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Bajo el rótulo de una “alianza comercial”, el acuerdo sobre la provisión de gas natural, gas licuado de petróleo y otros derivados, que el presidente Cartes está por celebrar con su colega boliviano Evo Morales, sería exactamente el mismo cuya ratificación solicitó al Congreso, en noviembre de 2015, mediante la presentación de un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo insistiría, pues, en el despropósito de ceder el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 20 años y otorgar la comercialización interna a Petropar e YPFB bajo condiciones monopólicas. Como el anterior acuerdo no fue ratificado por los legisladores, ahora se pretende eludir su control mediante un nuevo formato, sin alterar el fondo de la cuestión.
Dada la falta de transparencia con la que se han realizado las negociaciones, se ignora lo que los bolivianos pretenden hacer en Petropar, así como las condiciones en que operarían, pero se puede presumir que instalarán una planta fraccionadora de gas con base en las inversiones ya realizadas por nuestra empresa pública.
No habría ningún inconveniente con que YPFB y Petropar entren en libre competencia, pero surge la desconfianza cuando se trata de dos empresas estatales que figuran entre las más corruptas de sus respectivos países. Es llamativo, por cierto, que las importaciones de gas boliviano, en los últimos meses, hayan sido hechas por Petropar mediante una licitación por la vía de la excepción, con la falsa excusa de la “urgencia impostergable”, exclusivamente para eludir los procedimientos y controles normales de una licitación pública internacional. También en lo que hace a los precios se recurrió a la mentira, pues se habló de 282 dólares por tonelada, pero las facturas hablaban de 356 dólares, mientras que las recientes adquisiciones terminaron costando unos 454 dólares por tonelada. Lo cierto es que, hasta hoy, no se ha obtenido ninguna ventaja importando gas de Bolivia, pese al discurso populista de nuestro Gobierno, que quiere convertir a los combustibles en un arma electoralista.
En junio último, tras visitar el Paraguay casi a escondidas y entrar en oscuras negociaciones con el entonces flamante presidente de Petropar Eddie Jara, el titular de YPFB, Guillermo Achá, contestó una publicación de ABC Color mediante un comunicado que sacó a luz la riesgosa operación que el Gobierno paraguayo estaba encarando con el boliviano de la mano de la empresa estatal boliviana. En efecto, confirmó que, de la mano de la empresa estatal boliviana, Petropar monopolizará la venta de gas licuado de petróleo en nuestro país, en abierta violación de la Constitución. Achá indicó también que YPFB tiene contratos con nuestros distribuidores privados de gas licuado de petróleo “hasta que Paraguay, según la planificación del Gobierno paraguayo, pueda asumir la distribución de ese energético”. Nada más contundente para demostrar que el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, mintió cuando negó la veracidad de las reiteradas denuncias al respecto. El gobierno del presidente Horacio Cartes pretende replicar en el rubro gas lo que está haciendo con los combustibles líquidos (nafta y gasoil comunes) con el fin de mantener un monopolio parcial a favor de la corrupta Petropar, ignorando la Carta Magna.
Para peor, se pretende ligarnos a un solo proveedor –YPFB–, cuya seriedad puede ponerse en duda, pues modifica unilateralmente los contratos que suscribe, tal como lo demostró el hecho de que haya aumentado, bajo el nombre de “ampliación”, el precio pactado con el sector privado paraguayo.
En su comunicado, Achá no solo confirmó el monopolio a favor de Petropar, sino que también aseguró que ya se está trabajando en el cronograma para iniciar de inmediato levantamientos topográficos en cuatro ciudades del Paraguay, para la construcción de redes de gas domiciliario y la provisión de gas natural desde Bolivia. Irónicamente, las ciudades en donde se planifican estos “proyectos” ni siquiera poseen redes cloacales.
No se dijo quién financiaría estos proyectos. Luego de afirmar que lo ignoraba, el presidente de Petropar sostuvo que las inversiones correrían a cargo de Bolivia. Alertamos entonces que esta turbia cuestión del gas podría convertirse en un caso similar al de la deuda con PDVSA, en el que se esfumaron US$ 300 millones, en un combustible pagado al contado por el pueblo. Todo indica, pues, que la “alianza comercial” entre los dos gobiernos será tan nociva para el interés nacional como lo fue aquel “acuerdo marco” que el Congreso tuvo el tino de no avalar, porque, entre otras cosas, implicaba la entrega de la soberanía energética a un país vecino y la concesión de un monopolio inconstitucional a favor de la corrupta Petropar. Si ahora se busca puentear la aprobación parlamentaria es porque el nuevo contubernio tiene las mismas características que el anterior.
Es preciso, pues, que los legisladores paraguayos patriotas exijan que el documento de marras sea sometido a su examen, conforme al art. 202, inc. 9 de la Constitución, pues lo que el gobierno de Horacio Cartes pretende hacer es entregar el funcionamiento de una buena parte de la economía nacional al capricho de un gobierno extranjero.