18 de Julio de 2017

 

Unirse contra un proyecto antidemocrático

El proyecto cartista de constituir una “semidictadura”, de esas que se autolegalizan periódicamente con elecciones y maniobras seudolegítimas dirigidas a eternizar a una claque en el poder, sigue en pleno funcionamiento. El “plan B” pretende instalar a un candidato funcional en la candidatura presidencial, el exministro de Hacienda Santiago Peña, que vendría a ser nominado heredero de Cartes, mientras él buscará hacerse elegir senador (condición vital para conservar los fueros de la impunidad) y desde allí continuar manejando los hilos del Ejecutivo por medio de sus adláteres. Es legítimo que un partido político desee permanecer en el poder de un país democrático. Lo inconveniente para cualquier democracia que se precie es que esta ambición no la conduzca un partido, sino una claque. En nuestro caso, la claque cartista que se sirve del Partido Colorado como ciertas plantas y animales parásitos se valen de otros seres vivos para prosperar a su costa. Toda la ciudadanía decente –integrada por políticos o no– debe comprometerse a impedir que este país pase por las dolorosas etapas de la liquidación progresiva del sistema democrático. Es preciso actuar para impedirlo.

El proyecto político diseñado por el actual presidente de la República, Horacio Cartes, destinado a darles a él y a su anillo político la permanencia en el poder y administración del país durante el mayor tiempo posible, representa un riesgo para la democracia, como lo sería cualquier otro intento del mismo carácter hegemónico y excluyente.

En este mismo momento, hay en Latinoamérica regímenes que pueden servirnos de espejo para advertir lo que el futuro nos puede deparar si este grupo cartista, o cualquier otro de su misma índole, obtiene éxito en su determinación. Ahí están los gobiernos que se dicen democráticos porque cumplen algunos rituales electorales pero que son, en realidad, cuasi dictatoriales, como el de la Nicaragua de Daniel Ortega, quien se conserva en el mando del Gobierno de su país desde 1979. Ahí está, también, el régimen bolivariano de Venezuela, aferrado con uñas y dientes al poder despótico desde 1999, cambiando como sea constituciones, leyes, reglamentos, autoridades judiciales, cúpulas militares, etc., para ajustarlos a sus designios autoritarios, método imitado por los bolivarianos Rafael Correa, en Ecuador, y Evo Morales, en Bolivia. 

Hay que observar la forma y los métodos usados por Horacio Cartes para mantenerse en el poder, siguiendo los mismos pasos del manual de aquellos. Lo único que los diferencia es la identidad ideológica que cada cual declara tener, aunque, en el mundo actual, esto es lo de menos. A Chávez, Ortega, Maduro, Correa o Morales les da lo mismo declararse marxistas y, al mismo tiempo, invocar a la Virgen, abrazarse con el Papa, comerciar activamente con las potencias capitalistas o hacerse multimillonarios, ellos mismos, llevando una existencia rodeada de lujos y placeres “burgueses”. Aquí mismo, en el Paraguay, ya hemos tenido ejemplares de esta “izquierda caviar”.

No son las doctrinas políticas ni las enseñanzas de los próceres a las que están invocando continuamente las que les inspiran, sino su inagotable apetito de poder: poder autoritario, poder excluyente, poder reservado para ellos y sus respectivas “nomenklaturas”. 

¿Por qué Horacio Cartes opta por seguir esos ejemplos? Tal vez se sienta mareado por los placeres del mando sin tener la suficiente madurez para sobrellevarlos, o el autoritarismo forme parte de su personalidad, o simplemente sea víctima de la ambición desmedida y la inescrupulosidad de su primer anillo.

Sea como fuese, en el primer paso dado por Cartes y su grupo para permanecer en el poder cueste lo que costare –como fue el intento de violentar la Constitución para introducir la reelección presidencial por la ventana del fondo–, tuvo un tropiezo muy serio. Ahora ya no podrá hacer el “rekutu”, así que pasó al “plan B”, consistente en intentar instalar en el sillón presidencial a un incondicional delfín, hacerse elegir senador (condición vital para conservar los fueros de la impunidad) y, desde allí, continuar manejando los hilos del Ejecutivo por medio de sus adláteres. 

El proyecto cartista de constituir una “semidictadura”, de esas que se autolegalizan periódicamente con elecciones y maniobras seudolegítimas dirigidas a eternizar a una claque en el poder, sigue así en pleno funcionamiento. 

El “plan B” pretende instalar a un candidato funcional en la candidatura presidencial, el exministro de Hacienda Santiago Peña, que vendría a ser nominado heredero de Cartes, así como Nicolás Maduro fue nombrado sucesor dinástico por Hugo Chávez, en circunstancias parecidas; o como Néstor Kirchner arregló todo para dejarle el cargo a su esposa; o como hizo Lula da Silva con Dilma Rousseff, y Rafael Correa con Lenin Moreno. 

Es legítimo que un partido político desee permanecer en el poder de un país democrático, siempre que sea sin remover los obstáculos legales que se lo impidan. Lo inconveniente para cualquier democracia que se precie es que esta ambición no la conduzca un partido, sino una claque. En nuestro caso, la claque cartista que se sirve del Partido Colorado como ciertas plantas y animales parásitos se valen de otros seres vivos para prosperar a su costa. 

Las circunstancias políticas en el Paraguay actual no muestran una competencia entre partidos y movimientos para lograr el poder a través de una justa electoral, lo cual es lo normal y deseable, sino una puja de un grupo de personas con ambiciones particulares, agitando símbolos de un partido político que solamente le sirven para legitimarse ante el electorado, en contra de los demás miembros de ese mismo partido y de la oposición íntegra, en este momento compuesta de colorados, liberales y demás organizaciones políticas, que se definen como contrarias al imperante régimen personalista de Gobierno. 

Mezclada con ellos hay una ciudadanía obligada moralmente a abrir los ojos ante esta situación, observar con detenimiento e interpretar correctamente. Los que se confundan y crean que todo el proceso electoral que vivimos está ajustado a los cánones políticos correctos, cayendo en el juego de falsas apariencias, lo lamentarán después, cuando sea ya tarde para retrotraer los hechos al estado previo. 

Toda la ciudadanía decente –integrada por políticos o no– debe comprometerse en impedir que este país pase por las dolorosas etapas de la liquidación progresiva del sistema democrático, de amplia y libre competencia, para acabar convertidos en algo parecido a Nicaragua, Venezuela, Ecuador o Bolivia. Pocos paraguayos querrían ver a su patria transformada en feudo de un grupo de poder que, en realidad, no representa a ningún partido, sino a un conjunto de intereses particulares; pero no basta con entender esto, es preciso actuar para impedirlo.

Hay una campaña electoral en marcha y una elección general que se aproxima. Para impedir que el país termine en manos de un grupo de aventureros, es necesario apoyar con más energía la institucionalidad, favoreciendo la pluralidad que permita que mayorías y minorías tengan oportunidad de participar en las decisiones de interés nacional a través de sus legítimos representantes. Para esto es necesario deponer rencillas partidarias e intereses egoístas de personas o grupos, para evitar que el Paraguay retorne a oscuras épocas cuyas secuelas aún sufrimos todos los habitantes.

 
 

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