El abogado José Enrique García, ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, fue electo recientemente contralor general de la República. Todo indica que, cuando ejercía el primer cargo mencionado, incurrió al menos en una negligencia culposa, que puso a la Comuna en estado de indefensión, al no apelar oportunamente el laudo arbitral que la obliga a indemnizar con 18.975.014.366 guaraníes a la empresa Ivesur, encargada de la verificación de vehículos. La asesora jurídica interina de la Municipalidad, Emilia Yugovich, afirma que el recurso de nulidad parcial fue presentado a tiempo, el 6 de octubre de 2016, en la Mesa de Entrada de la Cámara de Apelaciones, Primera Sala. Sin embargo, el cargo puesto al pie del escrito no lleva el sello ni la firma de la actuaria Viviana Cabrera, quien informó a sus superiores que en dicha instancia no se recibió el pedido de nulidad, lo que hace suponer que la firma obrante al pie del escrito es un simple garabato y que el sello de la Cámara fue usado en forma indebida. Es más, en virtud de una Acordada de la Corte Suprema de Justicia, que el abogado García no podía ignorar, el escrito debió haber sido entregado en la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y del Tribunal de Cuentas de la Capital. La coordinadora de esta última Mesa, Martha Machuca, informó que la Municipalidad no realizó ninguna presentación contra el laudo arbitral, y denunció que intentaron sobornar con 20 millones de guaraníes a sus funcionarios para antedatar el documento, para que pareciera como que fue entregado en tiempo oportuno.
O sea que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción trató de jugar a dos puntas, incursionando en ambos casos en el Código Penal y exigiendo así la intervención de oficio del Ministerio Público, que ya se está haciendo esperar. Se podría incluso presumir que entre los abogados de Ivesur y de la Municipalidad hubo la colusión habitual de los juicios en los que una entidad pública resulta “vencida” a propósito por culpa de la deshonestidad de sus representantes legales, que luego reciben una porción de la suma cobrada por la parte “vencedora”, una infame práctica utilizada para desangrar a las arcas del Estado.
Lo referido ya basta para concluir que el daño patrimonial causado a la Municipalidad, así como la aparente comisión de los delitos de falsificación de firma y de intento de cohecho activo, presuntamente cometidos por funcionarios que estaban a su cargo, le privan al contralor general de la República de toda autoridad moral para auditar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades.
En verdad, el flamante contralor general García debería tener la decencia de renunciar al cargo para el que fue nombrado gracias a una componenda entre los diputados colorados “cartistas” de la ANR y los de la concertación Avanza País, cuyas filas integra, al igual que el jefe comunal capitalino, Mario Ferreiro. Es deplorable que los vecinos de Asunción, quienes habían confiado en que la nueva administración municipal fuera mucho más honesta y eficiente que la anterior, hayan sido tan vilmente defraudados. El intendente Ferreiro sigue defendiendo a ultranza a su “correligionario”, pese a las comprometedoras evidencias publicadas, comportándose como cualquier intendente de los partidos tradicionales que tratan de justificar “a priori” las posibles fechorías de sus subordinados. Este nauseabundo asunto revela que en la administración comunal solo ha habido una alternancia de nombres y equipos, pero no un cambio de la vieja mentalidad politiquera tradicional.
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El concejal Orlando Fiorotto (ANR) sostiene que está en juego la transparencia de la administración. El problema es que si ella admitiera que el recurso de nulidad no fue presentado como corresponde, no solo estaría inculpando al ex asesor jurídico, sino también admitiendo implícitamente que se falsificó una firma y que sus funcionarios trataron de sobornar. Si la Justicia entendiera que en este caso hay responsabilidades penales y civiles que atribuir, el intendente municipal tendría que cargar con la responsabilidad política. Eso de que la Comuna no pagará ni un centavo a Ivesur, según el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Max Rejalaga, no pasa de ser una bravuconada, que tarde o temprano puede costar aún más dinero a los contribuyentes de Asunción.
Quien tiene la función constitucional de velar por la buena gestión de los fondos en la Administración Pública no puede estar indiciado de haber actuado negligente o dolosamente en perjuicio de los contribuyentes. El intendente Ferreiro, por su parte, haría bien en no seguir poniendo las manos en el fuego por su ex asesor jurídico hasta que se aclare su sospechosa actuación. Más bien, debería esforzarse por vigilar el comportamiento de quienes ocupan cargos de confianza, pues su nombramiento es de exclusiva responsabilidad suya.
La práctica del infame “cuoteo” no es excusa para liberar al intendente de la responsabilidad política que le corresponde ni disculparlo ante la ciudadanía, que creyó ver en él a una persona que daría lustre a la administración municipal por su idoneidad y su honestidad. Demasiados recursos que pertenecen al pueblo ya se han escurrido por la sucia alcantarilla de la corrupción, por lo que los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar públicamente que se aclare este fétido asunto.