Además de sus funciones habituales, las dos Cámaras del Congreso integran comisiones asesoras permanentes para que emitan dictámenes a ser considerados en las plenarias, y designan representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La experiencia enseña que estas últimas funciones son ejercidas de un modo vergonzoso.
En lo que a los mencionados organismos se refiere, basta con recordar que el hoy “parlasuriano” liberal Enzo Cardozo fue elegido en su oportunidad por el Senado como miembro del CM estando procesado por dos graves delitos de lesión de confianza, y que el JEM llegó a estar presidido e integrado, respectivamente, por los exsenadores Óscar González Daher, colorado, y Jorge Oviedo Matto, Unace, cuyos antecedentes ya eran deplorables antes de ser imputados por la comisión de diversos delitos.
En la misma línea de ignorar la calidad moral de las personas parece inscribirse la reciente designación del diputado liberal Manuel Trinidad como representante suplente de la Cámara Baja en el JEM, en reemplazo del colorado Ulises Quintana, actualmente detenido. Siendo agente fiscal y luego juez en el Alto Paraná, Trinidad fue denunciado más de una vez ante el mismísimo órgano que ahora va a integrar, sin que fuera procesado debido a la supuesta protección del otrora influyente González Daher. Cuando al fin terminó el “cajoneo”, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco habrían abogado por quien terminó renunciando en 2014 a la judicatura porque, según afirmó, “en el Poder Judicial ya no había independencia por la injerencia de políticos y de otros órganos extrapoder”.
En los últimos días, Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná, formuló gravísimas acusaciones contra el diputado Trinidad, afirmando que había sido un “capomafioso” que, aparte de favorecer a narcotraficantes, liberar cargamentos incautados y “arreglar” procesos, cometía “asaltos” en las rutas, junto con policías, para retener contenedores y cobrar por cada liberación. Ante tales tremendas inculpaciones, cabe que el Ministerio Público cite al referido abogado para prestar declaración testifical, o que el nuevo legislador querelle por calumnia al referido abogado, si es que se cree honorable. Pero parece que sigue en plena vigencia aquello de que en nuestro país “nadie pierde ni gana reputación”. Sin embargo, aquí están en juego tanto el buen nombre del legislador como el interés general de que la Cámara Baja y el Jurado no sigan siendo enlodados por quienes, a primera vista, parecen tener pelaje de delincuentes. Algo así no debe terminar en el “oparei” de siempre, como aquel discurso del hoy senador colorado Javier Zacarías Irún en el que tildó a Horacio Cartes de narcotraficante.
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Dicho lo cual y atendiendo que las anteriores denuncias contra el hoy diputado fueron publicadas en la prensa, sus colegas tendrían que haberlo puesto bajo la lupa antes de confiarle una representación, aunque sea como suplente. Quien podría tener a su cargo juzgar a magistrados y a agentes fiscales debe estar más allá de toda sospecha. El llamativo hecho de que esta vez se haya obviado el “cuoteo”, que exigía sustituir a Quintana por un correligionario suyo, sería atribuible a la intervención del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, compadre de Trinidad y exagente fiscal en Ciudad del Este.
El novato diputado encabeza además la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, lo que plantea la cuestión de la mínima experiencia que se debería tener para presidir un órgano encargado de dictaminar sobre los proyectos de ley. Tampoco la tiene su colega Marlene Ocampos, investigada por el Ministerio Público por malversaciones en la Gobernación del Alto Paraguay, que dirige la Comisión de Pueblos Indígenas. Quintana, hoy recluido y con permiso, presidía la importante comisión de Asuntos Constitucionales, lo que le permitió desconvocar una sesión de la misma en la que se iba a tratar el pedido de su propio desafuero.
Debe aclararse, sin embargo, que la experiencia no basta, en absoluto, para que un legislador tenga la calificación suficiente: el contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas lidera la Comisión de Industria y Comercio, y el imputado por delitos varios Carlos Portillo, la de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco en la anterior legislatura ha demostrado la Cámara Baja tener mucho tino a la hora de encomendar a uno de sus miembros la presidencia de una comisión. Por ejemplo, Bernardo Villalba, acusado en un informe emitido en el seno del Senado de tener lazos con el narcotráfico, estuvo al frente de la Comisión de Legislación y Codificación y, más aún, ¡llegó a integrar, en nombre de sus pares, nada menos que la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia!
La Cámara de Diputados tiene 80 miembros, pero, según parece, a la hora de elegir representantes se prefiere mirar el prontuario antes que el currículum.
De hecho, estas detestables selecciones de miembros de comisiones y de representantes ante organismos externos resultan de negociaciones en las que intervienen la Mesa Directiva y los líderes de las múltiples bancadas, quienes se encargan de distribuir los “zoquetes” sin tener en cuenta los atributos de quienes habrán de recibirlos. La cuestión es ocupar un espacio de poder como resultado del “cuoteo”. Es por eso que quienes son electos como representantes ante organismos externos o para liderar una comisión asesora suelen dar vergüenza ajena, por su pobreza moral e intelectual.
De ser ciertos los hechos denunciados con respecto al diputado Trinidad, solo se habrá confirmado que en el Congreso la trayectoria personal es lo de menos y que los órganos constitucionales pueden ser ocupados por cualquiera que cuente con el respaldo político suficiente. Por eso, los ciudadanos y las ciudadanas no deben cejar en su empeño de que el Poder Legislativo sea fumigado contra las alimañas que allí hicieron su guarida y deje de ser botín de sinvergüenzas.