En los últimos días, y en un lapso de 24 horas, el grupo criminal insurgente EPP perpetró dos nuevos golpes de mano en la localidad de Tacuatí, en el departamento de San Pedro. El primero de ellos tuvo lugar en la madrugada del domingo 1 de octubre, en la colonia menonita “Santa Clara’i”, a solo tres kilómetros y medio del casco urbano, donde los ilegales incendiaron dos tractores agrícolas y una máquina fumigadora y dejaron panfletos con amenazas. El segundo se dio en el predio del asentamiento “Tacuatí Poty”, a siete kilómetros del sitio del primer ataque, donde quemaron tres tractores agrícolas pertenecientes a una empresa privada contratada por el Gobierno para realizar tareas de preparación de suelos en beneficio de agricultores pobres de la zona, dentro del programa de asistencia “Sembrando oportunidades”.
Lo que en estos sucesos llamó la atención no fue tanto la habitual inútil concurrencia tardía de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a los sitios asaltados por la gavilla criminal, sino la tácita admisión de su vocero, teniente coronel Víctor Urdapilleta, de que la guerra contra los insurgentes es una causa perdida para el Gobierno. “El problema que tenemos es que la gente no quiere colaborar”, dijo, tratando de justificar el fracaso de la fuerza a su cargo para dar con el paradero de las cinco personas mantenidas en cautiverio por los insurgentes.
Esta suerte de vergonzosa capitulación de los representantes de las Fuerzas Armadas ha llevado también a que los pacíficos y laboriosos menonitas “tiren la toalla” y se pongan a merced del EPP, convencidos, evidentemente, de que nada pueden esperar de la costosa fuerza que se ha desplegado en el norte para dar seguridad a la población, con desastrosos resultados.
El concepto fundamental de la doctrina militar convencional para la lucha contra grupos marginales que operan como terroristas dentro de una zona poblada es privar a los insurgentes del apoyo popular. En tal sentido, desde un principio nuestro diario ha sostenido que la FTC, antes que nada, debía empeñarse en ganar la confianza y el afecto de la población en su campo de operaciones, procurando ser vista como una fuerza de amparo ante la inseguridad antes que como una de “ocupación” militar. Lamentablemente, por falta de unidad de mando y una adecuada estrategia político-militar al más alto nivel de conducción, desde un comienzo su desempeño operacional fue el equivocado.
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A estar por recurrentes denuncias de pobladores, algunas autoridades locales y activistas de derechos humanos, en los cuatro años y medio de despliegue operacional, durante este Gobierno, los integrantes de la FTC han protagonizado actos de intimidación, abusos y prepotencia contra la población civil, irrumpiendo en vecindarios y asentamientos y golpeando puertas en las madrugadas guiados por falsos informes de inteligencia, con lo que gradualmente fueron perdiendo la confianza de los habitantes, con el resultado de que hoy se ven finalmente obligados a admitir que la gente se niega a colaborar con ellos.
Por confesión de parte, la opinión pública nacional tiene hoy la ratificación de su inquietud en cuanto a la falta de eficacia del desempeño operacional de la FTC en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.
Por otra parte, la falta de resultados operativos para al menos reducir la creciente agresividad de la banda criminal es una confirmación de que la estrategia que el presidente Cartes ha diseñado para que los grupos criminales no le marquen la hoja de ruta a su Gobierno es una aventura, en el sentido crítico de la palabra. Para la ciudadanía, ya no cabe duda de que la misma fue lanzada equivocadamente, con un plan de operaciones tácticamente defectuoso, y con otro peor en cuanto a conformar un comando híbrido militar-policial, sin correspondencia con las misiones institucionales y profesionales específicas de una y otra fuerza pública.
Una estrategia correctamente formulada conduce a las tácticas o modalidades de combate que han de emplearse para lograr el objetivo. Una estrategia confusa como la que viene empleando la FTC desde su creación puede ser tan letal como la acción del enemigo. Esta verdad quedó trágicamente comprobada cuando hace algún tiempo una incauta patrulla de siete suboficiales y sargentos comandada por un subteniente fue aniquilada por el EPP en una emboscada tendida en la localidad de Arroyito, distrito de Horqueta.
Si para algunos las consideraciones precedentes no fueran suficientes para calificar la política de seguridad pública del Gobierno como un rotundo fracaso, basta tener en cuenta que el primer principio de lucha contra grupos criminales insurgentes es proporcionar seguridad a la población del lugar. Esto no lo ha conseguido la FTC. Más bien, parecería que para los militares y policías que la componen, “proteger a la población” es una linda frase para una calcomanía de parabrisas de automóvil, antes que una tarea a llevar a la práctica en las atribuladas comunidades de su zona de responsabilidad institucional.
Las palabras de virtual capitulación del jefe militar, como el forzoso sometimiento de los menonitas a las leyes de los insurgentes en un intento desesperado por recuperar a sus seres queridos, constituyen un feo baldón para el gobierno del presidente Cartes. Si no revierte la situación, la gente le recordará que el grupo armado “le marcó la hoja de ruta”, cuando intente formalmente volver al poder, como es su intención.