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La visita a nuestro país del renombrado economista norteamericano de fama mundial Jeffrey Sachs anunciada para el 19 del corriente, a los efectos de dictar una conferencia magistral denominada “Movilizando la economía hacia el desarrollo”, es una ocasión propicia para referirnos al recordado informe realizado en 2013 por el mismo a pedido del Gobierno paraguayo. El citado evento tendrá lugar en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay.
Como es de conocimiento público, según las conclusiones del mencionado estudio que incluyó referencias a las condiciones del Tratado de Itaipú y la implementación del mismo mediante una sociedad comercial tipo joint venture paritario entre ambos países socios, de no haber mediado los abusos financieros y administrativos cometidos por las autoridades brasileñas del ente binacional –desafortunadamente consentidos y convalidados por el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy en 1997– el Paraguay hubiera tenido cancelada ya en 2008 su parcela de deuda por los créditos tomados para la construcción de la usina, en vez de tener que hacerlo recién en el 2023 como quedó finalmente convenido. De no haber sido por la vil abdicación del Estado paraguayo de un derecho inherente a su soberanía energética, el Gobierno hubiera tenido el derecho de reclamar al Brasil la devolución de US$ 5.300 millones en el 2023, según lo estimado por el doctor Sachs en su respetable informe.
Como corolario puntual de la estafa brasileña –convalidada por nuestras autoridades vendepatrias–, según el análisis del doctor Sachs, solo en el 2012 Paraguay dejó de percibir US$ 780 millones por su excedente energético cedido a Brasil en Itaipú a precio irrisorio, en vez de su valor real a tarifa de mercado, ya descontados los costos concomitantes, así como los pagos recibidos en tal concepto.
Dando, acertadamente, como irreparable la catastrófica estafa de la que ha sido víctima el Pueblo paraguayo en Itaipú, en la oportunidad, el doctor Sachs había sugerido al Gobierno paraguayo no esperar hasta el 2023 (año en que vence el plazo para la revisión del Anexo C del tratado) para plantear una renegociación y convocar a organismos internacionales como la ONU y el Fondo Monetario Internacional para hacer una conciliación de cuentas a fin de que el Paraguay pudiera rescatar mas no fuera aunque sea una parte de lo que Brasil le roba en la usina binacional.
Pero, como se vio después, esta realista sugerencia del doctor Sachs al Gobierno paraguayo cayó en saco roto. ¿Por qué? Porque el gobierno de Horacio Cartes, que asumió ese año, la desestimó públicamente, calificándola como la mera opinión de un experto, no vinculante con la política que su Gobierno iba a establecer en la binacional. Afín con la actitud timorata y entreguista del presidente de la República, la consejera de Itaipú, Leyla Rachid, sostuvo al respecto en la ocasión que el informe Sachs no sería tenido en cuenta por las nuevas autoridades paraguayas de la entidad. “La hoja de ruta del Gobierno del presidente Horacio Cartes en Itaipú será el acuerdo Lugo-Lula”, había expresado en su oportunidad la excanciller.
En el final, ni siquiera uno solo de los seis puntos del acuerdo citado fue reclamado por el presidente Cartes a su homóloga Dilma Rousseff, menos aún lo hizo el director general paraguayo en la binacional, James Spalding.
En vez de intentar avanzar algunas de las reivindicaciones dentro del contexto del acuerdo Lugo-Lula, como la gradual libre disponibilidad del excedente de electricidad paraguaya, o la cogestión plena e igualitaria en la administración de la usina, Spalding se dedicó a sumar alharacas a las de su par brasileño por los récords obtenidos por la usina binacional a nivel mundial, que solo beneficiaba al vecino país pero con nulo beneficio para el Paraguay. Es más, se ganó fama como encubridor de escándalos de acosos y abusos sexuales al interior de la administración de la margen paraguaya de la entidad.
A propósito de la recomendación del doctor Sachs de plantear la revisión anticipada del Anexo C del tratado, el pasado jueves 13 del corriente, al salir del Palacio de Gobierno, el canciller Luis Alberto Castiglioni adelantó que la renegociación del Tratado de Itaipú se va a “encarar desde el punto de vista nacional”. Enfatizó que tal revisión no será “causa de un partido, sino una cuestión de todos los paraguayos”. “Estoy convencido de que el presidente Mario Abdo Benítez lo va a encarar de esta manera y a la hora de convocarnos para conformar los equipos en el futuro, lo va a hacer con esta visión”, sostuvo.
El hecho de que hasta ahora Brasil actúa más como un depredador que como un socio en Itaipú no debe inhibir al presidente paraguayo de plantear la revisión anticipada del Anexo C del Tratado, como lo aconsejara en su informe el doctor Sachs, quien, por otra parte, podría convertirse en un asesor clave para tal menester. El escenario más pesimista para el Gobierno debe ser que se mantenga el injusto statu quo prevaleciente en la usina binacional hasta el 2023 y que la histórica estafa contra el Paraguay quede impune absolutamente.
Sea como fuere, cuando se cierren las cuentas y ya no exista deuda con los acreedores de la entidad binacional, será dueña soberana de la mitad de la instalación física de la usina y de la electricidad que ella produzca, por lo que de conformidad con el derecho internacional y la Organización Mundial de Comercio, el Gobierno paraguayo tendrá la facultad de venderla a quienquiera y al precio que quiera, o consumirla; al tiempo de exigir absoluta paridad de gestión técnica, administrativa, financiera y comercial de la usina.
Está por verse si se cumple el auspicioso anuncio del canciller Castiglioni y si el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez tiene el coraje suficiente para rescatar lo que por tantos años el Brasil le viene escamoteando suciamente al Paraguay.