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Una de las escasas funciones que el art. 239 de la Constitución le otorga al vicepresidente de la República es la de “coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Como en tal carácter no tiene mucho que hacer, Hugo Velázquez se está ocupando más bien de coordinar las relaciones entre el abdismo y el cartismo. Parece que no lo está haciendo tan mal, pues ya se habría dado un “primer paso” para lograr la unidad partidaria, según informó él mismo, en compañía del diputado Pedro Alliana, presidente de la ANR, tras un cónclave realizado el miércoles.
No sería solo un “florero”, después de todo. Puede que el hecho de haber sido cartista le haya facilitado la tarea de promover un “abrazo republicano” como el que se dieron el 7 de febrero de 2018, en Curuguaty, el presidente de la República Horacio Cartes y el senador Mario Abdo Benítez, en compañía de personajes tales como Javier Zacarías Irún, Alfonso Noria, Cristina Villalba y Nicanor Duarte Frutos. Conste que el 16 de enero de 2018, en el acto de proclamación de su candidatura presidencial por la ANR, Abdo Benítez había instado a los jueces y fiscales a luchar contra “la corrupción y la impunidad, el mayor cáncer que tiene el país”. Era preciso ganar las elecciones a toda costa, así que se imponía reconciliarse con el principal responsable del “mayor cáncer”.
El próximo 5 de mayo, los esteños elegirán a un intendente, lo que quizá explique la participación del gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, en la conferencia de prensa en la que se anunció el compromiso de “unificar criterios” en las bancadas coloradas del Congreso y de trabajar en forma coordinada desde la ANR. Es que el clan Zacarías Irún seguiría siendo un factor político a tener en cuenta, en la medida que aún tiene algún peso en la organización partidaria local. Se plantea de inmediato la pregunta de si el jefe del clan, también presente en la reunión, apoyará al candidato colorado a cambio de su impunidad en las causas abiertas por delitos varios. Ello supondría el gravísimo escándalo de involucrar de hecho al Ministerio Público y al Poder Judicial en las negociaciones en marcha. Es de esperar que el Poder Ejecutivo se abstenga de intervenir ante los citados órganos para que sean mucho menos rigurosos en sus respectivas actuaciones. Lo mismo cabe decir en cuanto a las que afectan al exsenador cartista Óscar González Daher, si su prisión preventiva fuera discutida en las conversaciones.
El vicepresidente de la República pidió a los seguidores de Horacio Cartes que critiquen menos la gestión gubernativa, ofreciendo a cambio la reparación de injusticias que pudieron haberse cometido en algunas destituciones. En otras palabras, les dijo que volverán al Presupuesto nacional si se portaran bien, utilizando los cargos públicos como moneda de cambio. Es improbable que el expresidente de la República se satisfaga con recuperar una parte de la torta estatal. También pretenderá la impunidad de sus leales y, de paso, hacer realidad su ilegítima ambición de ocupar una banca como senador electo, para lo cual podría contar con el respaldo del presidente de la Cámara Alta.
El senador Silvio Ovelar, que está “feliz por el encuentro republicano”, negó con rotundidad que ello signifique impunidad y que se haya negociado algo. Cuesta creer que, aparte de tocar los temas referidos por Hugo Velázquez, los interlocutores se hayan limitado a hablar de los grandes temas nacionales y a recordarse unos a otros cuán glorioso es el Partido Colorado. En todo caso, es presumible que, al menos en las próximas conversaciones, aparezcan otros asuntos que interesan a la ciudadanía en general, como el de la acostumbrada impunidad. También están los negocios, por supuesto. De uno de ellos ya hablaron el Presidente de la República y el gerente de Tabesa, José Ortiz, en el Palacio de López, en lo que fue una clara demostración de que Horacio Cartes tiene allí las puertas abiertas. Ortiz fue acompañado por Hugo Velázquez. Las negociaciones emprendidas también hacen suponer que el “hermano del alma” de Darío Messer ya no deberá preocuparse de que la Comisión Bicameral de Investigación, presidida por el senador abdista Rodolfo Friedmann, insista en que concurra a declarar acerca de sus relaciones con el prófugo. En todo caso, ya no tendría que inquietarse tanto por las preguntas que los miembros abdistas puedan formular.
La impunidad también podría favorecer a terceros, como el contralor general de la República, Enrique García, hoy sometido a juicio político. Más allá de las bancadas, son varios los senadores que, con sus respectivas clientelas políticas, le deben algún favor. Habrá que ver cómo votan los de la ANR a la hora de la verdad, lo mismo que sus diputados cuando se trate en la Cámara Baja la intervención de municipalidades en manos coloradas. En el editorial publicado cuatro días después del encuentro de Curuguaty, hablamos de la “unidad para la impunidad”. Lo que está en curso bien podría interpretarse como una reedición del mismo proyecto, tras ciertos desencuentros bien conocidos. Se querría hacer borrón y cuenta nueva a costa de la justicia y de la administración pública. Aquí interesa mucho menos el bien común que coaligarse para que quienes han robado a diestra y siniestra no reciban el condigno castigo de ley y para que quienes toleraron o cometieron hechos de corrupción no denuncien a los actuales delincuentes. Una mano colorada lavaría a la otra, para que así todo quede en familia, con el aberrante detalle de que los jueces y los agentes fiscales quedarían sometidos al poder político del coloradismo reconciliado.
Lo que está en juego no es la unidad de la ANR, sino la moralidad y la legalidad en una República hoy presidida por alguien que condenó la corrupción y la impunidad reinantes bajo el cartismo. La ciudadanía tiene buenos motivos para alarmarse ante el contubernio que se está urdiendo en perjuicio suyo.