Es alarmante la manera en que el dinero público no solo se roba, sino también se derrocha para comprar por algún tiempo la “paz social” o mantener satisfecha a la clientela política. Y como al final no alcanza para estar al día con ineludibles compromisos financieros, se compromete a las futuras generaciones para tapar los agujeros abiertos hoy por culpa de la corrupción y de la irresponsabilidad. Todo el mundo se cree con derecho a darles un tarascón a los fondos públicos, como si cayeran del cielo y no salieran del bolsillo de los contribuyentes.
Dado que es muy fácil ser generoso con el dinero ajeno, los que mandan suelen conceder los recursos reclamados sin mayores dificultades. Aún más, se muestran muy dispuestos a satisfacer todo tipo de exigencias porque creen que su populismo rampante será retribuido con los votos que les permitan seguir apoltronados en el Palacio de López o en el Legislativo.
En esta larga cadena de despilfarros, se otorgan pensiones graciables a los amigos y correligionarios de los legisladores y se entregan subsidios a los transportistas de la Gran Asunción, a los productores de sésamo o a los pescadores durante la veda. También se conceden “gratificaciones” o aguinaldos adicionales a los funcionarios, y es de temer que ahora se satisfaga el pedido de la Dirección Nacional de Aduanas de que los suyos reciban incluso el 50% de las multas aplicadas a los infractores, como si los funcionarios ya no cobraran un salario justamente para cumplir con sus obligaciones.
Hay otras mil maneras que utilizan las autoridades para ganar la adhesión de la clientela. Por ejemplo, el Estado reestructura deudas de agricultores movilizados por dirigentes políticos de izquierda, a los que entrega víveres, insumos y equipos, pero también asume las deudas contraídas por una azucarera con sus proveedores y financia proyectos fantasmas de organizaciones no gubernamentales (ONG), creadas al solo efecto de recibir fondos públicos, lo que desmiente su carácter de “no gubernamental”. Desde luego, también la casta política participa en el festín, y así consigue que sus partidos reciban multimillonarios subsidios y aportes electorales, aunque no tengan forma de justificar sus gastos.
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Como no hay consecuencia alguna para los responsables de tanto despilfarro, el carnaval continúa sin pausa. El patético asunto de la quebrada Azucarera Iturbe SA, que en 2013 recibió nada menos que 15.000 millones de guaraníes, es muy instructivo en materia de despilfarro. En su momento, sostuvimos que el “salvataje” corría a cargo del “ciudadano que vive del fruto de su trabajo, sin recibir socorro gubernativo cuando algún negocio le va mal”, y que la socialización de las pérdidas sentaría un pésimo precedente. El procurador general de la República, Roberto Moreno, reconoció últimamente que el Estado perdió toda la suma entregada. En el editorial del 17 de setiembre de 2015 dijimos que “del daño que sufra el erario deberán responder el Presidente de la República, el ministro de Industria y Comercio y cada uno de los legisladores que dieron el visto bueno para una operación a todas luces insensata, que estaba condenada al fracaso”. Nuestra exhortación cayó en el saco roto del clientelismo.
Estos pocos casos –de los muchos más que existen– muestran con cuánta ligereza se maneja el dinero público para tratar de obtener réditos políticos a costa de Juan Pueblo. En efecto, se buscaba el apoyo de los cañeros que no habían podido cobrar a una empresa irresponsable que ni siquiera aportaba al IPS –lo cual ya hubiera sido suficiente para invalidar la operación–, sin que importara en absoluto el daño patrimonial que iba a sufrir el Estado.
También el caso de las ONG, no por reiterado menos escandaloso, resulta muy revelador: algunas aparecen en la Ley del Presupuesto General de la Nación y otras son digitadas por los burócratas, pero coinciden en que sus mentores están ocultos detrás del poder político, lo que les permite acceder a fondos públicos para ejecutar supuestos proyectos de interés general. Mediante este mecanismo se incurre en un grosero dispendio e incluso se fraguan verdaderos negociados –como el caso de los pozos del Indert– que se fundan en el compadrazgo o en el deseo de mantener en calma a ciertos agitadores. Vale la pena recordar también que, en 2011, cuatro entidades, entre las que figura la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), recibieron del Indert más de 4.077 millones de guaraníes en total. Ese dinero, que debía ser empleado en proyectos de agricultura y de “miniindustria”, habría terminado en las arcas de diez dirigentes, que fueron imputados recientemente por el delito de lesión de confianza, junto a doce funcionarios del Indert.
Es probable que las medidas populistas se multipliquen de cara a las próximas elecciones generales, esperando que la ciudadanía ignore que ellas implican desatender los intereses de quienes no están organizados, como los contribuyentes. Nada sale gratis, así que los subsidios, las “gratificaciones”, las pensiones graciables, las condonaciones o las operaciones financieras de rescate constituyen verdaderos asaltos a los bolsillos de los ciudadanos que pagan sus impuestos, y cuya amortización ya recaerá sobre sus hijos y nietos.
Felizmente, la población está reaccionando, pues su repudio a la ampliación presupuestaria de más de 12.000 millones de guaraníes dispuesta por la Cámara Baja para abonar a los funcionarios del Poder Legislativo un tercer aguinaldo hizo que los diputados se arrepintieran, primero, y que luego el Poder Ejecutivo haya prohibido que sus organismos hicieran nuevos desembolsos en tal concepto, después. Como se ve, los ciudadanos y las ciudadanas deben salir a las calles a exigir que se cierren las canillas por las que los altos funcionarios y políticos hacen “vito” con el dinero que les sacan del bolsillo.