El año pasado, la Justicia Electoral despilfarró 21.541 millones de guaraníes para abonar los viáticos de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, así como de sus choferes, auxiliares y allegados, por haber realizado un promedio mensual de 1.800 supuestos “viajes de trabajo” al interior y al exterior del país, de cara a los comicios municipales de octubre. En noviembre último, el Ministerio de Hacienda resolvió privar de 600 millones de guaraníes mensuales a 19 escuelas agrícolas católicas, lo que implicará que se abandone la formación de más de mil jóvenes, porque los docentes se quedarían sin sueldo: “Dicen que con la agricultura se puede combatir la pobreza; sin embargo, se les negará estudiar a los jóvenes”, señaló con todo acierto el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela.
Sería fácil multiplicar los ejemplos de injusticia e irracionalidad en el gasto público, pero el planteado es suficiente para indignar a cualquiera: en la bien dotada Justicia Electoral se robó a mansalva, sin que ningún organismo estatal pusiera fin al latrocinio; las escuelas agrícolas gestionaron con honradez los modestos aportes estatales, pero fueron castigadas ministerialmente, hasta el punto de que se verían forzadas a cerrar sus puertas.
Para tener una idea de las desproporciones, Ana María Arellano –secretaria de María Elena Wapenka– cobró en concepto de viático 92.433.500 guaraníes, lo que equivale al 15,4% de la suma mensual recibida por las escuelas agrícolas afectadas, entre las que se cuentan la “Carlos Pfannl”, que forma a 300 técnicos oriundos de Caaguazú y Alto Paraná, y la “Monseñor Alejo Ovelar”, a la que acuden 130 educandos del Alto Paraguay.
De esta aberrante situación son directamente responsables los legisladores que sancionan la Ley del Presupuesto General. Es de pública notoriedad que son muy generosos con la Justicia Electoral, porque sus operadores políticos zánganos se mantienen con los salarios y los viáticos que ella abona. Esa entidad se ha distinguido siempre por la corrupción desenfrenada, pero sigue obteniendo una buena tajada del presupuesto, en detrimento de otras entidades –públicas y privadas– que trabajan con mayor honestidad. Pero por lo visto, a los diputados y senadores que provienen de aquellos departamentos y que deberían ser los más interesados en que los jóvenes de esas regiones sean instruidos debidamente para que cultiven mejor la tierra y, en consecuencia, lleguen a tener un nivel de vida más elevado que el de sus padres, todo eso les importa un bledo. Ninguno de ellos ha protestado contra la arbitraria medida, que provocará la clausura de unas instituciones de enseñanza tan necesarias para el desarrollo rural. No les perturba que tantos jóvenes vean frustradas sus expectativas de progreso personal ni que el país pierda a unos agricultores bien entrenados, capaces de difundir entre los campesinos las habilidades adquiridas.
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En efecto, los perjudicados no serán solo los estudiantes, sino también todos aquellos que más tarde podrían aprender de ellos métodos modernos de producción. El país saldrá perdiendo porque se decide ahorrar en educación antes que combatir la corrupción y el derroche. Vale la pena nombrar a esos legisladores tan insensibles: los colorados Silvio y Eber Ovelar, Mario Soto, Miguel Ángel del Puerto, Andrés Retamozo, Blanca de Caballero, Concepción Quintana, Elio Cabral, Ramón Romero y José Adorno, así como los liberales Celso Kennedy, Enrique Buzarquis, Esmérita de Da Silva, Carlos Portillo, Víctor González, Zulma Gómez y Enzo Cardozo.
Ciertamente, es el Ministerio de Hacienda el órgano que, en el marco de su plan financiero y atendiendo los recursos disponibles, recorta los fondos presupuestados. Pero como teme indisponerse con los legisladores si cierra la canilla que chorrea en la Justicia Electoral, prefiere disminuir o eliminar lo asignado a aquellas instituciones que no cuentan con padrinos poderosos, como es el caso de las humildes escuelas agrícolas.
Todo indica que para el Poder Ejecutivo es prioritario no malquistarse con el Legislativo; por lo tanto, el aumento de la productividad agrícola, gracias a la formación de los campesinos, puede postergarse. Si los diputados y senadores siguen privilegiando a la clientela política y el presidente Horacio Cartes no se anima a poner coto a tanta desvergüenza, los más necesitados, entre los que figuran en primer lugar los agricultores compatriotas, seguirán sumidos en la pobreza. Pese a todo, cabe exigir, en nombre de la sensatez y de la justicia, que el Ministerio de Hacienda revea cuanto antes la indignante decisión tomada en tan mala hora.