Desde que el actual senador Víctor Bogado (ANR) apareció en el escenario de la administración pública como funcionario de la antigua Antelco, actual Copaco, destacó su astucia política principalmente en el área del sindicalismo de tipo seccionalero, donde ganó credenciales políticas rápidamente. Fue presidente de la Asociación de Funcionarios, Empleados y Obreros de Telecomunicaciones (1994-1999), trampolín desde el cual saltó a miembro del Consejo de la Antelco (1998) y a presidente de la Antelco al año siguiente, prosiguiendo con su presidencia cuando la entidad cambió su nombre a Conatel (2000-2002). Cierta vez, sus partidarios le defendieron diciendo que es un hombre que “da trabajo a la gente”. Les faltó aclarar que lo que hacía es practicar un feroz clientelismo, ubicando a sus partidarios en cargos pagados por los contribuyentes.
Los bienes atribuidos al senador de marras, ya sea que estén a su propio nombre o que se sospeche están a nombre de testaferros, son numerosos. Su patrimonio personal comenzó a crecer tan desmesuradamente que, en poco tiempo, su meteórico enriquecimiento comenzó a despertar la atención del Ministerio Público, lo que, como ahora se sabe, le obligó a enajenar unos quince inmuebles, varios de ellos de gran valor. En efecto, esos inmuebles fueron siendo sucesivamente transferidos a terceros, con la obvia finalidad de la simulación. En el año 2006, una fiscalía inició proceso formal de investigación contra él, pero recibió el blindaje de sus colegas de entonces en la Cámara de Diputados, que se negaron a desaforarle para ser sometido a proceso. Esta decisión lo salvó de la prosecución del procedimiento judicial en el que hubiera tenido que demostrar cómo fue posible levantar su imperio patrimonial con la simple remuneración de funcionario, ya que nunca tuvo actividad económica fuera de la política.
Sin embargo, este episodio no fue más que un prolegómeno de lo que se vería más adelante. Demostrando una gran generosidad con sus colegas, repartiéndoles prebendas tales como viajes, viáticos, nombramientos, resarcimientos especiales y otros favores marginales, Víctor Bogado logró hacerse grato a las mayorías y llegar a mantenerse en la presidencia de la Cámara de Diputados durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Bajo el período de Horacio Cartes, ya como senador, comenzó siendo preferido para el cargo de vicepresidente segundo de esa Cámara, que ejerció hasta el año siguiente. Tiene gran habilidad para escalar, ya que ahora, pese a que su diploma es de técnico en radiofonía, preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales del Senado.
Su problema principal con la ley, el Estado y la sociedad comenzó cuando se le investigó por la comisión de varios presuntos delitos. Desde 2013, Víctor Bogado está imputado judicialmente por cobro indebido de honorarios, en calidad de cómplice, estafa y tráfico de influencias, por el publicitado caso de “la niñera de oro”. En este asunto, se le atribuye el nombramiento como funcionaria de la Cámara de Diputados –que él dirigía en la época– de Gabriela Quintana, la niñera de sus hijas, abonándosele, a expensas del presupuesto, naturalmente, un salario de 15 millones de guaraníes mensuales. Ese mismo año solicitó y obtuvo del entonces director paraguayo de Itaipú, Franklin Boccia, el nombramiento de la citada mujer como funcionaria de la entidad binacional, con un salario de ocho millones de guaraníes mensuales. De esta suerte, la afortunada funcionaria pasaba a disponer, al mismo tiempo, de dos cargos públicos, en abierta violación del Art. 105 de la Constitución: “Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”.
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Al parecer, la exitosa experiencia con su niñera motivó a Bogado a proseguir con la misma táctica en otras ocasiones. En 2016 se descubrió el caso de Cinthia Centurión Amarilla, quien figuraba cobrando 2.300.000 guaraníes de remuneración mensual en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en calidad de comisionada en el Registro Electoral de Lambaré, cuando, en realidad, era empleada particular de la exesposa –Guadalupe Aveiro– e hijas de Bogado.
Poco después se sumó otro caso similar: Miguel Ángel Carballo, un mecánico de automotores que es amigo personal del senador –pese a que este quiere negarlo– y, según todas las apariencias, también testaferro –el “mecánico de oro”–, quien figuraba en la Cámara de Diputados nada menos que con cargo y sueldo de asesor, al tiempo en que aparecía también con un salario en la Municipalidad de Asunción. Se demostró que Carballo era propietario de un negocio de unos 1.900.000.000 de guaraníes y, además, tenía el dominio sobre un miniloft en el barrio del Yacht y Golf Club, de Lambaré, con un valor estimado de 450.000.000 de guaraníes.
Esta es la parte que el astuto senador colorado Víctor Bogado no pudo esconder. Pese a todo este negro historial y soportar procesos judiciales, continúa gozando de influencia entre sus pares, al punto de que en este mismo momento se encuentra en Taiwán, integrando una delegación de senadores que visita ese país. Está visto que en la política paraguaya nadie pierde ni gana reputación, seguramente porque una gran mayoría está constituida por “chanchos del mismo chiquero”.
Se habla incluso de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estaría acomodando las piezas para emitir un fallo que salvará del proceso a la “niñera de oro” y, de rebote, al mismo averiado senador.
No importan los cambios de Gobierno, pues el contubernio de los políticos con fiscales, jueces y magistrados evidentemente continúa incólume. Los ciudadanos y las ciudadanas deben continuar con sus manifestaciones públicas –los escraches– en contra de esta ecuación maligna que sigue sometiendo a nuestro país a sus oscuros designios.