Van a incendiar el país

Así como vienen manejando en este momento el presidente Horacio Cartes y el expresidente Fernando Lugo, y sus respectivos acólitos, el tema de la reelección, al parecer están dispuestos a cometer cualquier atrocidad con tal de conseguir su objetivo. Y si esto ocurre, ellos van a ser los responsables directos de alguna catástrofe en tal sentido. Los chupamedias de ambos aspirantes al “rekutu” están en plena campaña de ejercer máxima presión propagandística sobre la opinión pública, tratando de amedrentar a los miembros de altas instituciones del Estado, en especial a los del Poder Judicial, para arrancarles una “interpretación” constitucional que se ajuste a sus ambiciones particulares. Están jugando con fuego y estos juegos pueden derivar en incendios, tal como advirtió recientemente el senador Arnoldo Wiens. Detrás de todo este barullo en torno a la reelección existen poderosos intereses creados. Estamos los paraguayos en este momento en una situación política crítica, surgida de la mera ambición de unas pocas personas dispuestas a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Tienen dinero, influencia, capacidad propagandística, esbirros leales y poder para ejercer represalias, pero no tienen razón ni derecho.

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Así como vienen manejando en este momento el presidente Horacio Cartes y el expresidente Fernando Lugo, y sus respectivos acólitos, el tema de la reelección, al parecer están dispuestos a cometer cualquier atrocidad con tal de conseguir su objetivo. Y si esto ocurre, ellos van a ser los responsables directos de alguna catástrofe en tal sentido.

Los chupamedias de ambos aspirantes al “rekutu” están en plena campaña de ejercer máxima presión propagandística sobre la opinión pública, tratando de amedrentar a los miembros de altas instituciones del Estado, en especial a los del Poder Judicial, para arrancarles una “interpretación” constitucional que se ajuste a sus ambiciones particulares.

Están jugando con fuego y estos juegos pueden derivar en incendios, tal como teme que suceda el senador Arnoldo Wiens, al advertir que “Si la Corte no cumple, nosotros tenemos preparado un juicio político a todos los ministros de la Corte que quieran apoyar la violación de la Constitución. Se va a incendiar el país si se incumple la Constitución. Nosotros no nos vamos a quedar quietos. No hablo solo de la bancada, sino de la ciudadanía, que no va a permitir”. (las negritas son nuestras).

Nuestro diario ha criticado muchas veces que el Poder Legislativo mantenga una espada de Damocles permanente sobre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al dejar el Senado pendiente de continuación un juicio político aprobado por los diputados, seguramente para removerlo en el momento que convenga a algunos de los legisladores o a sus allegados. Sin embargo, puede considerarse atinado que aparezca la posibilidad de un juicio político para quienes, desde el más alto cargo judicial, se atrevan a violar tan flagrantemente la Constitución.

Los miembros de la Corte tienen la obligación legal y moral de hacer respetar la Constitución, y si incumplen este deber fundamental, tendrán que atenerse a las consecuencias personales que prevén las leyes. La impunidad no es admisible ni siquiera para los máximos jueces de la República.

Recogiendo las opiniones ciudadanas que todos los días se expresan y se escuchan a través de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, a todos les queda bien claro que, más allá de lo que se pueda opinar en el ámbito puramente teórico acerca de la conveniencia o no de reincorporar la reelección presidencial en una futura reforma constitucional, actualmente nadie, o solo algunos inescrupulosos pretenden que sea legal y moral que estos dos candidatos –Cartes y Lugo– presionen políticamente para meter esta figura a la fuerza, por la cloaca del fondo de nuestro sistema legal.

En estos últimos tiempos se ha abundado acerca de que la Constitución es muy clara en su proscripción de la reelección presidencial. Asimismo, en su amplia mayoría, los juristas coinciden en que la inventada figura de la certeza constitucional no existe en nuestras leyes, y que esto no puede, de ningún modo, ser remediado por la Corte Suprema de Justicia, para el caso de que pretendan acceder irresponsablemente a las “consultas” que se formulen al respecto de la posibilidad de la reelección.

Para peor, el tema de la reelección ha estado siendo objeto de un abuso retórico que supera lo sensato y lo conveniente, en un país que tiene tantos asuntos importantes pendientes de debate público y solución. No puede ser que durante meses y meses la noticia política con más destaque cada día en nuestro país gire en torno a si Cartes o Lugo están o no dando un paso más hacia la concreción de sus respectivos antojos; acerca de qué se opina de eso, conjeturando cuáles van a ser las artimañas leguleyas que van a utilizar sus abogados, pronosticando cómo los miembros de la Corte van a “interpretar” y según qué línea de influencia.

Detrás de todo este barullo en torno a la reelección existen poderosos intereses creados. Es preciso reconocer que ya tuvieron éxito en al menos esto: desviar la atención pública de los temas importantes para la sociedad, y volcar la atención hacia la suerte que va a correr la ambición de poder de dos o tres aventureros inescrupulosos codiciosos.

Pero toda violación flagrante de la Constitución en esta materia que tratamos, que sea ocasionada o tolerada por el Poder que fuese, va a merecer la repulsa ciudadana. En este sentido, la Constitución es clarísima en su Art. 138, donde dice: “DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURÍDICO. Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores (quienes cambien arbitrariamente el orden constitucional) por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos serán nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento” (las negritas son nuestras).

La frase “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance” es suficientemente categórica como para producir la grave alarma que alertó al senador Wiens, acerca de las terribles consecuencias que podrían darse en el campo de los conflictos que de esa eventualidad se deriven. Toda la ciudadanía debe estar atenta a lo que pudiera suceder en nuestro país en el caso de que una o varias autoridades máximas del Estado pasen por alto, con falsedad, felonía o prepotencia, las clarísimas disposiciones del Art. 229 de la Constitución.

Estamos los paraguayos en este momento, a no dudarlo, en una situación política crítica, surgida de la mera ambición de unas pocas personas dispuestas a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Tienen dinero, influencia, capacidad propagandística, esbirros leales y poder para ejercer represalias, pero no tienen razón ni derecho.

Lo mejor para todos en este país es que este forcejeo absurdo y dañino acabe de una vez, que los ambiciosos declinen sus pretensiones, se ajusten a la legalidad en su conducta pública y a la decencia en su conducta personal, que todos volvamos a trabajar en lo que realmente importa al bien del país, y que el sueño de reelección ilícita de Horacio Cartes, Fernando Lugo, y de quienes los secunden, pase a ser una pesadilla superada con el despertar de la sensatez y el retorno a la normalidad. Y que nuestro país, lejos de incendiarse, reverdezca y, con apego irrenunciable a la legalidad, prospere en paz y armonía.

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