Según las últimas revelaciones en torno al inminente despojo de las casi doce hectáreas de la “zona primaria” de Ciudad del Este, pertenecientes a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y valuadas en unos 185 millones de dólares, la ilícita operación en marcha fue planeada ya en octubre de 2013, durante una misión oficial a Israel encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Los empresarios y las autoridades nacionales que la integraron fueron agasajados por el empresario venezolano-israelí Simón Falic, dueño del Duty Free de las Américas y vinculado a numerosas corporaciones y fundaciones radicadas en Panamá y Estados Unidos. A su regreso, uno de los miembros de la misión, el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, anunció que empresarios del país visitado realizarían una inversión hotelera en Ciudad del Este. Un año después, el grupo del empresario Falic y el ministro Leite informaron que junto al Puente de la Amistad se instalaría un hotel casino, bajo la franquicia Hard Rock. En enero de 2015, ambos fueron recibidos en sede gubernativa por el presidente Horacio Cartes. El 24 de febrero, tras haberse dado a conocer la localización del proyecto, la anterior Junta Municipal de Ciudad del Este declaró a su puerto “área de desarrollo de un polo turístico”, lo que condujo a que el 26 de octubre de 2016 el Poder Ejecutivo autorizara a los órganos del Estado, previa resolución de la ANNP, a desarrollar un “proyecto turístico y de inversiones” dentro del referido predio de esa entidad portuaria estatal.
Prosiguiendo con este bien planificado fato, en noviembre se creó la firma Juegos Deportivos del Paraguay, cuyo director-presidente es el abogado Óscar Morel Salomón, presunto testaferro del dirigente “cartista” Javier Zacarías Irún y del consejero de Yacyretá Emilio “Tiky” Cubas Gusinky, con el fin de operar el casino de Hard Rock. El 2 de diciembre, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) aprobó el pliego de bases y condiciones para los interesados en construir el hotel casino, que sería explotado durante 30 años. El 3 de marzo de 2017, como era de suponer, el Poder Ejecutivo aprobó el referido “proyecto turístico y de inversiones”, así como el correspondiente pliego y la convocatoria a licitación pública.
Esta resumida cronología de los hechos que condujeron a este decreto, violatorio del art. 19 de la Ley Orgánica de la ANNP, que prohíbe a los miembros de su Directorio –y por extensión al Poder Ejecutivo– a comprometer los intereses de esa entidad en operaciones comerciales, industriales o financieras ajenas a su objeto, ilustra una perversa trama montada en perjuicio del Estado y en beneficio de personajes ligados al Presidente de la República, entre los que figuran los hermanos Zacarías Irún, el consejero de la EBY y primo del ministro Leite, el citado Tiky Cubas, y el diputado Elio Cabral, quienes el 24 de noviembre de 2015 se reunieron con el empresario Falic para hablar de negocios en la “zona primaria”. Todo empezó a armarse cuando aún estaba vigente un contrato sobre la “zona primaria” –igualmente ilegal, pero menos publicitado y de menor alcance– con la firma Suisse Investment, suscrito en enero de 2013 por el extitular de la ANNP y exdiputado Fernando Nicora. El acuerdo fue rescindido por la ANNP recién en julio de 2014. Es seguro que hubo suficientes motivos jurídicos para tomar dicha decisión, sugerida por la Procuraduría General de la República, pero ello no excluye que quienes llegaron al poder en 2013 hayan estado de lo más interesados en intervenir en un negociado similar, pero con otros socios, probablemente más “caritativos”.
Se preguntará el lector por qué no se ha hecho aún el llamado a licitación, y la respuesta es que, según el titular de la Conajzar, Javier Balbuena, hay un pleito pendiente de resolución sobre la validez del contrato rescindido, en el que se ha dictado una medida judicial cautelar que impide el llamado. O sea que el largo operativo resultó ser al fin y al cabo bastante chapucero: el Poder Ejecutivo no estaba enterado del juicio abierto cuando dictó su último decreto, como tampoco, aparentemente, de que el inmueble en cuestión no ha sido desafectado del servicio público, razón por la cual, según el procurador Roberto Moreno, el contrato rescindido tenía un “objeto nulo”. Por el mismo motivo, la nueva fechoría concebida no puede tener el desenlace que anhelan sus autores, es decir, aprovecharse de un inmueble destinado a un servicio público, que no puede ser desafectado por una ordenanza municipal, una resolución del Directorio de la ANNP o un decreto del Poder Ejecutivo, sino solo en virtud de una ley. A nadie se le ocurrió consultar con la Procuraduría General de la República y esta prefirió guardar silencio mientras el fétido asunto se gestaba ante sus puertas, con el resultado de que el presidente Cartes incurrió en un papelón mayúsculo.
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Si se cometieron tantos desatinos es porque los interesados estaban muy ansiosos por echar mano a un enorme filón, valiéndose de sus estrechos lazos con el Primer Mandatario. Por si acaso, matando dos pájaros de un tiro, podían también sacarle provecho inmediato a la experiencia acumulada en Israel por Simón Falic en materia de financiamiento de campañas electorales. Lo del llamado a licitación pública es una simple formalidad, pues el ganador ya fue consagrado en 2013, mucho antes incluso de la famosa ordenanza sancionada en función del socio del esposo de la jefa comunal Sandra McLeod.
El presidente Cartes debe poner fin a este nauseabundo emprendimiento en el que se vio envuelto por la excesiva codicia de sus allegados del “nuevo rumbo”. Los muy sucios trapos de estos tipos salieron a la luz, y lo que corresponde no es blanquearlos, sino enviarlos al basurero, para que el Poder Ejecutivo no quede pegado a una maniobra fraudulenta tan descarada.