Interior, Francisco de Vargas, el hombre fuerte del Gobierno para la inseguridad ciudadana y las trapisondas políticas. Tiene como objetivo darle poder al Gobierno para utilizar a la Policía como elemento de control político de los ciudadanos desafectos al régimen. Mucha gente interesada en el tema arguye con suficiente lógica que la verdadera intención del presidente Cartes al querer dar carta blanca a la arbitrariedad policial e impunidad a los “gatillo fácil”, no es combatir con más eficacia la rampante criminalidad que se ha enseñoreado del país, sino para utilizarla como instrumento intimidatorio y represivo, como era en los tiempos de Alfredo Stroessner.
Esta estrategia de aproximación indirecta al autoritarismo que subrepticiamente viene ensayando el presidente Horacio Cartes es un calco de la que se valió el presidente Rafael Correa en Ecuador para consolidarse antidemocráticamente en el poder.
La ciudadanía debe tomar ejemplo de los estudiantes secundarios y universitarios que en estos días se están movilizando de nuevo contra resabios del autoritarismo del pasado en la educación, resistiendo por todos los medios legales a su alcance cualquier intento gubernamental de regresión autoritaria, como este proyecto de ley que pretende otorgarle a la Policía el rol represivo que tenía en los tiempos de la dictadura.