Cargando...
En nuestro comentario editorial del 9 de diciembre de 2007 destacábamos el encuentro sostenido en San Cosme entre el presidente Nicanor Duarte Frutos y la recién electa primera mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para la inauguración de las obras de defensa y canalización del arroyo Aguapey. En la ocasión, ambos mandatarios manifestaron que reimpulsarían la maquinización del brazo Aña Cua, así como el proyecto de Corpus.
Al respecto, comentábamos cuanto sigue: “La construcción de una hidroeléctrica en el brazo Aña Cua –complementaria de Yacyretá– quedó suspendida el año pasado luego de que se descubriera una serie de vergonzosas irregularidades y malversaciones en todo el proceso licitatorio, que derivarían con seguridad en una feroz corrupción. El costo inicial de Aña Cua durante varios años fue de 160 millones de dólares, pero en poco tiempo del actual Gobierno el presupuesto dio ‘un salto’ y alcanzó 420 millones de dólares (…) En la situación actual el daño para el Paraguay es considerable. En las últimas tres décadas Argentina viene acumulando una deuda ilegítima que suma más de US$ 6.000 millones, que la entidad binacional, a través del Preacuerdo Aña Cua y del acuerdo Yacyretá, pretende enjuagar con la venta anticipada a precio irrisorio, durante los próximos 42 años, del 42% de la energía producida en la central. Lo más ofensivo es que las maniobras se estén organizando nuevamente con la participación y complicidad de las mismas autoridades paraguayas, desde el presidente de la República para abajo (…) Esta gran entrega demostrará, una vez más, el servilismo y la corrupción de los gobernantes traidores a la patria que tenemos y a los que hay que expulsar del poder en las próximas elecciones”.
Una década más tarde, este premonitorio retazo de comentario editorial de ABC Color se ha visto plenamente cumplido con el acuerdo firmado recientemente en Ayolas por el presidente Horacio Cartes y su homólogo argentino, Mauricio Macri. La misma película, aunque con los personajes centrales cambiados, a excepción del voluble director paraguayo vendepatria de la entidad binacional, ingeniero Ángel María Recalde. Porque, como decíamos en la ocasión, se concreta el despojo de los recursos naturales paraguayos disponibles en ese rincón del río Paraná.
En la oportunidad, nos preguntábamos también con justificada preocupación “¿Cuáles son las motivaciones que permiten semejante robo de los recursos genuinos de una pequeña nación? Se puede pensar, como primer elemento, la COIMA. El precio real de construcción en Aña Cua se multiplicará por tres para satisfacer a los distintos interesados”.
Obviamente, nuestro vaticinio acerca de la vil entrega de los intereses nacionales en Yacyretá no fue antojadizo, ni privativo de nuestro diario, sino más propiamente de la acertada percepción de la ciudadanía que desde un comienzo ha criticado la codicia de nuestros gobernantes, que a cambio de sobornos han entregado a Argentina y Brasil el manejo de las palancas geopolíticas que, como socio indispensables, nos pertenecen en las usinas hidroeléctricas binacionales y con las cuales debimos de haber equilibrado la repartición de beneficios en ellas devengados.
Para infortunio de nuestro país, transcurrido más de un tercio de siglo desde que el dictador Alfredo Stroessner concertara con nuestros vecinos limítrofes los leoninos tratados para el aprovechamiento conjunto del fabuloso potencial energético del río Paraná, esta es la hora en que ninguno de los corruptos gobernantes que se han sucedido en la conducción de la República ha tenido la capacidad personal y el patriotismo de rescatar esas estratégicas palancas de equilibrio en la administración de las usinas binacionales, pudiendo haber puesto así término a la inicua explotación de la que nuestro país es víctima.
La frustrante ironía es que con cada presidente de la República que elegimos, empeñamos la ilusión de que él al fin podría ser el adalid de la reivindicación de nuestro soberano derecho de igualdad de beneficios en las usinas binacionales. Pero hasta ahora la suerte en tal sentido ha sido desgraciadamente esquiva para nuestro país, y hasta más bien adversa, como lo acontecido con el acuerdo para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá que antes de ayer firmó el presidente Horacio Cartes con su par de Argentina. Lejos de concretar el justo rebalanceo de las utilidades provenientes de la operación de la costosa usina hidroeléctrica binacional, las ha desequilibrado aún más, endeudando astronómicamente al país para exclusivo beneficio de la Argentina, quizá a cambio de jugosa COIMA, tal como la ciudadanía lo sospechaba a través de nuestro diario hace una década.
Ante tan miserable traición a la Patria perpetrada por el presidente Cartes y sus paniaguados en Yacyretá, lo único que le resta al pueblo paraguayo es lanzarse a las calles de ciudades y pueblos exigiendo al Congreso que rechace in limine la nota reversal del acuerdo concertado con el Gobierno argentino y, concomitantemente, instaurarle un juicio político al presidente Horacio Cartes, y destituirlo por su antipatriótico desempeño en sus funciones como jefe de Estado.