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El próximo 27 de marzo se cumplirán tres años del vencimiento del plazo para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá. Para el común de los ciudadanos paraguayos resulta difícil entender que, pese al tiempo transcurrido y las reiterativas afirmaciones de Eladio Loizaga y Juan Carlos López Moreira, canciller y coordinador del equipo paraguayo, respectivamente, de que se continúa avanzando en las tratativas con las autoridades argentinas, hasta ahora no haya ningún principio de acuerdo. La excepción es el presente griego de la “cogestión”, concertado entre gallos y medianoche con el gobierno saliente de Cristina Fernández de Kirchner, con la finalidad de dejar virtualmente en manos del Gobierno argentino la consolidación de las cuentas de la binacional, en razón de ser el Tesoro de ese país su principal acreedor, y por haber sido las autoridades argentinas las que administraron la usina unilateralmente desde su inicio.
Como ocurriera con la nota reversal de la “cogestión”, he aquí que recientemente el director ejecutivo argentino, Humberto Schiavoni –quien además es presidente del PRO, partido político del presidente Mauricio Macri–, ha sorprendido a la opinión pública paraguaya con el anuncio bomba de que “hay un completo acuerdo con los socios del Paraguay para incrementar la potencia de la represa”. Requerido al respecto el canciller Loizaga, en forma muy vaga dijo que la posición del Gobierno paraguayo sigue siendo la misma, en el sentido de que antes se deberán clarificar todas las cuentas de la entidad binacional.
“Lo que hay son estudios, y por supuesto que podemos avanzar en todas esas cuestiones técnicas que tienen que ver con ampliar la capacidad de la hidroeléctrica, porque eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. La idea es que cuando se llegue a un acuerdo total entre las altas partes, de inmediato se pueda trabajar en dichos proyectos”, expresó el canciller Loizaga en respuesta a la consulta de nuestro diario.
Sin embargo, llama la atención de la gente la contradicción existente entre lo anunciado por el director ejecutivo argentino, en el sentido de que “hay un completo acuerdo” con el Gobierno paraguayo para incrementar la potencia de la represa, y la afirmación del canciller paraguayo de que tal acuerdo solo se dará una vez finiquitada la consolidación de las cuentas de la entidad binacional, vale decir, cuando se complete la revisión del Anexo C del Tratado, objeto central de las negociaciones en curso.
Ante la obvia imposibilidad de saber a ciencia cierta quién dice la verdad, debemos fungir como abogados del diablo y admitir la hipótesis de que ambos han soltado solo media verdad con relación al chanchullo que los negociadores paraguayos traidores a la patria están concretando subrepticiamente en la EBY.
Para entender mejor lo que está realmente sucediendo allí entre nuestros representantes –con el Ing. Ángel María Recalde a la cabeza– y sus pares argentinos, tenemos que poner en contexto cuál es el oculto interés “estratégico” por el que se juegan los incondicionales del presidente Horacio Cartes en la EBY, así como sus pares argentinos, obviamente. El personaje central de la trama en cuestión es el director paraguayo Recalde, quien tenía el mismo cargo en 2006, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, habiendo sido el principal impulsor del leonino “Preacuerdo Técnico” concertado con el gobierno de Néstor Kirchner. Dicho acuerdo contemplaba la terminación de la represa de Yacyretá y simultáneamente la maquinización del Brazo Aña Cua, cuyo costo inicialmente estimado era de unos US$ 350 millones, pero que en el momento de concertarse el Preacuerdo de referencia, el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, José Alderete, ya mencionó que la obra iba a costar alrededor de US$ 400 a 450 millones, con la empresa argentina Pescarmona de por medio para las obras civiles.
Cuando Recalde fue nuevamente designado director de la EBY –supuestamente a instancias del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona– habría sido con la misión primaria de impulsar de nuevo el proyecto de maquinización del Brazo Aña Cua, teniendo como cortina de humo la revisión del Anexo C del Tratado.
Cualquiera creería de buena fe que lo que interesa a nuestro Gobierno es en primer lugar completar la revisión del Anexo C del Tratado, cuyo finiquito pasa por la clarificación de las cuentas de la entidad, para luego negociar la maquinización del Brazo Aña Cua en condiciones equitativas en cuanto a beneficios colaterales inherentes a las obras que deben ejecutarse en la margen paraguaya para tal efecto. Desafortunadamente para el país, eso no está sucediendo en la EBY. ¡El interés estratégico del que están prendidos corruptos negociadores paraguayos y argentinos es la jugosa coima de millones de dólares que tienen previsto repartirse mediante el contrato de maquinización del Brazo Aña Cua!
Así las cosas, es hora de que el pueblo paraguayo se convenza de que los representantes del presidente Cartes en Yacyretá no tienen ningún interés en arreglar las cuentas en la EBY y rescatar los intereses nacionales allí conculcados. Su interés se centra solo en concretar cuanto antes con los argentinos el contrato para aumentar la potencia de la usina binacional mediante la maquinización del Brazo Aña Cua, de donde seguramente surgirán suculentas coimas del colosal contrato.
Si es que nuestra afirmación no es correcta, el presidente Horacio Cartes debe ordenar a su canciller y a todo el Directorio paraguayo de Yacyretá que convoquen a una conferencia de prensa en la que confirmen públicamente si primero se van a arreglar o no las cuentas de la binacional con Argentina, y solo después se conversará sobre Aña Cua. Al Presidente le pueden estar mintiendo, pero él será el responsable de lo que se firme.